Mucha artillería contra la crisis y pocos resultados

Hace tres años, el Gobierno de George Bush decidió entregar a cada familia norteamericana contribuyente por IRPF un talón de mil dólares con la insólita recomendación de que se lo gastasen lo antes posible. Tan extraña decisión gubernamental tenía como objetivo reactivar la máquina del consumo, que parecía atascada después de haber llevado en volandas la economía. Que los sesudos economistas del Gobierno estadounidense pusiesen su confianza en una medida tan prosaica como repartir dinero por la calle daba que pensar pero nadie sacó la conclusión de que aquello era un síntoma de lo que se nos venía encima. Las familias habían llegado a un grado de endeudamiento que había secado por completo su capacidad de consumo, la presente y la futura.
Sin el combustible del gasto doméstico, la caldera de la economía empezó a renquear y al perder las inercias afloraron los problemas ocultos. A partir de ese momento, nada valía lo que el mercado estaba dispuesto a pagar por ello sólo unos meses antes.
El tsunami empezó por el sector inmobiliario estadounidense pero, a medida que pasaban los meses, la crisis se extendía por sectores y países y mutaba a velocidad de un virus.

La crisis llega a España

Como ya ocurrió en los años 70 con la primera crisis del petróleo, el hundimiento del mercado inmobiliario americano se vio en España con demasiada lejanía y un punto de superioridad. Vana ilusión, porque un año después llegaba con la misma o mayor intensidad a nuestro país. Cuando en EE UU la ola anogó el sistema financiero, los españoles seguimos confiando en nuestro aparentemente invulnerable mercado bancario. Pero, como en los años 70, la crisis acabó por colarse por todas nuestras rendijas y recovecos.
Entonces hubo que esperar muchos meses. Ahora, la globalización ha extendido la crisis por todo el orbe en un año. A medida que se veían involucrados –como España–, o meses antes, los países han ido poniendo en marcha todo tipo de medidas, cuyo resultado parece, por el momento mediocre, aunque no lo es tanto, si se tiene en cuenta que, tras el hundimiento de Lehman Brothers, el pasado septiembre estuvo a punto de quebrar todo el sistema financiero mundial y, al menos, se ha evitado una bancarrota colectiva de consecuencias incalculables. Si el gobierno conservador de Estados Unidos no se hubiese comprometido en ese momento a inyectar ayudas públicas ingentes en los bancos, contradiciendo su propia filosofía, las entidades financieras más prestigiosas del país hubiesen caído una detrás de otra como fichas de dominó.
Cuando unos días después, algún estado comunitario anunció por su cuenta de forma irresponsable que garantizaría todos los depósitos de sus nacionales, la catástrofe volvió a planear, pero esta vez sobre el sistema bancario europeo. De no haber salido todos los gobiernos en tromba a dar las mismas o parecidas garantías, las retiradas masivas de dinero hubiesen provocado la quiebra inmediata de los bancos más solventes.
Conservadores y demócratas norteamericanos llegaron a la conclusión de que no había más salida que financiar un colosal plan de rescate bancario con 700.000 millones de dólares para liberar a los bancos de los activos tóxicos, es decir de todas aquellas hipotecas que nunca se pagarían y las inversiones de ellas derivadas.
El paso desde los atrabiliarios mil euros por familia americana –que fueron copiados en España por los 400 euros de Zapatero– a la garantía de los depósitos o al mayor plan de rescate de la historia con dinero público va un trecho corto en el tiempo pero muy notable en la importancia de las medidas. A partir del momento de máximo riesgo, en septiembre, los acontecimientos se han precipitado y más en España, donde todavía en el verano pasado discutíamos si estábamos en crisis o no.

Avalancha de medidas

Las medidas han ido surgiendo en catarata, de forma que hoy resulta trabajoso recopilar todas las que se han puesto en marcha para atajar el problema. Tantas como nunca antes se dieron y tan diversas como la imaginación puede alcanzar. ¿Pero son suficientes? Y, sobre todo, ¿son eficaces?
Si nos atenemos a la evolución del PIB, en España la crisis es menos dramática que en otros países, porque todavía el pasado año creció un 1,2% de promedio anual, si bien es verdad que eso es producto exclusivo del primer semestre, puesto que en el segundo el país entró en recesión. De acuerdo con este mismo parámetro, en Cantabria las cosas están aún un poco mejor, dado que el PIB creció en 2008 un 1,4%.
Sin embargo, si echamos mano de las cifras del paro, la evolución es mucho peor, realmente catastrófica, ya que avanza más deprisa que en ningún otro país europeo y pronto alcanzaremos los cuatro millones de desempleados, una cifra histórica, aunque represente una tasa de paro inferior a la de los años 80, dado que ahora hay casi el doble de cotizantes a la Seguridad Social.
Sólo hay un país desarrollado donde la evolución del desempleo sea ligeramente parecida, Estados Unidos, donde el paro se ha disparado a 12,5 millones de personas.
¿Hay algo que justifique la peor evolución de España en este terreno? A la vista de lo ocurrido en las décadas pasadas, lo único evidente es que nuestro país no es capaz de crear empleo con tasas de crecimiento inferiores al 3%, mientras que otros lo consiguen a partir del 2 o del 2,5%. En cuanto el PIB pierde ese suelo, el país vuelve a destruir empleo y el Gobierno sabe que no tiene muchos mecanismos para resolver este problema que, en opinión de los empresarios se aliviaría con el despido gratuito, aunque esta tesis cada vez la defienden con menos ardor. Incluso el PP, por boca de Cristóbal Montoro se ha apartado radicalmente de ella.

Alivio para los ayuntamientos

El Gobierno ha optado por una solución coyuntural, el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros, para hacer pequeñas obras en los ayuntamientos. La iniciativa viene a resolver varios problemas a la vez, aunque ninguno de forma definitiva, por lo que sólo dará todo su resultado potencial si la crisis dura poco, lo que no parece que vaya a ocurrir.
Por una parte, va a permitir que los ayuntamientos se muevan, ya que su situación financiera es tan grave que a día de hoy no pueden aspirar a dar otro servicio a los contribuyentes que los meramente burocráticos y aquellos que se pagan directamente por tasas o precios públicos, como el agua o la recogida de basuras. Una vez que las licencias de obras han dejado de generarles ingresos, su escasa capacidad de hacer inversiones está completamente agotada. Santander, por ejemplo, sólo ha podido presupuestar este año la modestísima cantidad de 1,2 millones de euros para todas las aceras y acometidas de la ciudad.
Con el Plan gubernamental se van a hacer muchas pequeñas obras que revitalizarán el papel de los ayuntamientos; va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y necesitan mucha mano de obra. Por tanto, van a emplear durante unos meses a varios cientos de miles de personas en paro procedentes de la construcción, que no son fácilmente reciclables para otros sectores, en el supuesto de que algún otro se hubiese librado de la crisis y pudiera acogerles.
La misma estrategia de obras la han aplicado las comunidades. Cantabria ya puso en marcha el pasado año un plan especial de carreteras de inmediata ejecución para reactivar el sector de la construcción, aunque las empresas de obras públicas no están tan afectadas como las dedicadas a la construcción de inmuebles.
Esta estrategia tampoco es muy distinta a la de otros lugares y países. Por ejemplo, en Italia, Berlusconi ha puesto en marcha un Plan de Infraestructuras dotado con 17.800 millones de euros, entre las que ha incluido el Puente de Mesina, que será el mayor del mundo.

Endeudamiento frente al descenso de ingresos

Estas medidas son voluntariosas y probablemente eficaces, pero de corto recorrido, ya que no pueden repetirse. El Gobierno cántabro aceleró el pasado año los gastos para sobrestimular el mercado pero, como es obvio, lo que se gastó en el primer semestre, no lo pudo volver a gastar en el segundo, con lo cual la eficacia es muy relativa.
Es cierto que aún le quedaba el grueso de la artillería. Puesto que anteriormente apenas se había recurrido al endeudamiento, para el presupuesto de 2009, y ya con el permiso del Ministerio de Economía, que no puede mantener las ataduras, Cantabria ha podido echar mano de los créditos para disparar el nivel de gasto. Pero esa es la teoría. La realidad es que al reducirse bruscamente los ingresos fiscales por Transmisiones y por IRPF a consecuencia de la crisis, entra mucho menos dinero, por lo que ni siquiera endeudándose se puede gastar mucho más. Su vehículo para conseguirlo puede ser el ICAF, con el que ha empezado a movilizar, también, inversión privada.
El abanico de medidas adoptadas por el sector público ha sido mucho más amplio que la mera multiplicación de las obras. El Gobierno español ha lanzado tantos paquetes anticrisis en el último año que cuesta sistematizarlos, desde el abaratamiento de los aranceles de las hipotecas a las líneas de liquidez para pymes, pasando por dos tipos de apoyo para los bancos y cajas: las subastas de activos y los avales.
En España no ha sido necesario, por el momento dar ayudas al sistema financiero o que el sector público tome parte de su capital. A excepción de la intervención de la Caja de Castilla la Mancha, el Estado se ha limitado a inyectar dinero en el sector que debe ser devuelto y, en teoría, con intereses.

Nacionalizaciones y subvenciones ingentes en otros países

En otros países se han entregado grandes cantidades de dinero a los bancos a fondo perdido o como participaciones en el capital. Naciones tan liberales como EE UU, Gran Bretaña, Bélgica u Holanda no han tenido empacho alguno en nacionalizar bancos y, aunque eso ha evitado una caída en cadena, ni siquiera esa medida ha restablecido la confianza en sus sistemas financieros. Irlanda e Islandia, que parecían inmunes a las crisis por su velocidad de crecimiento y transformación en los últimos años han sufrido un tropezón de tal calibre, al quebrar su sistema financiero, que tardarán mucho tiempo en recuperarse.
La estrategia sencilla, pero aparentemente eficaz, de salvar un sector con dinero público ha provocado lo que cabía esperar. Como cualquiera que saque la billetera a la puerta de una iglesia dispuesto a aliviar la situación de algún indigente, pronto se ha formado cola. Y a la cola no se han puesto los más humildes, sino los tres gigantes de la industria automovilística norteamericana: General Motors, Ford y Chrysler. Ante el peligro de hundimiento inminente de los tres, de nuevo el Capitolio estadounidense tuvo que aflojar la cartera, eso sí, después de forzar a los jefes de estas compañías a un ejercicio de humildad, exigiéndoles que volviesen con un plan de viabilidad creíble, y con menos arrogancia, así que para el siguiente viaje a Washington ninguno de los tres se atrevió a ir en su jet privado sino que hicieron el largo camino en coche.
Con los deberes hechos o sin ellos, el resultado del Plan para los constructores de automóviles no parece muy satisfactorio: General Motors perdió 30.900 millones de dólares el año pasado y aunque el Gobierno le dio 13.400 millones para tapar agujeros, la compañía vuelve a estar en trance de quiebra. Ahora pide 16.400 millones más para evitarlo.
En España no se han tomado medidas parecidas por el momento. El Ministerio de Industria se ha limitado a dar ayudas indirectas al sector, cuyo resultado es muy dudoso, y las autonomías ya empiezan a destaparse. Castilla-León, que teme muy seriamente la desaparición de la planta Renault en Valladolid, va a facilitar liquidez a sus industrias de automoción por importe de 411,6 millones de euros.
En Cantabria las ayudas a la empresa privada van a ser más sutiles e imaginativas. El Gobierno se va a valer del nuevo Instituto Cántabro de Finanzas para empujar a los bancos y cajas a soltar sus créditos, aumentando las garantías de la línea ICO. De esta forma, las entidades financieras no debieran temer por los riesgos de impago, ya que el sector público se hará cargo de la morosidad que exceda la que tuvieron el pasado año, al menos hasta el 7,5%. La medida puede ser muy eficaz pero excluye a las empresas que ya están en crisis, donde el riesgo es muy alto.
Otra medida innovadora –y ya resulta muy difícil innovar en un terreno donde cada gobierno nacional y cada autonómico ha echado mano de todo lo que se le ha ocurrido– es la toma de razón. Esta figura jurídica permite que cualquier empresa adjudicataria de una obra libere de inmediato en cualquier banco o caja la totalidad de la cuantía del contrato, sin esperar a las certificaciones. Lo que no está previsto es que quien cobre pague con la misma celeridad a sus proveedores y subcontratistas, aunque sí es probable que el dinero sirva para pagar a los que adeudaba de obras anteriores, que tampoco vendrá mal.

El dinero ya no llegará a chorros

El Estado es el que más carne en el asador ha puesto pero no ha conseguido que los bancos pongan de inmediato en el mercado el dinero que han recibido. El problema es complejo, ya que la economía española ha funcionado en estos últimos años con el ahorro que llegaba de fuera. La banca nacional había concedido créditos por importe de 2,2 billones de euros, a pesar de tener sólo 1,5 billones en depósitos. Estos 700.000 millones de euros (un importe superior al gigantesco plan de rescate de EE UU) los habían obtenido en otros países, gracias a las garantías de España como país y al hecho de que en los mercados excedentarios tampoco había destinos mucho mejores para el dinero.
Pero esas fuentes se han secado y ya no solo no envían dinero para invertir en España, sino que, a medida que se cumplen los plazos, hay que devolvérselo. Por eso, los bancos están utilizando la liquidez que les aporta el Gobierno para hacer frente a estos pagos.
De fuera ha dejado de llegar el dinero a chorros, pero al menos hay una medida exterior que empieza a notarse. El aumento de ventas de coches en Alemania y otros países centroeuropeos, como consecuencia de las subvenciones a los compradores han dado una alegría a los fabricantes españoles de componentes, los primeros en notarlo. Y es que alguna de las muchas medidas anticrisis acabará por dar resultado. Lo que no se sabe es dónde ni cuál.