Televisiones locales: las concesiones van por lotes

El puzzle de las demarcaciones de televisión planteado por el Ministerio de Fomento en función de las circunstancias técnicas no tenía solución y el Gobierno cántabro ha optado por remover de nuevo las piezas y dejar que cada jugador tenga dos en lugar de una. Una pieza grande o mediana (Santander, Torrelavega o Castro Urdiales) con otra pequeña (Reinosa, Selaya o Potes). De esta manera todas las empresas aspirantes tendrán parecidas circunstancias y no habrá demarcaciones ‘buenas’ (las urbanas) y ‘malas’ (las rurales).
El nuevo mapa de televisiones de la autonomía, en realidad, es el mismo anterior, ya que el Gobierno de Cantabria, después de un intento fallido de cambiarlas, comprobó que no había otra posibilidad legal que ajustarse al Plan Técnico elaborado por Fomento, por ilógico que resultase, dado que algunas concesiones rurales, como las de Selaya o Potes, eran imposibles de rentabilizar por cualquier empresa de televisión, por modestos que sean sus gastos y corrían el riesgo de quedar sin concesionario.
De hecho, el Gobierno ha optado por dejar desierto el concurso anterior, con el argumento de que los licitadores presentaron cuentas de explotación absolutamente irreales para justificar su capacidad para dar y mantener el servicio en la zona, incluyendo previsiones de ingresos muy superiores a las que cabe esperar en algunas demarcaciones (hay quien ha llegado a estimar los mismos para Selaya que para Santander) y con un capítulo de gastos tan poco realista o menos.

La desaparición de Localia

De esta forma, el Gobierno se quita de en medio un concurso que hacía presumir una catástrofe televisiva a corto plazo. Pero, echar abajo la convocatoria de 2006 le sirve también para adecuarse a unas circunstancias muy distintas a las que había en ese momento. Entonces quedó excluida de la licitación TeleBahía, por no haber adecuado a tiempo su objeto social; no se había creado AquíTV y existía Localia, que parecía una candidata clara a una de las licencias autonómicas y ahora está a punto de desaparecer.
El tiempo ha tenido efectos dramáticos para un sector con serios problemas de viabilidad y que espera, más que cree, que las licencias sean su salvación. Las televisiones locales cántabras de más amplia cobertura tienen unas pérdidas muy elevadas, ya que, por lo general, los ingresos apenas dan para cubrir la mitad de los gastos de explotación y, en muchos casos, esos ingresos provienen casi exclusivamente de los anunciantes institucionales, y especialmente el Gobierno regional que, a través de esta financiación indirecta, está dando oxígeno a un sector que amenazaba con no llegar vivo al reparto de las licencias.
La inesperada desaparición de Localia, el grupo teóricamente más fuerte, ya que su propietario es Prisa, muestra bien a las claras cuál es la situación. Localia pierde como grupo 15 millones de euros al año, una cuantía aparentemente asumible para el principal grupo de comunicación del país, pero las malas perspectivas económicas para todas las televisiones, la negativa de la Comunidad de Madrid a concederle una sola licencia de las decenas que sacó a concurso y la imposibilidad de encontrar un comprador han llevado al grupo de la familia Polanco a tomar esta decisión.
El problema no es reciente porque, antes de entrar en el grupo Prisa, la emisora cántabra de Localia –que entonces era asociada– ya provocó con sus pérdidas que Propulsora Montañesa, su propietaria, se viese obligada a vender todo el grupo, incluida Radio Santander, que hasta ese momento era la radio más rentable de la historia de la región. Localia Cantabria no sólo consumía los beneficios que generaba la emisora sino que amenazaba con llevar al grupo santanderino a las pérdidas, por lo que éste optó por vender a Prisa, a cuyas cadenas estaba asociado.
Vocento tampoco está ya demasiado interesado en su red de emisoras de televisión, en las que hace algunos años vio la posibilidad de crear una cadena nacional, multiplicando su valor. Pero ni juntas ni separadas parecen interesar ya las emisoras locales en un mercado que se está quedando sin publicidad y en el que todos los grupos de comunicación han pasado a tener otras prioridades, entre ellas asegurar la rentabilidad de los periódicos que son su mascarón de proa, algo que ya no resulta tan sencillo.
Tanto las televisiones locales que son propiedad de grupos de comunicación como las independientes, cuya estructura accionarial suele ser familiar, son conscientes de que la batalla a librar con las grandes cadenas nacionales de televisión y contra el elevado número de canales digitales que llegarán con la TDT es muy difícil de ganar. Los datos de audiencia indican que las emisoras locales sólo ocasionalmente sobrepasan el 1% del total de espectadores cántabros que en ese momento ve la televisión, aunque el sector desconfía de la fiabilidad de las estadísticas de Sofres y pone como ejemplo el 3,9% de share que atribuyó a Cantabria Televisión (la antigua Telecabarga) durante la retransmisión del partido París Saint Germain-Racing, aparentemente muy inferior a la audiencia real.

Lotes de primera y de segunda

Este menor interés por las televisiones locales no impedirá que todas las cadenas nacionales se presenten al concurso, en el que tampoco faltarán los operadores locales que están emitiendo sin licencia. Todos aspiran a las dos de carácter autonómico, que desde el primer concurso son las más codiciadas, por razones obvias, aunque en el que se va a convocar de forma inminente hay tres alternativas casi igual de interesantes, las demarcaciones encabezadas por Santander, una de ellas en lote con Reinosa y las otras dos con Potes o Selaya.
Un par de escalones por debajo estarán los tres lotes que encabezarán Torrelavega o Castro Urdiales con los mismos socios rurales. Hay que tener en cuenta que el área de Santander concentra la mayoría de los organismos administrativos y casi el 40% de la actividad económica de la región, por lo que sus concesiones serán mucho más fáciles de rentabilizar que las tres de Torrelavega, que tendrán que repartirse un mercado publicitario muy inferior, o las de Castro Urdiales, donde, una vez desinflada la construcción, no parece haber muchas posibilidades de mantener en funcionamiento tres emisoras.

Red autonómica de repetidores

El Gobierno regional parece consciente de que incluso este nuevo reparto por lotes no garantizará la supervivencia de los concesionarios, porque lleva meses negociando la recuperación de la red de repetidores de la antigua Diputación Provincial de Cantabria, que pasaron a Retevisión, para facilitar la difusión de la señal a estas emisoras, que se ahorrarían así las tarifas que Abertis cobra por este servicio, ahora en régimen de monopolio.
Las gestiones de la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones parecen haber dado fruto, tanto para recuperar repetidores propios como para compartir otros que Retevisión montó con subvenciones públicas y ya puede darse por segura la creación de esta red autonómica, a la que se sumaría el Monumento al Indiano, ubicado en Peña Cabarga, que será el principal centro de difusión.
Ni siquiera con esta ayuda pública indirecta será posible mantener dos emisoras autonómicas y nueve locales en una comunidad tan poco poblada y los licitadores son conscientes de ello, por lo que la mayoría aspiran a que, una vez procedido al reparto, el Gobierno establezca un sistema de subvenciones directas, una especie de contrato-programa por la prestación del servicio, a semejanza de lo que ha hecho Navarra. La comunidad foral ha sido una de las pocas del país que ha decidido no tener televisión autonómica, quizá escarmentada por la experiencia de otras autonomías o por el hecho de ser, como Cantabria, una región uniprovincial. En su lugar, ha optado por conceder una ayuda de un millón de euros a cada uno de los operadores regionales con licencia.
La suma de estas subvenciones, con ser significativa, supone una cuantía muy inferior a las pérdidas en que incurren la mayoría de las emisoras autonómicas. En Cantabria, todas las televisiones locales que están emitiendo pasarían a ser rentables con esa cifra, pero es muy improbable que esa rentabilidad se mantuviese en el tiempo, porque no es fácil sostener indefinidamente las economías de guerra con que ahora sobreviven y puede servir como ejemplo el dinero que en 1995 llegó a los clubes de fútbol a través de unos contratos televisivos multimillonarios. Lo que parecía una garantía de holgura económica para muchos años sólo sirvió para aplazar sus problemas, ya que inmediatamente los gastos se adaptaron a los nuevos ingresos y crecieron tanto o más.

Unión de concesiones

Haya o no haya subvención pública, las once televisiones que obtengan su certificado de legalidad tendrán que exprimir un mercado publicitario en caída libre, algo que no será nada sencillo, porque en cada demarcación van a coincidir cinco emisoras, además de las nacionales. Esto debería garantizar que, por ejemplo, los vecinos de Vega de Pas puedan disponer de tres cadenas propias del valle y dos autonómicas, pero incluso con el nuevo sistema de lotes y con la ayuda del Gobierno para llevar la señal digital a todo el interior –algo que de otra forma resultaría prohibitivo– ésa parece una expectativa poco realista. Incluso con el nuevo sistema de lotes, pedir a los concesionarios que atiendan la demarcación de Selaya (15 habitantes por kilómetro cuadrado) o de Potes (12 hab/km2) o, incluso, Reinosa (33 hab/km2) con algo más que un corresponsal es pedir un imposible. La realidad es que tanto las concesiones autonómicas como las locales pivotarán en torno a Santander y no es de descartar que el Gobierno opte por dar a alguno de los licitadores las tres demarcaciones que se han establecido con los nuevos lotes que, unidas en manos de un solo concesionario, formarían, en la práctica, una tercera, una cuarta o, incluso una quinta licencia autonómica. Una forma de racionalizar por la vía de los hechos el complejo panorama televisivo que se presenta y de contentar a todos los grupos locales que ahora emiten, los que más presión política pueden hacer para quedarse con las licencias.