¿Se puede saber si aún es posible implantar el canal de denuncias o si ya ha vencido el plazo para una empresa?
En la actualidad, existen empresas donde, debido a su magnitud, pasan desapercibidos comportamientos irregulares. Por ello, es cada vez más necesaria la implantación de un canal ético, más conocido como canal de denuncias, para promover un ambiente de trabajo justo, seguro y evitar así posibles sanciones. Para agilizar este proceso y cumplir con la normativa, se puede externalizar el servicio a empresas especializadas como por ejemplo FORLOPD.
Plazos para cumplir con la ley
Dependiendo del número de personas trabajadoras de la empresa puede que se esté en el plazo de implementar el canal. El primer plazo para las empresas con más de 249 personas trabajadoras, administraciones y organismos, finalizó el pasado 13 de junio. Como excepción, este se extiende hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 personas.
No hay que arriesgar la reputación y la integridad de la empresa enfrentando sanciones severas de hasta 1.000.000 € y la exclusión de subvenciones y contratos públicos. En FORLOPD, están especializados en la implantación y gestión de canales de denuncias efectivos e intuitivos.
Si se necesita ayuda para aplicar la ley en este ámbito, su equipo altamente capacitado se encargará de establecer un canal de denuncias personalizado que se adapte a las necesidades y valores de la organización profesionalmente.
Para fomentar un entorno laboral ético y transparente, en FORLOPD se comprometen a preservar la confidencialidad y seguridad de los informantes, garantizando la protección de su anonimato y cumpliendo con los más altos estándares de privacidad y seguridad en su tratamiento de la información.
Es importante contar con un guía que tenga conocimientos legales y experiencia en el sector, ya que de lo contrario puede dañar su reputación y generar problemas legales.
¿Cuánto podría costar no implantarlo en el plazo?
Existen tres tipos de infracciones: pequeñas, graves y muy graves, que pueden generar sanciones económicas desde 1.000 € hasta 300.000 € en caso de personas individuales, y hasta 1.000.000 € para empresas. Si la infracción es considerada como muy grave, las consecuencias pueden ser una amonestación pública, la cancelación de subvenciones y beneficios fiscales por un período de cuatro años, y una prohibición de contratación con el sector público durante un período de tres años. En caso de que la sanción por incumplir la normativa sea de una cantidad mayor a 600.001 €, esta será anunciada en el BOE.
¡No hay que esperar hasta el último momento!
