La nueva ley regional de cajas no restará poder a los partidos

La experiencia de quince años ha demostrado que la ley de órganos de gobierno de las cajas en general y de la cántabra en particular las convierte en poco menos que en instituciones del sector público, especialmente en Cantabria, donde desde instancias políticas se llegan a nombrar el 67% de los miembros de la Asamblea General, el mayor porcentaje del país. Esta circunstancia ha provocado no pocas crisis y tensiones en Caja Cantabria y ha acabado por molestar a Bruselas que a raíz del crédito concedido a Sniace y del descaro de las cajas alemanas, que directamente utilizan las garantías financieras de sus respectivos länder para las emisiones, ha instado a los dos países a cambiar su legislación sobre las cajas.
El Gobierno español ha puesto manos a la obra, aunque sin demasiadas prisas, y prepara una reforma de la Ley Orgánica de Cajas para evitar que el componente político sobrepase el 50% y con este espíritu, el Ejecutivo cántabro, como están haciendo otros muchos, trabaja ahora en la elaboración de una normativa más blanda para su ámbito, que en teoría rebaja la presencia política al 40%. Sin embargo, la realidad futura no será muy diferente de la actual. Con el anteproyecto en la mano, los partidos no van a perder un ápice del control de una institución que otorga un poder en ocasiones más efectivo que el que conceden las urnas.
En el anteproyecto cántabro se rebaja la representación del Parlamento y de los ayuntamientos desde el 63% al 40%, una merma muy sensible que teóricamente les deja en una posición minoritaria. Sin embargo, el porcentaje real aumentará al 46%, dado que la nueva ley concede un 15% a los fundadores, que en el caso de Caja Cantabria ha de distribuirse entre los restantes grupos, al no existir representación fundacional (su creador fue un gobernador civil que aprovechó el legado que dejó a la ciudad un rico comerciante).

Control por vías indirectas

Los partidos políticos también se las arreglarán, casi con toda seguridad, para hacerse con el paquete que corresponde a los impositores, que se eleva, según el anteproyecto de ley, desde el 22% al 25% (casi 29% tras el prorrateo del porcentaje de los fundadores). La experiencia de estos últimos años demuestra que no les resultará difícil controlar este cupo, gracias a un sistema que propicia que sean elegidos quince compromisarios por cada representante de impositor. Entre una lista tan amplia, cuyos nombres son el resultado de un sorteo entre los impositores de la Caja, siempre es fácil encontrar un afiliado o simpatizante de cada formación política, y los partidos mayoritarios acaban por formar sus candidaturas de impositores para que entre ellos elijan a sus consejeros generales, máxime cuando éstos, desconocidos entre sí, difícilmente pueden organizarse para formar en pocos días sus propias candidaturas.
Otra forma indirecta de asegurarse un control es la capacidad para elegir las entidades benéficas, culturales, científicas o profesionales que estarán representadas en los órganos de gobierno, y cuya participación se elevará al 15%. Hasta ahora era la propia Caja la que proponía a la Consejería de Economía una terna para que ésta escogiese. Ahora es la Consejería la que se reserva el derecho a proponer los colegios profesionales o entidades benéficas entre las que el consejo de la Caja deberá elegir para cubrir las vacantes. Dado el peso que estas entidades tendrán en el cómputo final (17% una vez prorrateado el porcentaje de fundadores) esa posibilidad de elegir resulta crucial, a sabiendas de que prácticamente se toma la decisión por el perfil ideológico de la persona que está al frente y no por la institución. Si se tiene en cuenta el equilibrio político de la Caja en los últimos años, está claro que esta posibilidad de seleccionar las instituciones elegibles decantará los órganos de la Caja claramente del lado del Gobierno.
Estos mecanismos indirectos provocarán que la composición final de la asamblea de consejeros generales (la junta general) no esté menos politizada que la actual, aunque la ley enmascare un poco más los porcentajes. No es fácil, sin embargo, que la tutela de los partidos llegue a manifestarse tan explícitamente como ahora, en que el presidente de la Caja cántabra es el presidente del Partido Popular en la región, el presidente de la Obra Social fue vicesecretario general del Partido Socialista y el de la Comisión de Control, el hombre fuerte de la UPCA.
En otras regiones donde los porcentajes asignados a las instituciones públicas también eran muy elevados han mantenido un perfil político mucho más bajo con el nombramiento de personalidades independientes del mundo de la economía en los puestos claves, algo que en Cantabria no ha ocurrido ni, seguramente, va a ocurrir.
Tutela última del Gobierno regional

El anteproyecto de ley que ha elaborado la Consejería de Economía mantiene la tutela del Gobierno regional sobre las operaciones financieras importantes y sobre casi todas las decisiones significativas en la vida social de las cajas que tengan su sede en Cantabria. Entre otras facultades se reserva la de vetar una posible fusión o una absorción.
La experiencia ha permitido corregir en el nuevo texto algunos problemas que se plantearon en el pasado, como el que impidió al ex presidente Francisco Revilla volver a ser consejero, aparentemente por un error del PP, que no incluyó su nombre en el mismo colegio electoral por el que fue elegido en la primera ocasión, la lista del Parlamento regional. Esta circunstancia no podrá volver a producirse, porque la nueva ley permitirá ser presentado por cualquier otro colegio, hasta un máximo de tres mandatos (doce años). Cumplido este plazo no se puede optar a la reelección, salvo que se produzca un descanso de ocho años, a raíz del cual cualquier candidato ya estaría en disposición de volver a la Caja por tres mandatos más.
El anteproyecto tiene mucho cuidado en impedir la remuneración directa o indirecta de los consejeros (sólo pueden cobrar dietas y gastos de desplazamiento a los consejos y no pueden acumular los de empresas filiales) pero, por primera vez, permite que el cargo de presidente sea remunerado, lo que aumentará el ya notorio interés general por ocuparlo.

El encaje de bolillos de las mayorías

El juego de mayorías en la Caja ha sido durante los últimos diez años un auténtico encaje de bolillos, de una arquitectura complicadísima, en la que influían detalles tan nimios como la apertura de una oficina en una localidad, que de esta forma podía alcanzar el número suficiente para contar con un voto decisivo en la Asamblea General. Dado que en el nuevo texto se reduce significativamente la participación directa de los ayuntamientos, es de suponer que acabe este juego de palé de las aperturas. Eso no impide que garantice dos consejeros al Ayuntamiento de Santander (ocho o más oficinas) y uno al de Torrelavega (cuatro o más oficinas), mientras que los demás municipios rotarán para estar representados.
El borrador mantiene el sistema de elección en cascada, reservando cuotas en el consejo de administración para cada grupo, ya que tanto los consejeros generales del Parlamento como los de los municipios elegirán entre sí sus representantes, pero el procedimiento varía para la entidades fundadoras que han de ser sometidos a la votación de toda la asamblea general.

Más poder para el presidente

Los consejeros generales no pueden tener ninguna vinculación directa o indirecta (ni siquiera como suministrador) con la Caja, una restricción que se mantendrá durante los dos años posteriores a su salida. Si en el ejercicio del cargo ellos o su familia solicitan créditos o avales de la entidad debe producirse un acuerdo del consejo de administración ratificado por la Consejería de Economía, lo mismo que para vender propiedades a la Caja o adquirir bienes o derechos que se encuentren en manos de la entidad. En esto, la ley no cambia, pero en el caso de los miembros del consejo de administración se añade otra condición, aunque muy laxa, la de no pertenecer a los consejos de más de cuatro empresas mercantiles (ocho si su participación es minoritaria), lo que parece diseñado a la medida de alguno de los actuales componentes del consejo.
Tanto los representantes de los ayuntamientos como los del Parlamento pueden designar consejeros de administración a personas que no sean consejeros generales, pero ninguno de éstos puede llegar a ser nombrado presidente de la entidad, ni secretario. Para la designación deberán alcanzar al menos la mitad más uno de los votos del consejo. Si en tres sesiones no hay un acuerdo o falta quorum para la elección (algo que ya ocurrió en el pasado provocando un grave incidente), se ha buscado la solución en la Asamblea General, que será la encargada de tomar la decisión definitiva.
El presidente ganará poderes con relación a su estatus actual, ya que el consejo puede decidir que sea un cargo ejecutivo, lo cual cambiaría sustancialmente el carácter que ha mantenido hasta ahora y obligaría a designar a alguien procedente del mundo de las finanzas. Curiosamente, el salario del presidente deberá tener el visto bueno de la Consejería de Economía, algo que desvela una cierta desconfianza gubernamental. El máximo cargo de la Caja mantendrá el voto de calidad tanto en el consejo de administración como en la asamblea general.
Fiscalización

La Consejería de Economía no renuncia tampoco al control y autorización de los créditos importantes que den las cajas locales y exige que estas entidades le remitan la misma información que faciliten al Banco de España, con comunicación inmediata de aquellas situaciones en las que puedan vulnerarse los niveles mínimos de solvencia, pudiendo inspeccionar sus libros, documentos y registros. También deberá autorizar la Consejería las emisiones de cuotas participativas o deuda subordinada, de la Caja o de empresas filiales.
Incluso las inversiones que haga la Caja pueden llegar a requerir la autorización del Gobierno regional, ya que el proyecto de ley lo permite. El control se extiende a las cajas foráneas que operan en Cantabria, que deberán facilitar a la Consejería de Economía cuanta información les solicite sobre las operaciones que realizan en Cantabria, una competencia discutible que el Gobierno nunca podría ejercer, por ejemplo, sobre los bancos y que posiblemente sea el resultado de una redacción poco precisa.