Un sector que no conoce el paro

Impulsado por el desarrollo económico, que multiplica las necesidades de protección patrimonial, y por la sensibilización de la ciudadanía frente al incremento de la delincuencia, la seguridad privada se ha convertido en un sector de enorme dinamismo, donde el desempleo no existe y las posibilidad de crecimiento resultan casi ilimitadas.
Pocas son las zonas residenciales cuyas viviendas no cuenten hoy con sistemas de seguridad y resulta impensable que un centro comercial o cualquier recinto público no dispongan con una mínima infraestructura de seguridad. La tendencia a la externalización de servicios por parte del sector público es otro de los factores que explican el auge del sector.
El resultado de esta imparable demanda es que en los últimos cinco años el número de empresas de seguridad privada se ha duplicado en España, superando las novecientas, y la facturación se ha multiplicado por cinco, pasando de 360 millones de euros a los cerca de 2.000 con que se cerró el ejercicio del pasado año.

Un sector muy atomizado

Una de las características del sector de la seguridad privada en España es su fuerte atomización, aunque las empresas que lo lideran concentran en torno a ellas una gran parte de la actividad del sector. Así, Prosegur y Securitas, reúnen el 47,5% de la facturación total del mercado, y junto a Eulen Seguridad, Segur Ibérica y Vinsa elevan la cuota conjunta hasta el 66,5%.
Gran parte de las más de 900 empresas censadas se ocupan en tareas de vigilancia, custodia y protección. Esta actividad absorbe la mitad del mercado nacional de la seguridad, si bien tiende a perder peso en beneficio de otras áreas del negocio, como los sistemas de vigilancia, que llegan a acaparar el 19% del volumen de facturación, y las centrales receptoras de alarmas, un sector muy dinámico que alcanza ya el 5,4% del total. Por el contrario, el transporte de fondos, que supone el 10,5% del mercado, se encuentra definitivamente estancado, como consecuencia del uso cada vez mayor de medios de pago electrónicos.
En Cantabria operan 37 empresas de seguridad que dan trabajo a más de 900 personas. El mayor número se concentra en el sector de vigilancia y protección, en el que están censadas 16 compañías. Otras trece se dedican a la instalación y mantenimiento de sistemas.
El sector cántabro se completa con tres empresas de escoltas, dos dedicadas al traslado de explosivos, una de traslado de fondos, otra de asesoramiento y una central de alarmas.
En las áreas de actividad de estas empresas se refleja el crecimiento sostenido de la demanda privada en el ámbito de las alarmas y los sistemas electrónicos de seguridad. La cobertura de congresos, exposiciones y eventos supone también una fuente importante de ingresos para las empresas de seguridad de la región, que en algunos caso alcanza hasta el 30% de su facturación anual.
Carencia de mano de obra

A pesar de la buena marcha del sector, las empresas de seguridad deben hacer frente a varios retos que limitan sus posibilidades de expansión. El más importante reside en la dificultad para cubrir sus necesidades de personal especializado. Las empresas de seguridad requieren a 10.000 personas para cubrir la demanda de vigilantes privados y reclaman cambios legislativos para poder contratar a inmigrantes. La Ley de Seguridad Privada, que data de 1982, supone, en opinión de la asociación mayoritaria del sector (Aproser), un freno a la contratación de trabajadores, ya que exige un curso de 180 horas en un centro homologado por el Ministerio de Interior y un examen oficial, lo que representa para el trabajador cerca de cinco meses de formación. Además, el reglamento de seguridad privada establece la nacionalidad española o alguna de las comunitarias como requisito para obtener el título de vigilante de seguridad.
Las empresas, que miran hacia Hispanoamérica como la mayor bolsa potencial de empleo, quieren eliminar esta condición para poder contratar a inmigrantes, debido a la creciente dificultad para poder contar con españoles, para quienes el trabajo de vigilante reúne escasos atractivos a pesar de que el convenio colectivo del sector firmado en enero del pasado año supuso una subida media de los sueldos del 16% para una profesión tradicionalmente mal remunerada. Otra muestra de esta renuencia es la elevada rotación de las plantillas, que ronda el 50% anual, con todo lo que esto implica en un mercado laboral sin mano de obra dispuesta a trabajar en el sector.
En España existen actualmente más de noventa mil personas habilitadas como vigilantes de seguridad y otras diez mil para realizar tareas de escolta. Sin embargo, desde Aproser se destaca el intrusismo como una de las lacras del sector, provocado por empresas que prestan servicios de seguridad sin estar homologadas o sin que sus trabajadores cumplan todos los requisitos legales.

Un crecimiento más moderado

Aunque con una previsión de crecimiento más moderado que el que ha tenido lugar en los dos últimos años, las empresas confían en que el dinamismo en la demanda de sistemas y alarmas permitirá mantener el ritmo de crecimiento del mercado. Para 2003 Aproser prevé un aumento del 5%, la mitad del registrado en el pasado año. Esta ralentización vendrá motivada por la desaceleración del sector de vigilancia y la recuperación de unos niveles normales en el transporte de fondos, lejos de la febril actividad que supuso la llegada del euro.
Las compañías de seguridad miran ahora hacia los particulares, pequeños comercios y pymes, sectores todos ellos que ofrecen un alto potencial de crecimiento. Las empresas confían en que establecimientos como joyerías, oficinas de farmacia, administraciones de lotería, estaciones de servicio y locales de juego, intensifiquen su adaptación a las exigencias de la Ley de Seguridad Privada para garantizar la seguridad de empleados y clientes.
La demanda de sistemas de seguridad, y de alarmas domésticas y comerciales en los núcleos urbanos está llamada a ser la que tire con más fuerza del sector. En España, la instalación de alarmas en domicilios ha registrado en los últimos tres años incrementos superiores al 25%, con más de 500.000 instalaciones y un techo de mercado de unos siete millones de usuarios.
El aumento de la vivienda unifamiliar residencial y el abaratamiento del coste de estos servicios explican su crecimiento. La instalación de un sistema de alarma centralizada cuesta entre 360 y 600 euros, e implica pagar una cuota de unos 18 euros cada mes.
Otro sistema de seguridad cada vez mas demandado, especialmente por las empresas, es el que permite la vigilancia remota por vídeo utilizando tecnología ADSL. También se está produciendo un rápido crecimiento de los sistemas de control de accesos, y más concretamente de los de lectura biométrica –huellas dactilares, contorno del rostro, iris, etc–.
Son recursos tecnológicos en los que se avanza día a día y cuya eficacia nos acerca progresivamente al paradigma de una seguridad integral.

Hacia un modelo de seguridad integral

Los avances tecnológicos están abriendo paso a un concepto de seguridad integral que incorpora todos los medios que intervienen en el desarrollo de la vigilancia, control y seguridad en las instalaciones diseñadas para los hogares.
Para los especialistas, es tiempo de analizar la compatibilidad de las alarmas antisociales (robo, agresión, atraco, etc.) con las alarmas técnicas (alteraciones de funcionamiento, fugas de gases o agua, cortes de energía, etc.) y la programación o accionamiento de aparatos e instalaciones domésticas (climatización, electrodomésticos, persianas, etc.) mediante sistemas únicos de vigilancia, control y seguridad; sistemas que de hecho tienen muchos elementos en común.
Se trataría, en definitiva, de desarrollar un nuevo planteamiento del modo de vida en los hogares, basado en un acercamiento entre la domótica y los cada vez más complejos recursos tecnológicos aplicados en el campo de la seguridad.