Historias de la Unión Europea

El protagonista de esta historia es un ciudadano francés, a quien llamaremos Monsieur Dupont, quien decidió en un momento dado irse de Francia para instalarse en Bélgica. Había un pequeño detalle en esa decisión. Poseía un importante paquete de acciones de una sociedad cuyo domicilio estaba en Francia y dado que el valor de mercado de los títulos era superior al precio de su adquisición, monsieur Dupont quedaba sujeto al impuesto de plusvalías si se desprendía de ellas; o sea, que tenía que retratarse ante el Fisco, como se diría de una forma más vulgar y explícita.
Aparentemente, no hay razón alguna por la que alguien no vaya a poder irse a donde quiera y cuando quiera, tenga que pagar o no el impuesto de sociedades, que es lo que decía Mr. Dupont, al Estado francés. Pero éste no opinaba lo mismo, y es que la legislación societaria francesa no impedía la libertad de movimiento de las personas, pero disponía que, previamente, cualquier contribuyente que decidiese trasladar su domicilio fiscal fuera de Francia debía abonar impuestos por las plusvalías latentes que hubiese generado su patrimonio. En cambio, si el citado Dupont se quedaba en su casa tranquilamente sólo estaba obligado a cotizar por sus plusvalías en el momento en que se hiciesen efectivas, si es que finalmente se hacían efectivas.
El afectado creyó injusta esta discriminación que implicaba tributar por algo que realmente no había obtenido, y recurrió a los tribunales. Así estaban las cosas cuando el Conseil d´Etat tuvo sus dudas acerca de cuál era la solución correcta al asunto, y puesto que resultaba afectada una libertad fundamental de las que constituyen la Comunidad Europea, decidió preguntar a su Tribunal de Justicia si el hecho de que un Estado establezca un régimen de imposición preventiva sobre plusvalías en caso de traslado de domicilio, para evitar la evasión fiscal, puede afectar al principio de libertad de establecimiento de la CE.

Discriminación
Con el asunto ya delante del tribunal europeo, Mr. Dupont dijo que él, a diferencia de los contribuyentes que se quedan en Francia y que abonan las plusvalías cuando realmente se han producido, se veía obligado a pagarlas antes, de manera que el origen al impuesto no era ya la venta de sus acciones sino el traslado al extranjero. Algo que, en su opinión, suponía una clara restricción de movimientos.
Francia justificó su legislación con el argumento de que debía curarse en salud frente a los montajes de algunos contribuyentes para eludir las normas tributarias y aseguró que prevenir el riesgo de evasión fiscal no tiene nada que ver con el libre establecimiento. La Administración francesa echó mano de lo que se conoce como “interés general” un concepto muy cercano a la razón de estado, de larga tradición gala, que para el TJCE es, simplemente, el ejercicio abusivo de un derecho.
Francia explicó que esa normativa fue adoptada, precisamente, porque había contribuyentes que trasladaban temporalmente su domicilio fuera del país antes de vender sus títulos con la única finalidad de eludir el pago de los impuestos, y añadió que la falta de instrumentos internacionales para perseguir este fraude dificultaba la recaudación del impuesto.
El Estado francés también se esforzó en demostrar que el resultado de su fiscalidad preventiva era neutro para el contribuyente, dado que el importe devengado en Francia era deducido en el país de acogida.

Presunción
Mr. Dupont replicó que la presunción automática de evasores que da la legislación francesa a los contribuyentes que dejan el país produce unos efectos que van mucho más allá de lo que sería necesario para luchar contra el fraude de forma eficaz y recordó que en los convenios internacionales sobre doble imposición aplicables al caso ya se incluye una disposición llamada de “asistencia a la recaudación” para abordar los traslados de contribuyentes que resulten sospechosos.
A la hora de decidir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea observó que la disposición francesa que preveía la imposición de las plusvalías latentes, aunque no impedía la libertad de establecimiento, sí podía limitar su ejercicio ya que, como mínimo, tenía un efecto disuasorio.
Efectivamente, el contribuyente francés que quería trasladar su domicilio fuera de Francia “por el mero hecho de un traslado, se convierte en deudor de un impuesto sobre el beneficio que aún no ha obtenido y del que por lo tanto todavía no dispone, mientras que si hubiera permanecido en Francia las plusvalías solo serían imponibles en la medida en que hubieran sido efectivamente realizadas”.
El Tribunal sentenciaba, finalmente, que el traslado del domicilio de una persona física fuera del territorio de un estado de la CE no implica por sí mismo una evasión fiscal. Una presunción de tal calibre no se puede basar solo en el mero hecho de un traslado ni resulta justificable una medida fiscal que menoscabe el ejercicio de una libertad fundamental garantizada por el Tratado de la Unión, de manera que si la ley de un país lo hace así, se está excediendo en los medios para alcanzar el objetivo perseguido.
El TJCE recuerda que el traslado temporal de domicilio fiscal antes de la transmisión de una propiedad para eludir el pago de un impuesto se puede reprimir con otras medidas no tan coercitivas para la libertad de movimientos. Además, si el objetivo de la ley enjuiciada es asegurar la fiscalidad de las plusvalías obtenidas en territorio francés, no resulta coherente que el mismo régimen fiscal galo permita la desgravación de cualquier gravamen sobre las plusvalías realizadas en el país al que el contribuyente traslada su domicilio.