El concurso eólico se fallará este mes

El mayor concurso público de la historia de Cantabria no ha tenido una andadura fácil, pero sí discreta. No han trascendido diferencias entre los miembros de la comisión evaluadora, en la que hay representantes de consejerías gobernadas por el PSOE y por el PRC; no se han producido filtraciones y el consejero de Industria ha puesto cuantos cortafuegos ha podido para no estar accesible a las empresas concurrentes ni a los periodistas.
Eso no ha impedido que el concurso sufriese una carga de profundidad con las declaraciones realizadas el pasado mes de enero por el consejero de la Presidencia, Vicente Mediavilla, en las que se mostraba partidario de rehacer el Plan Energético Regional –el marco general del Plan Eólico– antes de fallar el concurso, lo que supondría aplazar las adjudicaciones y las implantaciones industriales a la próxima legislatura.
Desde ese momento, entre el PSOE y el PRC ha habido algunas reticencias pero finalmente se va a imponer el criterio inicial de fallar el concurso sin más esperas, que ha defendido ardorosamente la vicepresidenta, Lola Gorostiaga. En este sentido, los representantes de las consejerías socialistas han empujado para que el proceso no se quedase atascado, mientras que los regionalistas han mostrado bastantes menos prisas.
La Comisión de Valoración tiene un perfil claramente político, pero ha delegado las labores de evaluación en técnicos contratados al efecto. Ingenieros, abogados y economistas llegados en algunos casos de Madrid o de Bilbao, han formado grupos de trabajo independientes, cada uno de los cuales se ha encargado de analizar y puntuar sólo uno de los criterios relevantes para el concurso, una tarea más ardua de lo que parece ya que los 51 consorcios concurrentes han presentado 176 proyectos.
Ninguno de estos grupos de trabajo ha tenido constancia de lo que hacían los restantes y sólo ha tenido acceso a todas las valoraciones la Comisión nombrada por el Gobierno, formada por cinco miembros: el consejero de Industria –que actúa como presidente–, un alto cargo de su Consejería, otro de Medio Ambiente y dos más en representación de las de Obras Públicas y Desarrollo Rural, gobernadas por el PRC.
Una vez recibidas las valoraciones, la Comisión debe hacer una propuesta de resolución al Gobierno para cada una de las siete demarcaciones en que se han dividido los aprovechamientos eólicos de la región.
A pesar de que la base del concurso no lo contempla, la propuesta de la Comisión podría incluir un fraccionamiento de algunas demarcaciones. Muchas empresas se han mostrado favorables a ello, conscientes de que con una concesión mucho menor (entre 40 y 50 MW) la inversión ya es rentabilizable y así tendrían más posibilidades de conseguir una adjudicación. Hay que tener en cuenta que el Gobierno apostó por demarcaciones muy grandes (más de 200 MW) que superan los aprovechamientos eólicos totales de algunas provincias.

Las empresas tienen prisa

Superados estos trámites, el Ejecutivo de coalición no va a esperar, porque sabe que el tiempo corre en contra. Las empresas eólicas tienen prisa por inscribir sus derechos en el registro que garantiza la percepción de las primas por la producción de este tipo energía –sobre cuyo futuro aparecen ya algunas sombras– y algunos de los proyectos industriales tampoco admiten esperas. La multinacional danesa LM Glasfiber, que acude en alianza con Caja Cantabria, ha ofrecido hacer una fábrica de palas en el puerto de Santander, con 260 trabajadores, pero necesita saber ya la decisión, tanto si es favorable como si es contraria a sus intereses, ya que en ese caso acometerá de inmediato la instalación en otro emplazamiento.
El Gobierno, a su vez, quiere que se note cuanto antes el efecto de la construcción y apertura de estas fábricas asociadas a las ofertas, para que empujen la economía regional. Uno de los criterios que se valora en el concurso es la inmediatez en la puesta en marcha de los proyectos industriales, pero hay imponderables que retrasarán inevitablemente las aperturas. En el caso de LM, tendría que obtener primero la concesión portuaria para conseguir el suelo y adiestrar a los trabajadores, ya que las palas eólicas se fabrican de una forma casi artesanal.