TRAGAPERRAS: Cada vez en menos manos

Los juegos de azar parecen haber tocado techo. En los últimos años, la cuantía que los cántabros están dispuestos a invertir en estas actividades lúdicas se ha estabilizado y nuevas propuestas de ocio y de entretenimiento disputan a los juegos tradicionales el gasto que antes se encauzaba hacia las ofertas ya conocidas (bingos, tragaperras o lotería). Los empresarios lo saben pero el problema estriba en cómo introducir novedades en una actividad rigurosamente reglamentada donde resulta imposible aplicar soluciones imaginativas que permitan dinamizar la oferta de juegos. El único recurso que les queda, si quieren crecer, es el de comprar cuota de mercado.
Las limitaciones a que está sometido el juego privado han propiciado un fuerte proceso de concentración cuyos efectos comienzan a notarse también en Cantabria. Las salas de bingo de Santander vienen soportando desde hace tiempo los embates de grandes empresas como Cirsa, que ha diversificado su actividad desde la fabricación de máquinas recreativas a la gestión de salas de bingo y de salones de juego. Cirsa ha conseguido ya el control del 60% de la sala Yumbo y tiene en su punto de mira alguna de las otras cuatro salas con que cuenta la capital cántabra.

La concentración de empresas operadoras

En el apartado de máquinas recreativas la concentración viene impulsada por el hecho de que sólo existen dos fabricantes de máquinas en España (Cirsa y Franco), que actúan también como empresas operadoras a lo largo de todo el territorio nacional. En Cantabria, el número de empresas que explotan máquinas tragaperras ha descendido en sólo un año de 77 a 71. De ellas, 59 tienen domicilio fiscal en la región, y controlan 2.303 máquinas, mientras que las doce foráneas cuentan con 1.512.
Las diferencias de tamaño quedan patentes en las 40 máquinas de media de las empresas regionales y las 120 de las asentadas fuera de la región, pero estas, como la aparente diversidad de empresas operadoras, quedan matizada por el hecho de que más del 40% de las máquinas recreativas de Cantabria está bajo el control de tres grandes empresas –Codesa (grupo Cirsa), Redausa (grupo Franco) y Ecorsa– que han absorbido a varias compañías locales y han entrado a participar en otras.
Las operadoras independientes controlan un promedio de 50 máquinas, aunque todavía existen pequeñas empresas con una quincena de tragaperras y cuyo futuro es bastante incierto. “El sector está bien dimensionado –afirma José Ramón Sáinz, presidente de ACEO (Asociación Cántabra de Empresas Operadoras)–, no sobran ni operadores ni máquinas; al contrario, el problema es que se están concentrando y cada vez hay menos operadores”.
La limitación del número de tragaperras que pueden reunirse en cada local –dos como máximo en el caso de establecimientos de hostelería–, es un factor que ayuda a regular el mercado: “La dimensión del sector depende también de que se abran más o menos locales y no parece que esa sea la tendencia actual –añade José Ramón Sáinz–; el mercado está estabilizado y no va a ir a más”. Esa regulación no ha hecho necesarias medidas como las adoptadas en otras regiones donde se ha contingentado el número de máquinas que pueden instalarse en los salones de juego (como ocurre en el País Vasco), o bien el parque total de máquinas (caso de Cataluña).
Esta posibilidad de seguir incrementando el número de máquinas es lo que explica el aumento de las cantidades jugadas por los cántabros en los últimos tres años en las tragaperras, un sector que parece escapar al estancamiento que se ha producido en otros juegos. Cerca de la mitad de lo que se gasta en juegos de azar entra por la ranura de estas máquinas. En 1997 los cántabros jugaron en ellas 19.354 millones de pesetas y en 1999 ya eran 26.403, de los cuales el 80% retornó a los jugadores en forma de premios. En este periodo de tiempo, el parque de máquinas pasó de 3.230 a 3.630. Menos halagüeños para los empresarios son los resultados que se esperan para el presente año, en el que temen una tendencia a la baja que ya muestra sus primeros síntomas.
La presencia de los grandes fabricantes se hace notar también en un ritmo de renovación de máquinas, más acelerado cada vez. Nuevos modelos viene a sustituir cada dos años a máquinas que prácticamente no ha habido tiempo de amortizar, cuando lo habitual era una permanencia de al menos tres años. El precio medio de una máquina de tipo B –que puede dar premios de hasta 15.000 pesetas– ronda el medio millón y, a finales de 1999, la recaudación bruta de cada máquina se situaba en una media cercana al millón y medio de pesetas por ejercicio, con un rendimiento neto que oscilaba entre las cincuenta y las cien mil pesetas, de las que el 40% corresponde al propietario del establecimiento hostelero donde se encuentra situada la máquina.