Los promotores piden al PP una mayor liberalización del suelo

Diez años después de aprobarse la Ley de Suelo de Cantabria, ni se han adaptado las normativas urbanísticas de muchos ayuntamientos ni se han resuelto los problemas históricos del sector inmobiliario. Por eso, los promotores y constructores reclaman una modificación a fondo, destinada a poner más suelo en el mercado y, sobre todo, a hacerlo más rápido. La primera decisión y la más radical es quitarle la competencia sobre el urbanismo a los municipios más indolentes, que no han sido capaces en este tiempo de ponerse al día, adaptándose a la ley, como era preceptivo y, por tanto, no son capaces de poner nuevo suelo en el mercado.
Los constructores siguen creyendo que la vivienda es la única solución para resolver el problema que la propia vivienda creó. Están convencidos de que mientras no se desatasquen las ventas, no hay solución para la economía, porque sus efectos sobre el conjunto son muy altos: cada casa en construcción genera 1,4 puestos de trabajo directos y dos indirectos. El problema es que para lograrlo es imprescindible quitarse, previamente, de encima todas las que están ya construidas pero sin vender y González Cuevas insiste en que las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación son muy negativas para conseguirlo y cita la subida del IVA en un punto para los adquirentes, la práctica eliminación de las desgravaciones fiscales por la compra y la reducción de las subvenciones establecidas para la promoción de viviendas protegidas.
Si a estas medidas fiscales se le añaden los mayores requisitos para acceder al crédito que ponen las entidades financieras, se alcanza la tormenta perfecta.
No obstante, las soluciones no son fáciles. Los propios constructores cántabros consiguieron imponer al Gobierno de Miguel Angel Revilla el plan que habían ideado para hacer desaparecer el stock de viviendas, convencidos de que con él conseguirían remover los obstáculos y no ha resuelto nada. Ni siquiera las magníficas condiciones de financiación, que permiten pagar durante varios años únicamente los intereses, han animado a los potenciales compradores.
Los promotores son conscientes de que sin despejar el terreno haciendo desaparecer esa oferta embalsada no hay expectativas de recuperación para el sector, una máquina de inercia que tardará en volver a arrancar y que ahora mismo está en mínimos históricos, con una previsión para este año inferior a las mil quinientas viviendas iniciadas.

El PP, más receptivo

Los promotores han aprovechado el cambio de Gobierno para insistir en su propuesta de una reforma a fondo de la Ley de Suelo de 2002. Con la llegada al poder del PP y los esbozos que hizo Ignacio Diego en su discurso de investidura sobre sus intenciones en materia de urbanismo, es muy probable que ahora encuentren más receptividad en su pretensión de liberalizar más el suelo y las tramitaciones.
Los empresarios quieren que todo el suelo que no tenga una especial protección sea promovible, algo en lo que Diego parece coincidir, y que las decisiones municipales sean inmediatas: Cuando un ayuntamiento no responda en un plazo breve a una solicitud de licencia urbanística, pretenden que esa no respuesta se entienda como una autorización, exactamente lo contrario de lo que ahora ocurre, ya que con la ley actual los silencios sólo pueden ser interpretados como una negativa.
Si sorprende que los promotores pidan más suelo, es más llamativo aún su insistencia en que se modifiquen –para aumentarlos– los límites máximos de edificabilidad establecidos en la Ley de 2002. Una petición que parece corresponderse con la época de euforia, cuando los solares eran extraordinariamente cotizados, y no con la actual, en que tanto las promotoras como los bancos y cajas se encuentran con enormes bolsas de suelo a las que no consiguen dar salida por falta de demanda. Otra pretensión en el mismo sentido es que disminuyan las cesiones de aprovechamientos que han de entregar a los ayuntamientos al urbanizar.
Ignacio Diego, por su parte, ha anunciado su intención de reunir a los diez ayuntamientos de mayor repercusión económica de la región “para activar su desarrollo urbanístico”. Dado que casi todos han pasado a estar gobernados por su partido no parece difícil alcanzar un acuerdo que, previsiblemente, pasará por una tramitación inmediata de los planes de urbanismo, ya que la mayoría llevan años arrastrando los trámites de su revisión, en un rosario de idas y vueltas que no parece concluir nunca.