Sin presupuesto para acabar el año

El 13 de julio, cuando el nuevo consejero de Economía, Juanjo Sota se incorporó a su despacho a las 8.00 de la mañana tenía sobre la mesa una carta del secretario de Estado Antonio Beteta. No era una felicitación formal por el nombramiento sino la advertencia de que en quince días le enviarían los ‘hombres de negro’ interviniendo las cuentas de la autonomía si no presentaba de inmediato el Plan Financiero que se le había reclamado a la comunidad un par de meses antes por el grave incumplimiento del déficit en 204 y al que el Gobierno anterior hizo caso omiso.
Diego nunca lo hizo público, como tampoco su consejera de Economía, porque la requisitoria conllevaba dos mensajes muy negativos para su campaña: Cantabria no solo no era el prodigio de recuperación económica y de ejemplar cumplimiento del déficit, sino que estaba obligada a realizar un severo plan de ajuste, es decir, a adoptar nuevos recortes. Un mensaje tan demoledor antes de las elecciones que Diego prefirió hacer caso omiso a la advertencia.
El desvío del déficit en 2014 parecía inexplicable ya que el 23 de diciembre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se había aprobado el informe de Cantabria, que declaraba se intención de acabar el año dentro del 1% autorizado. Era poco menos que imposible que una semana antes de acabar el año la comunidad autónoma tuviera un error de apreciación tan notable, porque finalmente el déficit fue un 62% más elevado. Cantabria se gastó 198 millones más de lo que ingresó en lugar de los 124 autorizados.
En su comparencia voluntaria ante el Parlamento para exponer la situación financiera de la comunidad autónoma, Sota ironizó recordando las veces que Ignacio Diego manifestó públicamente que “un Gobierno no puede gastar más de lo que ingresa”.
La realidad es que ese desvío ocultado obliga ahora a hacer muchos más recortes de los previstos. El nuevo Gobierno asegura que no quiere escudarse en la herencia recibida, pero sostiene que era necesario desvelar estos encubrimientos para que se sepa cuál es el punto de partida.
Cantabria tiene autorizado para este año un endeudamiento del 0,7% del PIB, lo que equivale a 88 millones de euros. Eso quiere decir que en un solo año (más bien en un semestre, ya que el Gobierno saliente en junio ya había superado el déficit autorizado para todo el año, al acumular un 0,86%) tendrá que aplicar un nuevo recorte de 110 millones de euros, que es tanto como suprimir varias consejerías completas. Al Gobierno del PRC y el PSOE ni siquiera le serviría cerrar las empresas públicas, porque de los 198 millones de euros de déficit de 2014, 192 (más del 96%) fueron consecuencia de las unidades administrativas, es decir, que no es posible financiar la máquina burocrática que hemos creado.

Se presupuestaba de menos

Si el gobierno PRC-PSOE recurrió a lo que el PP denominó “meter facturas en los cajones”, que en realidad era demorar al ejercicio siguiente facturas que llegaban en los últimos meses del año, el de Ignacio Diego utilizó otras estrategias distintas para conseguir un fin parecido: presupuestaba por debajo del gasto real y estimaba los ingresos muy por encima de lo razonable, nada menos que 144 millones más de lo que realmente se podrá ingresar este año.
Algo que quizá le sirvió para llegar a las elecciones con una aparente buena hoja de servicios pero que se desmoronaría inmediatamente después, gobernase quien gobernase: No hay presupuesto para acabar el año, especialmente en la sanidad y en la educación. Tampoco para pagar todas las medicinas. Y la cuantía no es pequeña: faltan 17 millones para las nóminas de la sanidad, 20 millones para las de los profesores de la pública; 6 millones para los de la concertada; 6,5 para cubrir el gasto en farmacia y 3,3 millones para las prestaciones del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

La hepatitis C, un imprevisto de 18 millones

Además de haberse presupuestado conscientemente menos de lo que realmente costaban estos servicios (las nóminas es un gasto fácil de estimar con exactitud), han ocurrido eventualidades que no cabía imaginar, como el tener que asumir los tratamientos contra la hepatitis C. Fue el ministro Alonso el que aceptó financiarlos con recursos públicos a pesar del altísimo coste, asegurando que lo pagaría el Ministerio, si bien lo endosaría en la deuda de las autonomías; pero el Ministerio no ha querido saber nada del compromiso de adelantar el dinero y las autonomías se han visto obligadas a asumir algo en lo que nadie les dejó opinar. Para colmo, el Ministerio estimó que el gasto para Cantabria sería de unos 6 millones de euros este año, la Consejería lo corrigió a 9 pero finalmente van a ser casi 18, lo que indica que tampoco había un estudio fidedigno del número de afectados que podían recibir este tratamiento, cuyo resultado es formidable.
Si llegar a fin de año va a suponer un sofocón, porque el Gobierno se verá obligado a improvisar medidas para reducir el gasto y hasta los próximos presupuestos no podría modificar los impuestos, el horizonte de 2016 no es mucho más llevadero, ya que el déficit habrá que recortarlo al 0,3%, lo que supone otros 50 millones de euros menos de gasto.
La situación es tan compleja que ni siquiera es posible achacar todos los problemas a la deuda o a las inversiones, porque en estos momentos los ingresos habituales de la comunidad ni siquiera cubren los gastos corrientes (faltarían algo más de seis millones), algo que paradójicamente no ocurría en 2014, cuando la economía estaba peor.

Dinero para dos días

Sota se queja amargamente de que cuando llegó sólo había en las cuentas del Gobierno cántabro 15 millones de euros, el equivalente a dos días de gasto, frente a los 148 que se encontró Ignacio Diego; y que en unas condiciones tan complicadas, el PP quitase el impuesto de Sucesiones para las grandes herencias y anticipase la rebaja de los tipos del IRPF con la que Rajoy quería devolverlos al punto de partida: “Esa anticipación nos va a costar este año 40 millones de euros. Imáginense lo que podíamos haber hecho con esos 40 millones”, lamentó ante los diputados.
También defendió “la herencia” del Gobierno en el que participó: “En 2011, cuando nos fuimos, el déficit de Cantabria estaba en el 3,72%, por debajo de la media nacional”, y rechazó que la política del PP haya creado más confianza entre los inversores: “En 2011 el rating de Cantabria en la agencia Fitch estaba en AA, uno de los más altos; ahora es DDD, uno de los más bajos: Hemos caído cinco escalones”, enfatizó. Afortunadamente, ahora el principal prestamista es el propio Estado.