Cantabria asume la gestión de las Marismas de Santoña

2007 pasará a la historia de la autonomía de Cantabria como el año en que la región alcanzó su mayoría de edad en la gestión de sus espacios naturales. Desde el pasado 1 de enero, el humedal más importante de la cornisa cantábrica, las Marismas de Santoña, ha dejado de depender del Estado, para pasar a ser gestionado por la comunidad autónoma. Casi 7.000 hectáreas repartidas por once municipios que han sobrevivido a muy serias amenazas, gracias a que la creación de una reserva natural por el Ministerio de Medio Ambiente ayudó a preservar este humedal de los abusos urbanísticos que se han prodigado en la zona oriental de Cantabria.
Para que fuese posible la transferencia de esta reserva natural a la comunidad autónoma era imprescindible que Cantabria se dotase primero de una ley que regulase sus figuras de protección y, antes de eso, que se unificasen las competencias sobre la gestión del patrimonio natural, que hasta 2003 estaban repartidas entre Ganadería y Medio Ambiente. A comienzos de la presente legislatura, todas pasaron a manos de la Consejería de Ganadería.
Aún así, era necesario un segundo paso. Con la aprobación en el Parlamento regional de la Ley de Conservación de la Naturaleza, que declaraba Parque Natural las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, por fin se daba cumplimiento, aunque con ocho años de retraso, a una sentencia del Tribunal Constitucional, que curiosamente, daba la razón al Ejecutivo cántabro al impugnar la figura de Reserva Natural creada por el Gobierno central en 1992, pero que no podía aplicarse. Cantabria tenía derecho a gestionar las marismas, pero para ello tenía que tomarse la molestia de regular el marco legal de sus espacios naturales. Y mientras no resolviese ese vacío, el Tribunal dejaba todo como estaba.
En realidad, el Estado había traspasado en 1984 sus competencias en materia de conservación de la naturaleza a la autonomía, pero los rellenos indiscriminados y la construcción de una carretera regional a través de la marisma durante el mandato de Juan Hormaechea provocó la primera sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra el Reino de España. A la Comunidad Europea le importaba poco si la responsabilidad era autonómica o estatal, y el Gobierno español fue, en este caso, cabeza de turco, ya que, para evitar una multa de nada menos que 15.000 millones d pesetas se vio obligado a sufragar las importantes inversiones a que obligaba la sentencia para preservar las marismas de Santoña y resarcir los daños causados.
A pesar de ser la auténtica culpable, la Administración cántabra acogió con bastante indiferencia la condena. El único paso que dio la Consejería de Medio Ambiente, en la etapa de José Luis Gil fue la aprobación en 1997 de un Plan de Ordenación (PORN) que afectaba a la mitad de las 6.979 hectáreas que ahora forman el Parque Natural, ya que la otra mitad formaba parte de la reserva gestionada por el organismo autónomo Parques Nacionales.
Para colmo, el PORN fue parcialmente anulado dos años después por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a instancias de la asociación ecologista Arca, ordenando que se ampliara el perímetro para incluir áreas desprotegidas y reduciendo los aprovechamientos urbanísticos que se permitían en algunos de los ayuntamientos.
En concreto, la sentencia incluía en el perímetro de protección la marisma sur de Colindres, entre la carretera N-634 y la ría de Treto. Se limitaba a usos agropecuarios y silvícolas el área de Belnoja, en el extremo norte de Noja y la que se encuentra al este de la playa de Ris. Igualmente, se aumentaba la protección del monte El Cincho, de Arnuero, del núcleo de Soano y de las zonas del Alto del Cueto, Cabazo y Abajas, entre los términos municipales de Arnuero y Noja.
La sentencia también afectaba a Argoños, donde se exigió al Gobierno la supresión de algunos aprovechamientos urbanísticos, y a los terrenos que ocupa la fábrica Bosch en Treto, que debían ser clasificados para usos agropecuarios y silvícolas el día que desapareciese la fábrica, con gran alarma de la multinacional. En esa misma zona de Treto, el TSJC ordenó al Ejecutivo regional que se pronunciara acerca de la industria conservera allí existente, de acuerdo con las disposiciones del PORN, y obligó a ampliar el perímetro del Plan de Ordenación a la zona del Regatón, donde se ha construido el polígono industrial de Laredo.
La reacción de los ayuntamientos afectados y de la empresa Robert Bosch no se hizo esperar. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que en 2004 ordenó repetir el juicio por un defecto de forma, al estimar que se había producido indefensión debido a que ni el Gobierno cántabro ni el TSJC habían emplazado a la fábrica ni a los ayuntamientos para que compareciesen como partes interesadas.

Un nuevo PORN

El hecho de que la sentencia del Supremo no afecte a los planteamientos de fondo permite suponer que, cuando tenga lugar la repetición del juicio, el pronunciamiento del TSJC volverá a ser el mismo, lo que crea una situación de inseguridad jurídica. Si, como es previsible, la sentencia vuelve a dar la razón a Arca, habrá diez grandes áreas incluidas en el entorno de la marisma que verán elevados sus niveles de protección ambiental.
A la vista de todo ello, la Consejería de Ganadería se dispone a elaborar un nuevo Plan de Ordenación, adecuándolo a los cambios que se han producido en el entorno del parque durante estos diez años, la mayoría de los cuales no son reversibles.
A la aprobación de un nuevo PORN, le seguirán otros dos instrumentos básicos para la gestión del Parque, el Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible, que permitirán que quienes viven dentro de ese espacio natural no sólo se vean obligados a soportar las limitaciones que implica la protección del entorno natural, sino que por fin se puedan beneficiar de compensaciones económicas previstas para resarcirles. Un patronato en el que estén representados los once ayuntamientos sobre los que se extienden las marismas será el cauce para que cada municipio exponga sus planteamientos sobre la gestión del nuevo parque natural.
Centro de interpretación

Además de la partida económica que acompaña a la transferencia (440.185 euros), el Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a cofinanciar un centro de interpretación del Parque Natural. El Gobierno cántabro cederá para ello un espacio en el Mirador de las Marismas, el edificio en forma de barco levantado en el espigón central del Puerto de Santoña.
Este centro jugará un papel relevante en la proyección turística del parque, junto al Ecoparque creado por el Ayuntamiento de Arnuero, los puntos de información, los observatorios de aves o los senderos construidos en la marisma. No obstante, lo realmente importante será preservar este humedal de la amenaza que supone la gran presión urbanística generada en todo el perímetro que rodea las marismas y de los vertidos de los municipios colindantes, aunque esto último se resolverá cuando culmine en 2008 la mastodóntica obra de saneamiento de la comarca.