Un crecimiento engañoso

Con un crecimiento entre el 7,5% y el 8% en el sector cántabro de la construcción, cabría hablar de euforia. Aunque esté ligeramente por debajo de la evolución nacional, (8,5%) el ritmo de avance sólo tiene parangón en los años finales de los 80. Sin embargo, los constructores no están contentos. Es más, aseguran que no hay obras suficientes y las empresas se ven forzadas a disputarse las que salen a subasta a golpe de bajas descarnadas. La queja está justificada. Mientras que el sector inmobiliario se dispara, la obra pública sigue sin remontar y el Ministerio de Fomento parece más ocupado en presentar las cifras de gasto de la forma más optimista posible que en las propias obras. Y es que no resulta fácil explicar cómo con los 1.500 millones de pesetas presupuestados para el año que viene se pueden poner en funcionamiento la mayor parte de los tramos de la Autovía de la Meseta, una obra que requerirá al menos 100.000 millones de pesetas.
La escasa actividad pública no es mal exclusivo de la Administración central. También en la regional y, sobre todo, en los ayuntamientos, se ha convertido en costumbre que el grueso de las obras se realice en los dos últimos años de cada legislatura. El resultado de 1999 ha sido un fuerte descenso de la obra pública en Cantabria que SEOPAN, la patronal nacional de las grandes constructoras, ha evaluado en nada menos que un 49%.

Decepción

Para el 2000 las perspectivas eran mucho más optimistas, hasta que se han conocido los presupuestos estatales. De los 27.000 millones de pesetas que el Ministerio de Fomento invertirá en Cantabria el año próximo, 16.000 son para pagar obra ya realizada por el sistema alemán, por lo que el crecimiento con respecto al año anterior es más teórico que real.
Por lo general, los adjudicatarios de estas grandes obras nunca son empresas locales, pero eso no significa que no resulten afectadas. Muchas de ellas trabajan como subcontratistas o proveedoras y sufren las consecuencias. Las que pueden complementar esta actividad con la inmobiliaria han capeado bien el bajón en la actividad estatal; el resto se ha refugiado en las obras regionales que aún siendo importantes no son suficientes para crear un escenario desahogado.
Según los datos de SEOPAN, la licitación de obra pública en Cantabria fue el año pasado de 45.433 millones de pesetas (- 49%) lo que nos coloca entre las comunidades que menor volumen de obras pusieron en marcha junto a Navarra, Baleares y La Rioja, algo que choca con la concentración de inversiones que suele acompañar la condición de Objetivo 1 que Cantabria tenía, todavía, el pasado año.
Resulta más sorprendente aún que en el Estado haya realizado un volumen de obra pública muy superior antes de que la región entrase en el Objetivo 1 y el primer año con esta consideración que posteriormente, lo que también contradice la idea de que el Gobierno de Madrid castigaba a Hormaechea reduciendo las inversiones en la región. Los datos del propio Ministerio de Fomento (cuadro de la página 38) reconocen un fuerte descenso en las inversiones a partir de la llegada del PP al Gobierno nacional en 1995 hasta el punto que en 1996 (12.000 millones) fueron apenas la tercera parte de las que el Ministerio de Obras Públicas realizó en 1993.
Las restricciones han sido consecuencia de los ajustes presupuestarios realizados por el país para cumplir los criterios de entrada en el Mercado Unico y, posteriormente, del Plan de Estabilización, pero han afectado a Cantabria con mayor rigor que a otras regiones.
Esta circunstancia se tradujo en un parón muy significativo en la Autovía del Cantábrico y en un remolón comienzo de la que debe unirnos con la Meseta. Una vez que el PRC empezó a dar las primeras muestras de alarma, las obras han tratado agilizarse recurriendo al sistema de pago aplazado, pero a tenor de lo que se comprueba para el ejercicio del 2001, el avance de un año se convierte en menoscabo para el siguiente, cuando hay que hacer el pago.

Poca inversión municipal

La dependencia que tiene la región de la obra pública estatal es muy fuerte si se compara con otras autonomías y eso produce oscilaciones muy importantes. Mientras que, en el conjunto del Estado son los gobiernos regionales los que hacen la mayor inversión en obras públicas (31% el año pasado), a continuación el Ministerio de Fomento (30,5%) y una distancia no muy amplia los ayuntamientos, (24,9%) en Cantabria la capacidad real de inversión de los ayuntamientos es muy baja y eso distorsiona el cómputo. La Administración regional no es capaz de superar al Ministerio en capacidad inversora, pero el auténtico problema endémico, sobre el que merecería la pena reflexionar, es la crónica asfixia financiera que padecen nuestras corporaciones locales que no son capaces de generar ingresos recurrentes y, ni siquiera utilizando el suelo con un espíritu mercantilista que desata la especulación, son capaces de alcanzar un volumen razonable de inversión.
La Consejería de Obras Públicas invirtió el pasado año 12.400 millones de pesetas, de los cuales las tres cuartas partes se emplearon en el Plan de Carreteras. Si se tiene en cuenta que esas obras salieron a licitación en 9.304 millones de pesetas y se adjudicaron en 7.679 millones (una baja media del 17,5%) puede comprobarse la agresividad con que las empresas han de seguirse disputando la escasa cartera de trabajo.