Sniace: Blanco contra Gil, último capítulo

Hace no menos de ocho años que Jaime Blanco y José Luis Gil mantienen un notorio enfrentamiento a propósito de Sniace o quizá con Sniace como excusa. El PSOE lo pasó muy mal en 1992 y 1993 cuando la crisis de la empresa fue relacionada por la opinión pública con la falta de ayuda por parte del Gobierno socialista, hasta el punto de convertirse en un desafío para el PSOE el realizar un mítin electoral en la zona. José Luis Gil aprovechó su vuelta al Gobierno en 1995 para realimentar una polémica que ya empezaba a languidecer, al atribuir directamente a Ley de Aguas del PSOE la crisis de la factoría, ya que en ella se estableció el concepto de que quien contamina, paga, y paga más cuanto más contamina. En una paradójica actuación, el consejero de Medio Ambiente del PP recomendó que se retirase la tasa ecológica por vertidos, un papel que quizá hubiera podido entenderse en el consejero de Industria, pero no en el encargado de la política ambiental cántabra.
En realidad, Gil había asumido todos los papeles en Sniace –incluido el empresarial– hasta el punto que los compañeros de Gabinete eran conscientes de que cualquier cosa referida a la compañía era de exclusiva competencia de este consejero, que también se había atribuido muchas otras responsabilidades del Ejecutivo en Torrelavega.

Cambio de Gobierno

La llegada del PP al Gobierno nacional empezó a colocar a Gil ante algunas contradicciones. A pesar de saludar el nombramiento de la cántabra Isabel Tocino al frente del Ministerio de Medio Ambiente como la solución para Sniace, la situación no mejoró en absoluto. Ni Isabel Tocino cambió la normativa sobre el canon, ni la Confederación Hidrográfica se mostró en absoluto sensible a las peticiones de la empresa y del propio consejero cántabro para rebajar la tarifa.
Sniace seguía acumulando cánones, hasta superar los 7.000 millones de pesetas en deudas por este concepto, pero el problema permanecía oculto mientras los recursos ante los sucesivos tribunales dilataban su ejecución. Era una cuestión de tiempo y ahora empiezan a llegar los fallos del Supremo, por lo que la continuidad de Sniace en su formato tradicional parece, al menos, comprometida.
Nada de ello deterioró la imagen de Gil, que en todo momento siguió culpando de la situación al Gobierno socialista y que ha mantenido hasta el último día el apoyo incondicional del comité de empresa de la fábrica, lo que tiene no poco mérito, habida cuenta que está controlado por los sindicatos de clase.
La realidad de Sniace empezaba a aflorar poco después del cambio de Gobierno. Por primera vez se hacía público que el Ejecutivo cántabro nunca quiso admitir las competencias sobre la regulación hidrográfica, que hubiese dejado en sus manos la gestión del río y, por tanto, la del canon. Poco más tarde se sabía que el canon no sólo no se ha reducido con el Gobierno popular, sino que se ha incrementado en el último año y tampoco ha servido de mucho la depuradora de la fábrica en la que Gil ponía el resto de las esperanzas.

El desquite

Jaime Blanco llevaba años esperando el momento de poder levantarse el estigma de ser el responsable de los males de Sniace, la etiqueta que le pusieron tanto Gil como los sindicatos, deseosos de encontrar una cara en la que personalizar los problemas de la empresa, y ha aprovechado el último recibo de la Confederación Hidrográfica del Norte para desquitarse. El argumento tiene difícil réplica: Tras los supuestos esfuerzos de Gil y Tocino, la Confederación, gobernada por el Partido Popular, no sólo no ha reducido el canon, sino que lo ha incrementado. El último año ha pasado una factura de 617 millones de pesetas, frente a los 525 de los anteriores.
Blanco ha sido tajante: “el PP ha mentido todos estos años anunciando una solución para el canon vía convenios con la Confederación y ha dejado una herencia muy difícil, porque se ha visto que la reducción del canon es imposible, al estar regulado por la Ley de Aguas y condicionado por las directivas europeas”.
La elevación del canon del último ejercicio es consecuencia de la mayor contaminación de Sniace, ya que ha sido autorizada por la Confederación a aumentar los vertidos hasta 35 millones de m3 al año, obviamente, incrementando la tasa.

Pocas salidas

La única salida para esta situación es, según el senador socialista, la eliminación gradual de los vertidos, porque ni siquiera con una transferencia de la gestión del canon a la comunidad autónoma podría reducirse la cuantía dado que, según Blanco, “es el resultado de una operación reglada, que tiene en cuenta el volumen de los vertidos y el grado de contaminación que generan”.
La fábrica de Torrelavega vuelve a enfrentarse así al problema que desde hace décadas condiciona su existencia: o resuelve el problema medioambiental o tendrá que acostumbrarse a competir añadiendo en sus costes el canon. Una solución esta última que, aunque llegase a ser económicamente viable, resultaría difícilmente admisible para los vecinos de la zona, que son los directos afectados por las emisiones, y especialmente los hosteleros que tienen sus negocios aguas abajo.
Prolongar la situación resultará aún más insostenible cuando la Administración pública concluya el saneamiento de la cuenca del Besaya, que va a costar más de 30.000 millones de pesetas. Es difícil que la ciudadanía asuma las ventajas de semejante desembolso, y mucho más que acepte el canon que a cada vecino se le va a cobrar por la depuración de sus vertidos, si las aguas de la Ría de Suances permanecen en la misma situación, porque las emisiones de Sniace suponen el 80% de la carga contaminante.
Blanco es partidario de que el canon acumulado hasta ahora se aplique en la recuperación ambiental de la zona, para respetar el espíritu de la Ley de Aguas, pero lo cierto es que las posibilidades de Sniace de pagar el canon que adeuda son pequeñas y menores aún las de que ese dinero se emplee en la zona. El Ministerio da por cumplidas sus obligaciones con las obras de saneamiento.