Minería informal

A pesar de la consideración tradicional de Burkina Faso como país ganadero y agrícola, con el descubrimiento de las riquezas presentes en el subsuelo burkinés, el potencial minero del país se ha disparado. El oro es el principal producto minero nacional y ocupa el primer lugar en valor de exportaciones, favorecido por los altos precios que ha alcanzado el mineral. A este metal precioso se une la explotación de otros recursos minerales, como manganeso, fosfatos, bauxita, cobre, níquel, plomo, zinc, piedra caliza y mármol.
La grave crisis alimentaria que vive la franja del Sahel, en el centro del continente africano, está empujando a los habitantes de Burkina Faso a trabajar en minas de oro artesanales, como alternativa a la agricultura, en la mayoría de los casos, pero también empujados por la codicia. Actualmente existen en el país más de seiscientas de estas minas, muchas de ellas ilegales pero toleradas por el Gobierno.
La minería del oro es también un importante negocio en Ghana y ha generado un grupo de propietarios que han amasado fortunas, que invaden a menudo con sus equipos las concesiones de otras compañías y, en ocasiones, se han enfrentado con los servicios de seguridad de éstas. En 1989, el Gobierno intentó legalizar este tipo de empresas y creó un permiso de minería para ellas, además de la Compañía de Minerales Preciosos, para comprarles su producción.
Este tipo de actividades mineras, que algunos denominan eufemísticamente como ‘minería informal’, provocan centenares de muertos todos los años, pues carecen de las adecuadas medidas de seguridad. Aunque, en esas circunstancias, la mayoría de los accidentes no son consecuencia de negligencia, sino de impericia, como así constata la propia legislación de Ghana al recalcar que sólo pueden trabajar en minería a cielo abierto, ya que no tienen los equipos y conocimientos para hacerlo bajo tierra. También les restringe el uso de explosivos, pues no disponen de expertos en esa materia.
Por contra, en España, nuestra secular tradición minera ha producido una cascada de generaciones de mineros altamente cualificados, hasta el punto de ser, a su vez, germen y cuna de maestros tuneleros, capaces de construir en nuestro país en el último cuarto de siglo una formidable red de túneles carreteros y ferroviarios.
Un denominador común de la minería informal es, además de las penosas condiciones de trabajo, las condiciones de vida fuera de la mina, en míseros, salvajes e insalubres poblados, donde los trabajadores están hacinados en barracas sin agua corriente ni electricidad y rodeados de basura.
Pero estas actividades no son exclusivas del continente africano y tampoco es infrecuente que este fenómeno de minería informal induzca la aparición de otras actividades ilegales, como la explotación sexual. En este sentido, son frecuentes las noticias de rescates de centenares de mujeres (casi siempre menores) sometidas a esta práctica en regiones de Perú en las que proliferan este tipo de explotaciones mineras.
Algo similar parece estar sucediendo con la minería del carbón en ciertos países, algunos de los cuales proporcionan este combustible a las centrales térmicas españolas productoras de electricidad, lo cual contribuye a agravar la situación del sector minero español del carbón, que no puede competir con los carbones importados, cuyo precio de venta es inferior a los costes de producción de las minas españolas. Así se entiende la delicada situación económica que atraviesan estas empresas y que han empujado a nuestros mineros a protagonizar contundentes acciones de protesta para tratar de evitar el cierre al que se ven abocadas las minas de nuestro país.
Con el propósito de tratar de paliar esta situación de competencia desleal que algunos de los minerales importados provocan en nuestro sector minero, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la creación de un sello de calidad para el carbón. El pleno de Estrasburgo votó favorablemente una resolución que pide al ejecutivo comunitario que establezca un mecanismo de control que impida la importación a la Unión Europea de productos mineros extraídos sin garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad.
Pero lo que es bueno para algunos tal vez perjudique a otros. Si la implantación de esa etiqueta de calidad resulta efectiva (está por ver cómo se articula ese control efectivo de las condiciones en que operan las minas de terceros países, quién, dónde y cómo se certifica), tal vez contribuya a mejorar las expectativas para el sector minero del carbón en España, si con ello cesan o se reducen sustancialmente las importaciones de carbón. Unas importaciones que, recordemos, se producen a través de puertos como el de Santander, que recientemente ha culminado la puesta en servicio de una gran instalación para la recepción de los carbones importados con el fin de mejorar las operaciones de manipulación de este mineral, que durante décadas han provocado notables molestias a los vecinos de Santander más próximos al Puerto. Con la nueva instalación portuaria han desaparecido, por fin, las nubes de polvo de carbón que invadían sus casas, especialmente en días de viento sur.
Lo malo de esa hipotética certificación, que favorecería la continuidad de las minas españolas de carbón es que se resentiría la actividad portuaria y, consecuentemente, la importante actividad económica que inducen los tráficos del Puerto.
Es lo que tiene la globalización, que produce estos vaivenes.