Las vinculaciones de Gescartera con Cantabria

¿Por qué tenía Gescartera tanto interés en Sniace? Probablemente por causas meramente especulativas. La empresa cántabra apenas vale en Bolsa 6.000 millones de pesetas y no tiene accionistas de referencia que controlen paquetes significativos, de forma que podía llegar a convertirse en un valor muy manejable para operadores bursátiles tan arriesgados como la familia Camacho, que también puso en su punto de mira a otra pequeña sociedad, Radiotrónica.
Gescartera había comprado los paquetes de acciones de forma fraccionada y a nombre de sus clientes, de forma que no se vio obligada a declarar sus participaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque a finales del año 2000 llegó a controlar el 40% de la empresa cántabra, lo que le hubiese obligado a plantear una opa.
La relación de Gescartera con el accionariado no era desconocida por Sniace, como lo prueba el hecho de que el presidente de la compañía, Blas Mezquita fuera uno de los 85 invitados a la boda del propietario de la sociedad, Antonio Rafael Camacho, que también reunió en la ceremonia a gente tan variopinta como Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, Enrique Giménez-Reyna, Manuel Chaves, monseñor Rouco Varela o el grupo musical Los del Río.
Un pelotazo fallido

El abogado de Camacho aseguró que la inversión en Sniace se realizó a finales del año 2000 como un intento desesperado de conseguir una operación financiera que sanease las cuentas maltrechas de Gescartera. La operación no pudo conseguir el éxito esperado como consecuencia del nerviosismo de los inversores de la sociedad de valores que en unas pocas semanas retiraron 13.000 millones de pesetas. Camacho, que ha declarado que su expectativa en Sniace era la de “hasta triplicar la inversión” tuvo que vender apresuradamente los títulos de la empresa cántabra y el resultado fue otro fracaso más, en este caso, el último, ya que poco después se produjeron los acontecimientos que dieron lugar a la intervención de Gescartera: “Entonces, bueno, llega el que… se colapsa toda la compañía y no hay liquidez para soportar todo esto”, explicó deslavazadamente Camacho ante la comisión de investigación formada en el Congreso.
La operación, en cualquier caso, era gravemente irregular, dado que una sociedad de valores no puede adquirir acciones por cuenta propia y cualquier accionista con una participación semejante está obligado a presentar una OPA. La CNMV aseguró el pasado mes de agosto que ya había detectado una operativa extraña en torno a las acciones de Sniace “que hizo saltar las alarmas, por carecer de sentido económico”. A consecuencia de ello, había iniciado de oficio una investigación para saber qué estaba ocurriendo en el mercado y ante la posibilidad de que se estuviese realizando lo que se conoce como un aparcamiento de títulos, un procedimiento que sí se ha constatado en Radiotrónica. El aparcamiento es la venta de un paquete de títulos con pacto de recompra a una sociedad que recibe una retribución por hacer desaparecer durante un cierto tiempo unas acciones. Por lo general, el fin de estas compraventas suele ser la manipulación del precio para obtener un beneficio extra.
El hilo que pudo conectar a la sociedad de valores con la empresa cántabra fue probablemente el ex periodista Roberto Santos, muy vinculado a Camacho, que en su día llevó la asesoría de imagen de Sniace y de Avanzit, principal accionista de Radiotrónica, la otra sociedad en la que Gescartera realizó compras masivas de acciones.

Una herramienta para sacar el dinero del país

De las contradictorias e incoherentes declaraciones de Rafael Camacho ante la juez y ante la comisión parlamentaria no es posible sacar muchas conclusiones pero se puede deducir que la empresa utilizaba una artimaña que los inspectores de Hacienda conocen bien para sacar el dinero negro de España y en ese juego necesitaban operar con acciones de compañías pequeñas cuya cotización pudiesen de alguna manera controlar, como podía ser el caso de Sniace. El sistema se basa en hacer operaciones contradictorias de bolsa por los mismos importes y en los mismos valores simultáneamente. Gescartera contrataba una opción de signo vendedor (put) que a lo largo del día debía cerrarse con pérdidas que se imputaban a las sociedades o clientes en España, mientras que sociedades en el extranjero se comprometían en el mismo valor con una opción compradora (call) que al resolverse registraba beneficios por igual cantidad. De ese modo, la parte española de la operación contabilizaba menos dinero al final del día, mientras que la extranjera engordaba su patrimonio en la misma cifra.
Los clientes de Camacho conseguían así colocar su dinero fuera de España, donde tenían la oportunidad de invertirlo y obtener rendimientos a buen recaudo del fisco. Pero esto sólo era posible si las opciones se realizaban sobre un valor cuya cotización pudiera controlar lo suficiente como para casar la opción de compra con la de venta o sobre acciones de escaso movimiento. En ese caso, las opciones se hacían como operaciones privadas por quien tenía las pérdidas y no se informaba de ellas, salvo a Hacienda.
Otro problema en esta operativa era colocar tantas minusvalías sin levantar sospechas en la CNMV. En 1995, la Comisión ya descubrió la existencia de operaciones cruzadas entre clientes en que, sistemáticamente unos perdían y otros ganaban. Dichas pérdidas, según los responsables de Gescartera, se realizan por motivos fiscales, de acuerdo con el cliente, pero ante la desconfianza de la CNMV, Camacho acabó por inmputar en el reparto de supuestas pérdidas a terceros clientes, sin su conocimiento.
Camacho intenta demostrar ahora que los 18.000 millones evaporados en estas minusvalías fueron fruto de una mala gestión, mientras la juez y el fiscal tendrán que averiguar donde fueron a parar las plusvalías para demostrar que era una operación perfectamente planificada.

Un fallido desembarco en Cantabria

El caso de Ruiz de la Serna es también circunstancial y no se sabe que llegase a utilizar su condición de cántabro para captar inversores en la región. De hecho, cuando Antonio Rafael Camacho decidió abrir una delegación comercial en Santander en 1996 no utilizó a Ruiz de la Serna para encontrar a su representante, sino que lo hizo él mismo, a través de un amigo común con el elegido, a quien ofreció entonces un salario anual de 15 millones de pesetas. A pesar de que Camacho exhibió su enorme capacidad de seducción (muy distinta a las torpe explicaciones que ofreció ante la comisión parlamentaria), el destinatario de la oferta acabó por rechazarla ante la extraña operativa que relataba el ahora encarcelado, muy alejada de los buenos usos del sector, y por la mala opinión de Gescartera que ya por entonces tenían otros despachos.
Ruiz de la Serna era quien debía cerrar esta negociación que no llegó a cuajar. El economista cántabro había sido encargado de supervisión de entidades financieras en la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta que tras una inspección de Gescartera decidió aceptar la oferta que le hizo Camacho, triplicando su remuneración anterior. Ruiz de la Serna tenía como cometido poner en orden la sociedad de valores y en sus declaraciones siempre ha asegurado que obró de buena fe, sin ni siquiera intuir la operativa de su jefe Rafael Camacho, que como un auténtico ilusionista, cerraba el proceso inversor haciendo desaparecer el dinero.

El hermano de Giménez Reyna y la OID

Hay otras dos relaciones muy circunstanciales entre el caso Gescartera y Cantabria. Una de ellas colateral y de la que no se puede sacar conclusión ninguna es el nombramiento, el pasado mes de julio, de un hermano del ex secretario de Estado Enrique Giménez Reyna como consejero de la empresa pública Equipos Nucleares, que tiene su fábrica en Maliaño. La otra es el el insistente intento de la Oficina Impulsora de los Discapacitados, vinculada en su origen a Torrelavega y hoy extendida por todo el país, de personarse en el caso como acusación particular. La OID, perseguida gubernativamente por la venta de sus cupones no legalizados, ha visto en este caso la oportunidad de devolverle a la ONCE las andanadas judiciales, ya que la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos no estaba autorizada para hacer inversiones como las que supuestamente dieron lugar a su participación en Gescartera.
El resultado de todo ello es un extraño cóctel, con varios ingredientes cántabros sin relación entre sí y la demostración de una curiosa capacidad regional para estar presente, como el perejil, en la salsa de todos los escándalos. Baste recordar que fue la región más afectada por el caso Intra, por el de Pepe el del Popular, por el hundimiento del Banco Europeo de Finanzas y por el de Ibercorp, más tarde.