Cantabria no recibirá nada de la espectacular herencia

Calcular la fortuna que deja Emilio Botín es casi imposible, pero saber qué parte de ella va a recibir Hacienda como consecuencia de su fallecimiento es más fácil: prácticamente nada. Se da la circunstancia de que en Madrid, donde estaba domiciliado, Esperanza Aguirre introdujo una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones. Años más tarde, Ignacio Diego hizo lo mismo en Cantabria al extender la exención que ya dejaron sus antecesores a las grandes fortunas. Como resultado, presenten donde presenten la liquidación, los herederos de Botín pagarán un 0,34% del valor de una herencia que hoy por hoy nadie puede estimar.
Si se diesen por buenos los calculos de la revista Forbes, que parecen muy inferiores a la realidad, el presidente del Santander poseía 2.200 millones de euros en 2007, pero en 2012 su patrimonio había descendido a 850 millones de euros como consecuencia de la crisis y del reparto de gran parte de sus acciones entre sus hijos, de forma que la Hacienda madrileña o la cántabra habrán perdido unos ingresos de entre 300 y 700 millones de euros.
Que el fallecimiento de un solo contribuyente resuelva de un plumazo una parte significativa de los problemas financieros de una comunidad autónoma es casi inimaginable, pero puede ocurrir si ese contribuyente se encuentra entre las mayores fortunas del mundo y si esa comunidad tiene el tamaño de Cantabria. Botín era el primer accionista individual del Banco Santander, cuyo tamaño es tal que solo con lo que paga por Impuesto de Sociedades podría mantenerse toda la Administración cántabra, con sanidad y educación incluidas. Pero el Impuesto de Sociedades va a parar a las arcas del Estado. La región solo puede aspirar al Impuesto de Sucesiones, pero en este caso no va a ir a parar a nadie, porque las dos comunidades que podrían disputárselo, Cantabria y Madrid, han bonificado la tarifa estatal en un 99%, una forma sutil de anular su efecto.
Esperanza Aguirre fue la primera en tumbar el impuesto utilizando la competencia moduladora de las tarifas que se le había atribuido a las autonomías y muchas otras regiones tuvieron que tomar decisiones parecidas, al comprobar que se estaba produciendo la huida de los contribuyentes más importantes.
Cantabria, durante el gobierno de coalición PSOE-PRC optó por exonerar del impuesto a la mayoría de los contribuyentes y dejarlo únicamente para los grandes patrimonios. Ignacio Diego tenía comprometido con la patronal de la Asociación de la Empresa Familiar la extensión de estas bonificaciones a las grandes herencias y a su llegada al poder no tardó en hacerlo. Para justificarlo, el Gobierno extendió entre la opinión pública la idea de que estaba retirando un impuesto injusto que afectaba al patrimonio construido en vida con el sacrificio de muchas familias modestas cuando, en realidad, todas estas estaban ya exoneradas de pagar.

El pleito por la herencia de su padre

Ninguna otra decisión fiscal del Gobierno va a tener tanta repercusión económica para las arcas regionales, si bien en esta ocasión hubiese costado demostrar que Emilio Botín residía en Cantabria al menos 180 días al año, el argumento que la comunidad utilizó para ganarle a la de Madrid la herencia de su padre. Emilio Botín Sanz de Sautuola había trasladado su residencia a la capital cuando el alcalde Juan Hormaechea introdujo un recargo sobre el Impuesto sobre la Renta para que los santanderinos sufragasen el agujero creado en las arcas municipales. Sin embargo, a su fallecimiento, la familia se prestó a que la herencia se pagase en Cantabria, siempre que se aceptase la declaración de bienes que presentaban y que daba como resultado una liquidación de 6.023 millones de pesetas.
Aquella declaración pasó a la caja fuerte de la Consejería de Hacienda de Cantabria, alejada de los ojos de funcionarios curiosos pero, ante la reclamación presentada por la Comunidad de Madrid, se inició un proceso legal en el que colaboraron activamente los servicios jurídicos del Santander. Varias personas atestiguaron que el banquero pasaba más días en su residencia santanderina que en la de Madrid y en el año 2000 finalmente Cantabria se salió con la suya, con una plusvalía añadida. Como consecuencia del trabajo de los inspectores de Madrid, la cuantía declarada por la familia acabó siendo revisada al alza y la liquidación a la Hacienda cántabra superó los 10.200 millones de pesetas, equivalente al 7% de los presupuestos regionales de ese año.
La herencia de su hijo podía haber deparado cantidades aún mayores si Cantabria o Madrid hubiesen mantenido el Impuesto de Sucesiones en los tipos fijados por el Estado. De hacer caso a la última valoración del patrimonio que publicó la revista Forbes en 2012 (850 millones de euros), la familia hubiese tenido que ingresar a Hacienda unos 300 millones.

Cálculos poco realistas

La fortuna, en realidad, es bastante mayor. Forbes hace sus cálculos básicamente a partir de las participaciones accionariales más relevantes, y no ha sido consciente, por ejemplo, de los 2.000 millones de euros aparecidos en una cuenta en Suiza propiedad de los hermanos Emilio y Jaime Botín, que fue regularizada el pasado año tras el pago a Hacienda de 200 millones de euros. Un patrimonio que, según la familia, provenía de unos depósitos que realizó su padre en el país helvético al inicio de la posguerra. Es evidente que Emilio Botín poseía, además, otras propiedades, aunque nunca se hayan divulgado sus inversiones e inmuebles, más allá de los palacetes de Santander o Puente San Miguel, el Hotel Real o la finca cinegética de 11.000 hectáreas de Ciudad Real donde no falta ni aeropuerto.