Muchas más cooperativas, pero de solo dos socios

Salvo en el sector agrario, el modelo cooperativo ha sido una fórmula muy poco utilizada en Cantabria para poner en marcha un negocio. Tampoco ayudaba el hecho de que nuestra comunidad fuese la única, junto con Canarias, que no contaba con una ley específica que impulsase estas entidades de economía social. Esa carencia se subsanó en noviembre de 2013, pero lo ocurrido desde entonces señala el mucho camino que todavía queda por recorrer para que esta alternativa a las sociedades mercantiles convencionales se asiente con firmeza en la comunidad autónoma.
En el primer año de la Ley de Cooperativas de Cantabria se han creado más que en los cuatro años previos, nada menos que 17, pero este dato es engañoso porque apenas aportan nada sustancial desde el punto de vista del empleo. Catorce de las nuevas cooperativas (el 80%) tan solo garantizan el autoempleo de dos personas y vienen propiciadas por la rebaja que la ley cántabra introdujo en el número mínimo de integrantes para formar una cooperativa, que pasó de los tres que exigía la norma estatal a solo dos en el caso de las cooperativas de trabajo.
Proyectos impulsados por dos emprendedores, que antes se veían abocados a darse de alta como autónomos, se han encauzado ahora hacia la fórmula cooperativa, que les reporta ventajas fiscales y financieras. Pero continúa sin repuntar el formato cooperativista cuando se trata de proyectos más ambiciosos, en términos de número de integrantes o de posibilidades de generación de empleo. De las 17 cooperativas creadas el pasado año en la región, dos son agrarias y una destinada a la promoción de viviendas. No hay ninguna industrial, de las que tanto abundan en la comunidad vasca.

Falta de información

Para quienes conocen bien las ventajas del cooperativismo, sólo la falta de información puede justificar que no esté más extendido. Desde ACEL, la asociación que agrupa en Cantabria a estas entidades, creen que quienes pueden hacer mucho en este sentido son las asesorías y las consultoras.
Quizá por que no es una forma que dominen –y requeriría la contratación de un asesor especializado– o porque la contabilidad de una cooperativa es más compleja, consultoras y gestorías suelen aconsejar fórmulas societarias mercantiles antes que las de economía social.
Desde el propio Gobierno cántabro se ha intentado fomentar un mayor conocimiento de las posibilidades que ofrecen las cooperativas y la Dirección General de Trabajo ha contratado a un técnico que asesora sobre esta opción a los futuros profesionales que se forman en las Escuelas-Taller.

Más flexibilidad y más ayudas

Cuando el Gobierno cántabro impulsó la creación de una legislación propia en este campo, partía de un dato que avalaba esa necesidad. Sólo el 0,26% de las sociedades constituidas en la comunidad autónoma se decantaban por el modelo de cooperativa, mientras que la media nacional es del 0,68%. En Cantabria la cifra de cooperativas ronda las 300, y hay otras tantas sociedades laborales, completando lo que se conoce como entidades de economía social.
Para acortar la distancia con otras comunidades se optó por facilitar la creación de cooperativas reduciendo a dos el número de socios necesarios para su fundación. Esta rebaja de las condiciones, que se aplica sólo a las cooperativas de trabajo, tiene también un límite temporal, ya que en el plazo de cuatro años debe incorporarse un tercer socio. Pero si eso no ocurre no por ello dejará de funcionar como cooperativa. La única penalización a que se expone es la de no poder optar a las ayudas que convoca la Dirección General de Trabajo o la pérdida de beneficios fiscales.
Además de este marco normativo propio, el Gobierno cántabro ha tratado de impulsar la creación de cooperativas con ayudas específicas. Entre 2013 y 2015, el Ejecutivo regional ha destinado un millón de euros en subvenciones a sociedades laborales y cooperativas, tanto para las de nueva creación como para las ya existentes. De entrada, la creación de una cooperativa cuenta con una ayuda de 15.000 euros si la componen menos de cinco personas desempleadas que se incorporan como socios trabajadores y de 20.000 si son cinco o más. También hay subvenciones para la incorporación posterior de socios, y una línea específica para la adquisición de equipos, mobiliario o el montaje de instalaciones.
Otro de los atractivos de la fórmula cooperativista es que los socios pueden acogerse al régimen general de la Seguridad Social, mientras que en una sociedad limitada deberían cotizar como autónomos.
La contrapartida a las ventajas financieras y fiscales con que se arropa a las entidades de economía social es que el 20% de los beneficios que obtengan debe destinarse obligatoriamente a un fondo de reserva. Ese fondo, del que se puede disponer en momentos de crisis, cuando la cooperativa se liquide –y si no se ha gastado en cubrir las deudas– irá a parar a la Administración o a un futuro Consejo de Economía Social para ser destinado al fomento de nuevas cooperativas.
La obligatoriedad de ese fondo de reserva ya existía en la ley estatal; no así la de fijar un mínimo de capital social, que es la otra novedad que la norma cántabra ha introducido. 3.000 euros es la cifra fijada para constituir una cooperativa, aunque se permite desembolsar tan solo la cuarta parte en el momento de la constitución y completar el resto del capital en el plazo de tres años.
Son argumentos a tener en cuenta a la hora de dar forma a un proyecto, siempre que estas ventajas de las fórmulas cooperativistas sean suficientemente difundidas. En cualquier caso, el efecto buscado por la nueva ley parece que está consiguiendo su objetivo entre los emprendedores, como lo demuestran no solo las cooperativas constituidas el pasado año sino las 30 más que, según la estimación de ACEL, podrían crearse a lo largo de 2015.