El PRECIO DE LA LEGALIDAD

El 5 de agosto, a las 10 de la mañana, comenzó la demolición de las 214 viviendas ilegales construidas en el Alto del Cuco, unos trabajos que se van a prolongar durante seis meses y tendrán un coste de 3,7 millones de euros. Pero ése solo es el primer gasto de una larga lista, que no pagará el alcalde Jesús Ángel Pacheco (ya fallecido) ni los concejales que aprobaron las licencias ilegales sino los vecinos de Piélagos. La cruel paradoja es que en este caso el Gobierno fue beligerante contra la urbanización y ganó el pleito pero también acabará pagando como si hubiese sido el condenado.
Como ocurre en Arnuero, todo el mundo es consciente de que el Ayuntamiento no tiene recursos para afrontar las indemnizaciones –ni siquiera el coste de los derribos– y nadie ha pedido responsabilidades patrimoniales a los alcaldes que concedieron las licencias, por lo que el problema le acaba rebotando, subsidiariamente, al Gobierno regional, que en el caso de El Cuco fue quien llevó el asunto a los tribunales, junto con Arca.
A la vista del problema económico que plantea para Piélagos la regeneración de la zona, la vicepresidenta regional y la alcaldesa de este ayuntamiento, Verónica Samperio, han firmado un acuerdo para repartirse las obligaciones en el cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan a derribar estas 214 viviendas construidas ilegalmente.
Aunque el sector regionalista del Gobierno era partidario de que el Ayuntamiento afrontarse por sí solo estas responsabilidades y de no dar por bueno el plan que en 2013 elaboró Javier Fernández, consejero de Medio Ambiente de Ignacio Diego –que, en otra paradoja más de este caso, fue anteriormente abogado defensor de los compradores de las viviendas– el PSOE consiguió en mayo que el Consejo de Gobierno aceptase adelantar el dinero al ayuntamiento.
El Ejecutivo cántabro ha establecido una partida plurianual para abordar el coste de las obras de demolición y regeneración paisajística. A su vez, el Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado una partida para devolver este año un 10% de ese gasto adelantado por el Gobierno, y se compromete a hacer otro tanto durante una década. Pero esa cuantía, más todo los gastos en los que se ha incurrido en el largo proceso judicial, apenas serán una pequeña parte de todo lo que va a costar este derribo, porque están por valorarse las responsabilidades patrimoniales. Martinsa-Fadesa devolvió las cantidades aportadas por los compradores y ahora podrá reclamar los daños y perjuicios que le han ocasionado las sentencias, con un argumento de peso: cuando abordó la promoción tenía todas las licencias para hacerlo.

Una estéril lucha de poder

Todo el proceso es consecuencia de una lucha de poder, en este caso, entre el ayuntamiento, que en 2004 gobernaba el PP con mayoría, y el Ejecutivo regional, por entonces del PSOE-PRC. El Ayuntamiento dio luz verde a la operación, a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo había emitido un informe desfavorable. El Plan Parcial se aprobó con los votos del PP más dos concejales no adscritos, que se habían salido de esta formación y que al mes siguiente de la votación se integraron al equipo de Gobierno con un sueldo por dedicación exclusiva.
El empeño de Jesús Ángel Pacheco –alcalde del municipio durante 22 años– en continuar esta urbanización, a pesar de todo, abocó a ARCA a acudir a los tribunales y el Gobierno formado por PRC y PSOE se sumó a la demanda.

No fue aceptada la paralización cautelar

El problema causado por la rebeldía del Ayuntamiento hubiese quedado minimizado si, hasta el momento de emitir la sentencia, los tribunales hubiesen paralizado la obra de forma cautelar, como pretendían los demandantes, pero autorizaron su continuación. Una decisión muy discutible, a la vista de lo que ha ocurrido.
Tres años más tarde, en marzo de 2007, y cuando ya se había ejecutado el gigantesco desmonte y gran parte del solar resultante estaba construido, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la urbanización en una sentencia que no dejaba lugar a dudas: «La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para implantar en aquel lugar 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano al que se llega tras una actuación traumática».
Las obras por fin quedaron paralizadas por orden judicial, a la espera de que se resolviesen los numerosos recursos presentados por el Ayuntamiento y Martinsa Fadesa.
Cuando en 2011 se pronunció, el Tribunal Supremo ratificó el fallo del TSJC así como el «importante e incontrovertido impacto paisajístico». La ambiciosa urbanización al pie del monte de La Picota, casi una ciudad, quedó a medio construir a la espera de un derribo que ha tardado cinco años en producirse, en parte por las maniobras dilatorias del Gobierno anterior.
En este caso no ha habido la presión popular que suele acompañar a otras sentencias de derribo, ya que los compradores fueron indemnizados por la constructora que, por tanto, es la única que puede reclamar como afectada. Quienes no podrán reclamar serán el conjunto de los ciudadanos, que tendrá que acabar pagando varias decenas de millones de euros para reponer la legalidad y el perfil originario de la montaña. Un precio demasiado caro para devolver el paisaje a su fotografía original y que resulta sangrante en unos tiempos en los que ese dinero es imprescindible para muchas otras cosas.