¿Pelotazo o chollo para el Gobierno?

¿Público o privado? ¿Pelotazo o proyecto de interés social? Aparentemente son términos contradictorios, pero todos ellos se han manejado con respecto al proyecto de Ingenor de construir dos grandes polígonos industriales en las proximidades de Santander, uno de ellos en Bezana y otro entre Villaescusa y Piélagos. Ignacio Diego, candidato del PP a la presidencia del Gobierno regional, ha calificado a la ingeniería como una mera especuladora pero, en realidad, Ingenor sólo se ha reservado un papel, la dirección de los proyectos de construcción de las empresas que se instalen. La promoción de los polígonos sería realizada por las propias empresas, en régimen de cooperativa.
Los psires han pasado del cielo al infierno en la valoración de quienes los idearon y puede que aún den muchas vueltas más. Y de esa sombra de sospecha que ha extendido el PP no se libran tampoco los dos que está preparando la iniciativa privada, en este caso la ingeniería Ingenor, dirigida por Luis Porcelli. Ingenor ha reunido en pocos meses un gran número de empresas interesadas en comprar suelo industrial en las cercanías de Santander y cuando ha contado con varios centenares de adhesiones al proyecto se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para solicitarle el amparo urbanístico del PSIR con la intención de llevarlos a cabo de forma privada.
A pesar de que se trata de la misma fórmula que se ha utilizado para desarrollar el suelo de Orejo donde se construye la fábrica de fibroyesos GFB, y que no ha tenido objeciones, el PP ha considerado que la pretensión de Ingenor sería un pelotazo urbanístico amparado por el Gobierno y Porcelli sostiene que Ignacio Diego tira por elevación, con la intención de desgastar al Ejecutivo. Claro que la propia Ingenor tampoco se libra de la munición verbal de grueso calibre empleada por el ex alcalde de Astillero, ya que es acusada de estafar a los empresarios embarcados en el proyecto por haberles cobrado un euro por metro cuadrado a cambio de representar sus intereses.
La realidad es que Ingenor no es la propietaria del suelo ni lo va a ser, dado que los polígonos se ejecutarían en un régimen cooperativo entre los empresarios que se sumen a la iniciativa, que son ya 430. Eso no quiere decir que Ingenor esté al margen, ya que su papel es convencer al Gobierno de que al declarar estos proyectos de interés regional va a propiciar un volumen de inversión muy elevado (unos 400 millones de euros), lo que dará lugar a la creación de miles de puestos de trabajo y no le costará nada. Frente a lo que ocurre con los polígonos públicos, en este caso serán los propios empresarios los que autopromuevan la urbanización.
En opinión de Porcelli, esta fórmula es mucho más ágil que la promoción pública, más barata, puesto que la Administración no aporta dinero, y excluye la posibilidad de pelotazo, al contrario de lo que Diego sugiere, dado que no hay intermediarios y las parcelas son promovidas por quien será su destinatario.
Eso no quiere decir que Ingenor no rentabilice su idea, pero no va a ser precisamente a través del euro por metro cuadrado que han pagado las compañías interesadas por gastos de gestión. La ingeniería está en el origen de la iniciativa, ha buscado las empresas para llenar los dos polígonos y está preparando los proyectos técnicos que se van a presentar al Gobierno. Si no consigue su aprobación, habrá perdido el tiempo y el esfuerzo empleado y tendrá que devolver, descontados los gastos, el euro/m2 que ha cobrado a cuenta por las gestiones para sacar adelante el proyecto. Si lo consigue, se reservará la dirección de los proyectos de urbanización y de construcción de las futuras naves. En ese trabajo de ingeniería estará su negocio y no en la compraventa de los terrenos, que sería realizada directamente por los cooperativistas.

El Gobierno se tienta la ropa

El Gobierno había acogido con interés la iniciativa y no sólo porque le libra de la responsabilidad de tener que hacer él mismo los polígonos, con la inversión que eso supone, sino por la abultadísima relación de empresas que ha recolectado Ingenor en pocos meses. Tantas que la necesidad de suelo industrial en los alrededores de Santander y el potencial económico que puede tener la construcción de los dos polígonos quedarían patentes incluso en el caso de que sólo llegase a sustanciarse una de cada cuatro solicitudes.
No obstante, el clima de sospecha que el PP ha creado sobre el proyecto han forzado al consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, y al Consejero de Industria, Miguel Angel Pesquera, a tomar distancias y asegurar que el Gobierno no tiene nada que ver con el proyecto, ni nada comprometido. Unas respuestas calculadamente ambiguas porque, efectivamente, no tiene relación directa, ya que serían de iniciativa privada, pero tampoco puede ser ajeno, porque sin la declaración de PSIR difícilmente podrán salir adelante, si se tiene en cuenta que en el entorno de Santander no hay ningún suelo que pueda desarrollarse industrialmente a corto plazo y mucho menos del tamaño que se necesita.
Ingenor ha propuesto dos emplazamientos: la zona de propietarios privados del Area Piélagos-Villaescusa y unas amplias mieses de Bezana, muy cercanas al futuro Parque Tecnológico de Santander. El primero, por ser contiguo con el polígono público proyectado por SICAN podría ser promovido conjuntamente, según Porcelli, y reúne nada menos que 2,1 millones de metros cuadrados, de los cuales 1,3 pueden ser dedicados a suelo industrial y el resto a zona de recuperación ambiental. El segundo, por sentido común, debiera haberse podido ubicar frente al Parque Tecnológico, pero ha sido necesario trasladarlo hasta terrenos colindantes de Bezana por la falta de interés del Ayuntamiento de Santander, al calificar ese suelo como residencial, destinándolo a la construcción de miles de viviendas que deberán convivir con el futuro polígono industrial.