¿De dónde sacar el dinero?

El órdago de Rajoy ante Bruselas al anunciar que no cumplirá el objetivo de déficit comprometido y la decisión de la Fundación Colegios del Mundo de dar carpetazo a su proyecto de Comillas han sido acogidos con un enorme alivio por el Gobierno regional. No es para menos, porque ni siquiera con el durísimo plan de recorte del gasto y de subida de impuestos presentado por Ignacio Diego dos semanas antes era posible garantizar que habría dinero para acabar el año.
La recaída en la actividad económica y el durísimo repunte del paro desde septiembre provocan que las medidas de ahorro siempre se queden cortas, cuando cada vez se ingresa menos. Y eso origina un problema difícil de trasladar a la opinión pública: se generaba déficit cuando se gastaba mucho y se sigue generando déficit cuando no se gasta nada. El auténtico nudo de la cuestión hace tiempo que dejó de estar en los gastos, donde apenas queda margen de recorte, y pasó a estar en los ingresos.
La receta que el Gobierno de Rajoy ha dado a las autonomías que controla –casi todas– pasa por una subida generalizada de impuestos, la aplicación del céntimo sanitario sobre los combustibles y un recorte de los gastos corrientes, si no se quiere tocar el núcleo duro de las prestaciones en sanidad y educación. Es fácil comparar las medidas que se han tomado en las distintas regiones, para comprobar que muchas de ellas están calcadas. Y también es fácil sacar la conclusión de que las únicas que tienen auténtica capacidad de ahorro son las que afectan a las plantillas de sanitarios y docentes y también son las más polémicas. Otras servirán para racionalizar el gasto, como la centralización de las compras, o para comprometer a todos en los ahorros, aunque sea apagando las luces al salir.

Muchos cambios legislativos

El Gobierno tendrá que aplicarse a fondo para hacer efectivo ese paquete de medidas. Tanto que prácticamente se verá obligado a redactar una nueva ley de acompañamiento de los Presupuestos, derogando la que entró en vigor hace apenas dos meses. En algunos casos, como en la suspensión temporal del Consejo Económico y Social, tendrá que recurrir a hacer una ley específica, en la que se dará la curiosa paradoja de que el CES tendrá que informar sobre su propio destino.
El céntimo (o en este caso los casi cinco céntimos) sanitario plantea muchos problemas prácticos en la devolución a los colectivos exentos (transportistas, agricultores y pescadores) o a los transportistas de otras regiones. Mientras estuvieron en el Gobierno, los socialistas estudiaron su implantación –con una cuantía bastante menor– y optaron por desistir, a la vista de que las dificultades que planteaba su aplicación y su coste político no llegaban a compensar la recaudación que podía obtenerse. Para conseguir los mismos ingresos, les resultaba bastante más sencillo evitar la exención del Impuesto sobre Sucesiones a las grandes herencias y así lo hicieron. Diego ha optado por hacer exactamente lo contrario: unas pocas semanas después de haber ampliado la exención del Impuesto a las grandes herencias y haber rebajado el impuesto sobre el juego en bingos y casino, ha implantado el impuesto sobre el combustible y lo ha hecho en su grado máximo.

La brecha no se cierra

Desafortunadamente para el Gobierno, sus problemas económicos no se resuelven con los 157 millones de euros que calcula llegar a recaudar o ahorrar con este paquete de medidas. Si se tiene en cuenta que el propio Diego aseguraba al presentarlas que sus antecesores gastaban 300 millones más al año de lo que ingresaban y que él consignó la misma cifra de gastos en los Presupuestos aprobados en diciembre, se necesitará bastante más para rellenar la brecha. Es sintomático que unos días después reconociese que quizá sea necesario otro nuevo paquete de ajustes. Ante este horizonte, no deja de sorprender que unas pocas semanas antes, el Gobierno justificase la retirada del impuesto sobre las bolsas de plástico por su “afán recaudatorio”.
Tampoco ha resultado fácil tener que desdecirse de todos los argumentos empleados durante años contra el canon del agua o el tener que aumentarle la tasa de basuras a los ayuntamientos, que no pasan por sus mejores momentos y serán quienes tengan que aplicárselas a sus vecinos, lo que no siempre consiguen.

Conflictos sociales

La reducción de gastos es más probable de alcanzar en los términos previstos que el aumento de ingresos pero es no menos costosa políticamente, puesto que agravia a grandes colectivos con capacidad de respuesta en la calle, como los sanitarios o los profesores.
El aumento de las jornadas servirá para reducir muchas contrataciones de sustitución, un camino que ya se había iniciado en los dos últimos años con un control más exhaustivo de las bajas, cuyas proporciones eran insólitas si se comparan con las que se dan en las empresas privadas. El anterior Gobierno ya impidió la contratación de sustitutos para cubrirlas y eso tuvo un efecto inmediato, dado que son los compañeros quienes se ven obligados a asumir la carga de trabajo de los absentistas que, conscientes de ello, adoptan una actitud más responsable.
El PP da una nueva vuelta de tuerca para reducir estas contrataciones, al ampliar la jornada laboral de sanitarios y enseñantes, lo que equivale a amortizar unos 600 empleos, cubiertos interinamente. Una parte de estos trabajadores ya está siendo advertidos de que no se les renovará.

Dudas

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno deja más dudas que certidumbres. No aclara cómo se afrontará el crédito extraordinario para pagar la deuda acumulada con las farmacéuticas (261 millones de euros), lo que llama ‘las facturas del cajón’ y que en realidad han permanecido en un epígrafe de gastos a regularizar, en el mismo en el que se han seguido metiendo en el segundo semestre de 2011, cuando ya gobernaba el PP.
Más complicado es entender la contradictoria decisión de recortar todas las partidas de subvención aprobadas en los Presupuestos de 2012 o anunciar con toda crudeza que “no hay un euro” y, sólo unos días después, dar a conocer un plan de medidas para dinamizar una decena de sectores empresariales dotado con 200 millones de euros. Unas actuaciones que, en el mejor de los casos, se esperaban para el momento en que finalmente se den a conocer los ejes estratégicos de la región, sobre cuya elaboración Diego ha hablado en varias ocasiones.
Ni siquiera es seguro que puedan rescatarse los 58 millones de euros que iban a ir destinados a la construcción de la sede de Colegios del Mundo en Comillas, un proyecto que acaba de anularse a petición de la propia Fundación, en un curioso cambio de papeles, ya que, tras la toma de posesión de Ignacio Diego, era el presidente de Cantabria el renuente a invertir esta cantidad en el proyecto. Será el financiador, el Banco Europeo de Inversiones, el que diga si acepta o no cambiar el destino del dinero.