Confidencial
Una Escuela universitaria sin paternidad
La inauguración del curso en la nueva Escuela de Fisioterapia de Torrelavega no contó con la presencia de ninguno de los miembros del Gobierno responsables de esta materia. Ni la consejera de Educación ni la de Sanidad respaldaron con su presencia la puesta en marcha de esta titulación, lo que revela un cierto mar de fondo en la forma en que se ha implantado la nueva carrera, a propuesta de una empresa privada cuyos títulos la Universidad de Cantabria ha decidido reconocer, no sin una cierta contestación interna.
LA OID GANA UNA BATALLA EN LA LARGA GUERRA DE LOS CUPONES
Dionisio González, fundador primero de PRODIECU y más tarde de la OID es un problema de primer orden para la ONCE desde hace casi veinte años. Con su actual organización, González ha roto en la práctica el monopolio del juego que el Estado concedió a los ciegos y, provisto de un ejército de abogados, gana batallas legales, para desesperación de la ONCE que no ve la forma de retirar del mercado a su audaz competidor. La última ha sido la devolución por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera de Cantabria de unos boletos que le fueron incautados tiempo atrás. La Audiencia Nacional estimó que la OID no cometió delito al emitirlos y ponerlos a la venta.
SIFER SE ASENTARA EN HERAS
El almacenista e importador de madera Sifer ha comenzado los trabajos de cimentación de una nave en el polígono de Heras (Medio Cudeyo), donde cuenta con una parcela de 8.000 metros cuadrados. Sifer adquirió el terreno hace tres años y podría optar por trasladar sus instalaciones de Raos, donde la empresa maderera está asentada desde su llegada a Cantabria en 1986. Las nuevas naves duplicarán el espacio del que Sifer dispone en la actualidad.
Tensiones en raos
La decisión de la Autoridad Portuaria de imponer un canon a los empresarios que ocupan el polígono industrial de Raos ha creado un notorio malestar entre éstos, que nunca antes habían pagado tasa alguna al Puerto.
Los propietarios de las naves han reaccionado creando una asociación para la defensa conjunta de sus intereses y van a emprender acciones judiciales para oponerse a la intención de la Autoridad Portuaria, titular de ese suelo público ganado a la bahía mediante rellenos.
Este conflicto se añade a las modificaciones introducidas por la Ley de Costas al régimen de concesión que regula su permanencia en ese suelo. La duración original de estas concesiones era de 99 años, pero la Ley de Costas de 1988 adelantó la caducidad de los derechos a un máximo de 30 años a partir de su publicación, lo cual supone que a partir de 2018 los terrenos retornarán al sector público, aunque otros criterios estiman que el plazo legal se extiende hasta el 2025.
La situación de este polígono siempre ha sido algo confusa, ya que el Estado lo entregó en concesión en 1968 a la sociedad Actimarsa a título gratuito, a cambio del relleno de la marisma y de su urbanización. Esta sociedad vendió el terreno en parcelas a sus actuales ocupantes y cuando han sido necesarias tareas de mantenimiento se ha originado la polémica. Los negocios que allí se han instalado han pretendido que el Puerto o los ayuntamientos de Camargo y Santander, sobre los que se asienta, realizasen las tareas de conservación y el Puerto ha considerado una paradoja insostenible tener que hacerse cargo de aquello que dio gratis a cambio, precisamente, de que el beneficiario de la concesión hiciese esas tareas.
La confusión se produce por el hecho de que se autorizó al concesionario a vender las parcelas y los actuales propietarios, en muchos casos, nunca fueron conscientes de las obligaciones contraídas con anterioridad.
