El ímprobo esfuerzo para cambiar una economía desde el Gobierno
En 2003 los socialistas llegaron, por primera vez, al Gobierno de Cantabria y con ellos entraba una nueva forma de hacer política. Más social y también más confiada en la capacidad de la Administración pública para orientar la economía. Muchas buenas intenciones que no siempre han tenido éxito, como ocurrió con GFB, la Fundación Comercio Cantabria, la Cátedra Cantabria en Sanghai o Lactiber, en parte como consecuencia de la crisis económica que ha quitado lustre a su segundo mandato.
El consejero de Economía, Angel Agudo tiene razón cuando insiste en que, desde el primer día, el Gobierno en el que participa detectó la necesidad de cambiar el modelo productivo de Cantabria y evolucionar hacia motores más consistentes que el boom de la vivienda. Lo ha intentado con insistencia, pero los resultados no siempre son alentadores. También es cierto que eso no hizo que el Gobierno retirase el pie del acelerador de la construcción. Todo lo contrario: ante la incapacidad de los ayuntamientos de poner suficiente suelo en el mercado, él mismo trató de propiciarlo en proyectos públicos con un método rápido y de gestión directa, los PSIR, que había introducido el PP en la legislación, aunque no llegó a usarlos.
El resultado fue que, a pesar de la ostentosa apuesta por la nueva economía, la construcción siguió ganando peso en el PIB regional. La principal inversión de ciudadanos y empresas, con mucha diferencia, estaba vinculada a los inmuebles y los resultados de la innovación más tangibles siguen siendo inmobiliarios: los edificios del Parque Tecnológico.
Ningún Gobierno había llegado con tanta ambición y ha dispuesto de tantos medios pero ha resultado más fácil resolver la carencia de infraestructuras, donde ha dejado resueltos casi todos los déficits históricos, que reorientar la actividad privada. Las carreteras prácticamente se han concluido, el abastecimiento de agua ya está garantizado en todos los pueblos y en cualquier época del año; hay un equipamiento hospitalario muy superior al existente. También se ha producido un logro social de enorme calado, el sistema de ayuda a los dependientes que completa el estado del bienestar. En cambio, no ha sido posible torcer el camino de una economía demasiado tradicional como para garantizar una carrera profesional a las promociones de licenciados e ingenieros que salen de la Universidad de Cantabria.
Apostar por todo
El presidente regional, Miguel Angel Revilla, todavía presumía hace unos pocos años de vivir en la región donde se daba el equilibrio perfecto entre ganadería, industria y servicios, casi por tercios. Hoy nadie podría abrazarse a ese patrón, aunque la posibilidad de tener un poco de todo ha demostrado utilidad en las crisis, cuando es conveniente tener los riesgos repartidos.
Aún sin reconocerlo, el Gobierno regionalista-socialista ha seguido apostado por todo, porque el coste electoral de abandonar a cualquier sector –por pocas expectativas de futuro que tenga– resulta inasumible. No obstante, la batalla está definitivamente perdida para la ganadería y la pesca, cuya participación en el PIB se hunde, por muchas inversiones que se hayan realizado en la construcción de puertos pesqueros –nada menos que siete–, en la renovación de la flota y en el carísimo e inacabable saneamiento ganadero.
Pero el auténtico empeño del Gobierno ha estado en hacer competitivo el comercio tradicional, conseguir la internacionalización de las empresas cántabras y vincularlas a las energías renovables.
La obsesión por la modernidad hizo que hasta cuatro consejerías distintas financiasen cursos para aprender a navegar por Internet, algo que ahora parece al alcance intuitivo de cualquiera que tenga un ordenador. Es posible que eso haya tenido algún efecto sobre el comercio electrónico, pero es mucho más probable que sea para convertir en compradores a los alfabetizados en nuevas tecnologías que para hacerlos vendedores, y eso no aporta demasiado al PIB regional.
Que nadie piense que el Gobierno ha tratado de perjudicar al comercio tradicional, porque se ha empeñado ardorosamente en todo lo contrario, en cambiar una tendencia irrefrenable hacia su desaparición. El problema es que tanto ardor ha dado muy poco resultado. Después de crear una Fundación del Comercio Cantabria, y varias campañas de promoción, los efectos prácticos para cambiar esa tendencia son nulos. Ni los nueve millones de euros que se gastó la Fundación en la primera tacada ni las devoluciones por la compra de muebles que debían aplicarse luego sobre otras compras han movido un ápice la tendencia general hacia el cierre de comercios locales para ser sustituidos por grandes cadenas o franquicias y la liberalización de los asentamientos de medianas superficies va a colaborar en ese proceso.
Empresas viajeras
La iniciativa más ambiciosa, en cualquier caso, ha sido la pretensión de internacionalizar la empresa cántabra que puso en marcha Miguel Angel Pesquera. Los reiterados viajes de empresarios a China han servido para descubrirles un mundo nuevo y van a tener la innegable utilidad de que nuestras empresas empiecen a sentirse parte de un mercado global, pero no ha servido para extender sus mercados al Extremo Oriente o, en su defecto, a producir allí para mantener la competitividad. Han sido pocas las instaladas y algunas de ellas acabaron por renunciar a la aventura, ante las complicaciones que comporta enfrentarse a un mercado tan inmenso y complejo. La propia Cátedra Cantabria que el Gobierno abrió en Sanghai y que representaba ese triple espíritu permanentemente invocado (universidad-innovación e internacionalización) desapareció con más pena que gloria.
Es posible que esa apertura en la mentalidad del empresariado cántabro, unida a la que han producido los vuelos internacionales de bajo precio en toda la población sea el cambio más trascendente que ha conseguido este gobierno en las dos legislaturas, emparejado en importancia con las grandes inversiones en infraestructuras que van a cerrar la época de las grandes obras. Más si se tiene en cuenta que la red de autovías estatales está completada, los saneamientos casi concluidos, el Puerto de Raos ya no admite muchas ampliaciones y la última reforma del aeropuerto garantiza su suficiencia por muchos años.
Sólo las obras de la fachada marítima y la unión de las estaciones en Santander capital pueden ser comparables en inversión, pero el ritmo municipal es mucho más lánguido e imprevisible. Algo parecido ocurrirá con el AVE que, gobierne quien gobierne, lo probable es que no pase de Reinosa.
Un INI regional
Salirse del trazado que marcan los raíles ya existentes es muy difícil en economía. Ni Estados Unidos ha conseguido redirigir su sistema bancario después de la crisis ni España tiene un sustituto a medio plazo de la construcción. El Gobierno cántabro la ha intentado sin desmayo: desde la aventura de quedarse con el Racing para evitar su descenso a Segunda, milagrosamente resuelta con éxito hasta ahora, porque el equipo vive temporada tras temporada en el filo de la navaja, a la orientación de las empresas de la región hacia el terreno energético. Ningún reto le ha asustado pero tampoco ha resistido las presiones de la calle y la mezcla de ambos ingredientes ha provocado que pasasen a la titularidad pública empresas como Greyco o Papelera del Besaya y la financiación de parte de la factoría GFB o de los terrenos de Haulotte.
Esta política de abrir sectores estratégicos y, al tiempo, recoger muertos con recursos públicos, que en su día ya aplicó el INI, resulta más peligrosa cuando el volumen de recursos que maneja una Administración regional se reduce drásticamente, como ocurre ahora. Pero tampoco eso le ha frenado al Gobierno, que ha inventado el Instituto Cántabro de Finanzas para encontrar nuevas fuentes de recursos.
El resultado ha sido un conjunto de empresas públicas muy heterogéneo, en el que se mezclan algunas meramente instrumentales, otras cuya operativa ha conseguido enderezar, como Mare, algunas industrias de dudosa viabilidad y bastantes servicios vinculados al turismo.
Del derecho público al privado
El mecanismo para poder intervenir en tantos terrenos sólo podía ser el derecho privado. La utilización de empresas como brazo armado de la Administración empezó con Martínez Sieso y con ejemplos tan poco edificantes como el de la Empresa de Residuos de Cantabria, y con este Gobierno ha acabado por generalizarse. La posible mejora de la gestión queda en entredicho por el hecho de que la aparición de numerosas empresas públicas no ha supuesto un descenso del personal de las consejerías. Para completar este encarecimiento de la estructura, las plantillas de algunas empresas públicas, como Cantur, se han disparado sin justificación.
El Ejecutivo sigue confiando en su apuesta por el desarrollo tecnológico de las industrias, el factor que debiera llevarlas a dar un salto cualitativo en la formación de valor añadido, pero la realidad es que casi todo el aumento en las inversiones de I+D+i procede del sector público y no del privado.
Si los centros de investigación que se están creando tienen el éxito esperado y el Plan Eólico logra cambiar la orientación de algunas de las empresas locales, vinculándolas a la fabricación de piezas, el empeño en cambiar la orientación económica de la región desde el Gobierno habrá tenido éxito. En caso contrario, será una demostración de que los derroteros de la economía se marcan solos y, por mucho empeño que ponga una Administración, no es fácil reorientar los negocios ni, mucho menos, conquistar terrenos donde nunca antes se estuvo.
