Declaración obligatoria de los suelos contaminados

Los gestores de inversiones industriales son perfectamente conocedores de que la principal preocupación de un empresario norteamericano antes de adquirir suelo para montar una nueva actividad es conocer si está contaminado. En ese caso, es inmediatamente descartado. En Cantabria, en cambio, esa circunstancia ha pasado inadvertida, a pesar de que hay 238 emplazamientos que, según el Ministerio de Medio Ambiente, pueden estar contaminados, ya que en ellos se ha producido alguna actividad con riesgo ambiental.
Hasta ahora, para resolver el problema parecía suficiente con una buena capa de asfalto o de cemento. Sin embargo, las cosas van a cambiar mucho tras el decreto aprobado por el Gobierno y los suelos donde se ha realizado alguna actividad industrial tendrán serios problemas para destinarse a cualquier otro uso, si no son previamente saneados por su propietario. Un proceso complicado y costoso, ya que, en bastantes casos, requiere el traslado de miles de toneladas de tierras contaminadas a un vertedero.
A pesar de la declaración de intenciones contenida en la Ley de Residuos de 1998 y de la existencia de un inventario de emplazamientos potencialmente contaminados en España, ninguna norma había regulado hasta ahora cómo declarar un suelo contaminado ni las obligaciones que se derivan para su propietario.
Si esa legislación ya existiese, el Gobierno cántabro se hubiera ahorrado los cerca de cuatro millones de euros que la empresa pública Gesvican se ha visto obligada a gastar para retirar los terrenos contaminados de Nueva Montaña, donde promueve la construcción de 572 viviendas de régimen especial. El suelo, una antigua escombrera de la siderúrgica de Nueva Montaña, pasó a manos de Urbe, una empresa de Caja Cantabria, antes de ser vendido a Gesvican, que estudia ahora el modo de reclamar los gastos por descontaminación a quienes originaron un problema que, aunque era perfectamente previsible, no fue detectado en su momento.

Nueva legislación

Para evitar que casos semejantes puedan producirse, el Ministerio de Medio Ambiente obligará a las empresas de 101 sectores industriales potencialmente contaminantes a realizar un informe sobre el estado del suelo que ocupan y enviárselo a las autoridades de su comunidad autónoma. En ese informe, para el que tendrán un plazo de dos años, las empresas deberán declarar las materias primas que utilizan, su cuantía y el sistema de almacenamiento empleado, así como datos sobre las instalaciones de drenaje o el tipo de pavimentación.
El texto legal establecerá valores máximos para 60 sustancias químicas. Si de acuerdo a estos parámetros, el terreno plantease algún riesgo para la salud o para el ecosistema, la propia comunidad autónoma estará obligada a emitir una declaración de suelo contaminado que deberá ser público para los potenciales compradores, ya que habrá de anotarse en el Registro de la Propiedad. Si la contaminación es muy grave, la Administración autonómica podrá obligar a descontaminar el suelo de manera inmediata. En otros casos, el propietario del suelo afectado no tendrá un plazo determinado para hacerlo, pero mientras no descontamine el suelo no podrá venderlo ni realizar obras de ampliación en sus instalaciones.

Suelos contaminados ya construidos

Con la aprobación de este decreto, cualquier adquirente de una vivienda conocerá las condiciones de salubridad del suelo en que se asienta, una información que, hasta la fecha, se ha mantenido en un discreto silencio. Hace cinco años, el Ministerio de Medio Ambiente, por entonces regido por Isabel Tocino, recopiló una relación de terrenos contaminados en todo el país. Cantabria aparecía en ese listado como una de las más afectadas, con cinco ya caracterizados, 77 más inventariados y 238 posibles. Sin embargo, el Ministerio se negó en rotundo a dar a conocer cuáles eran exactamente esos suelos y algunos de ellos han llegado a tener un uso inmobiliario. Lo más preocupante es que no todas las empresas urbanizadoras procedieron a descontaminarlos antes de construir, por lo que los compradores de las viviendas no son conscientes de las circunstancias exactas de su propiedad. Una situación que, a partir de ahora, no se podrá dar.