Amica pone freno a las suspicacias
Tanto el análisis de la auditora internacional KPMG como el informe de la Fundación Lealtad –una entidad independiente que evalúa a las organizaciones no lucrativas basándose en criterios de transparencia y buenas prácticas– coinciden: “Amica se gestiona con honradez y eficacia y sólo necesita depender menos de la Administración”, algo que sus responsables ya sabían de antemano.
Esta dependencia excesiva de la financiación pública que asciende al 80% –entre los fondos del Gobierno regional (60%) y los procedentes de otras entidades y programas europeos– es la que había creado algunos recelos en las instituciones públicas. Sin otras formas de financiación externa, era inevitable que la estructura financiera de Amica se tambalease cuando las ayudas públicas tardaban en llegar, como ocurrió el año pasado.
Esa falta de liquidez, que podía reflejar un problema de auténtica solvencia económica y el potencial riesgo de que Amica y su grupo de empresas fuese incapaz de continuar en sus muchas actividades llevó al Gobierno a pedir una auditoría sobre su situación real. Querían comprobar si todo el dinero que salía de sus arcas en forma de ayudas o contratos de lavandería, limpieza o selección de residuos (alrededor de cinco millones de euros al año) era realmente utilizado en los programas previstos o se empleaba para soslayar los efectos de una descapitalización. La imagen pública de muchas organizaciones sociales se ha debilitado en los últimos años y eso también pudo impulsar a que la Administración encargara una auditoría para saber si se encontraba o no ante un gigante con pies de barro. Hay que tener en cuenta que Amica tiene ya 460 trabajadores y, entre otras actividades empresariales, controla todo el sector cántabro de lavanderías.
Al mismo tiempo, el Gobierno de coalición PSOE-PRC quería resolver una situación irregular que duraba muchos años, el de las subvenciones presupuestarias nominativas (como si los destinatarios fuesen en realidad organismos públicos) e introducir los criterios legales para el reparto de ayudas, en función de los programas presentados. Un cambio que ya intentó sin éxito el anterior consejero de Bienestar Social y que provoca desajustes financieros temporales en las organizaciones beneficiarias, que han de plantear una nueva estrategia para obtener los fondos de la Administración.
En cualquier caso, la situación para Amica no era nueva. Según sus responsables, desde que hace diez años comenzaron a relanzar su actividad –aprovechando la financiación de varios programas europeos–, surgieron comentarios producto del desconocimiento o de la desconfianza que ponían en duda la solvencia de esta ONG nacida en Torrelavega cuando un grupo de padres de disminuidos psíquicos decidieron buscar las soluciones que la Administración no les daba para la atención e integración laboral y social de sus hijos.
Las auditorías anuales de la propia institución no habían permitido por sí solas disipar esas dudas y por eso Amica aceptó el “estudio de viabilidad” pedido por el Gobierno –en realidad, una auditoría externa– y solicitó otra voluntariamente a la Fundación Lealtad, especializada en valorar la eficacia con que trabajan las ONGs.
Ambos reconocen los habituales problemas de tesorería que se producen hasta la liquidación de las subvenciones, pero sostienen que la gestión es razonablemente buena, los salarios que se abonan a los psicólogos y al equipo directivo son modestos y la financiación es transparente. La situación patrimonial de la empresa también es buena, dado que sus activos –cuenta con varios talleres y lavanderías– superan holgadamente el endeudamiento.
Las auditorías ponen de relieve algo de lo que Amica era perfectamente consciente, que algunas de las actividades como el reciclado y la separación de envases no son rentables y se mantienen gracias a los recursos que genera la confección de ropa o la lavandería industrial.
Una vez disipadas las suspicacias, ya sólo lucharán con dos enemigos: los periódicos problemas de liquidez y la falta de voluntariado.
