El Gobierno, al rescate

Nueve años después del comienzo de la crisis económica, han pasado por Madrid y por Cantabria varios gobiernos pero casi nadie tiene la sensación de haber vuelto al estado eufórico de 2006 y 2007 cuando ser mileurista parecía un castigo absolutamente injusto. El mundo se hundió de repente para las pequeñas y medianas empresas, pero Cantabria sostuvo algo mejor el tipo en los primeros tiempos y el consejero de Economía de entonces, Ángel Agudo, lo justificaba por una sólida base industrial, que no parecía asustarse por un problema coyuntural. Pero ni el problema fue coyuntural ni la gran industria quedó al margen de sus efectos. A día de hoy, el Gobierno de Cantabria está sosteniendo con su apoyo financiero a buena parte de las fábricas, a modo de ‘primo de Zumosol’, porque en caso contrario caerían sin remedio y, con ellas, gran parte del tejido industrial de la región.
Sin el apoyo del Gobierno regional la continuidad de Sniace sería incierta, estaría en trance de ser cerrada la fábrica de piezas de Sidenor en Reinosa, GSW pasaría por una situación muy apurada, quizá ya no existiría el Grupo Bravo… Como en los platos chinos en equilibrio, mientras atiende al día a día de las pequeñas subvenciones para tratar de dinamizar el tejido empresarial mediano y pequeño, el Gobierno ha de procurar que no se le caiga ninguna de las grandes fábricas, agitando una y otra vez los delicados vástagos que las sostienen para mantener la inercia un tiempo más. A este rosario de grandes empresas con problemas se une la venta de otra gran fábrica, Robert Bosch Treto, que la multinacional alemana ya no considera estratégica y ha pasado a manos de una compañía china.
En los últimos meses, el Gobierno se ha visto obligado a refinanciar un aval de once millones de euros concedido a GSW por el ejecutivo de Ignacio Diego, porque la compañía cántabra del grupo Celsa sigue afectada por las consecuencias del alto endeudamiento de su matriz, que ha tenido que pedir a los bancos sucesivas renegociaciones de la deuda. Además de la renovación de este aval, le ha concedido otro nuevo por importe de 2,2 millones de euros por el mismo motivo.

La operación de Sidenor

La planta de Sidenor en Reinosa parecía condenada cuando el grupo brasileño Gerdau decidió desprenderse de su filial española para obtener la liquidez que precisaba para afrontar las dificultades de la matriz. De los 16 interesados en la compra, quince pensaban desprenderse de la fábrica reinosana, por su difícil encaje. Solo la propuesta ganadora, la del grupo de directivos españoles de Gerdau, aceptaba el reto de mantenerla activa y dentro del grupo. Pero al cabo de un año, ese reto parecía estar por encima de sus posibilidades y los nuevos propietarios empezaron a buscar una salida para la planta cántabra, algo que no resulta sencillo, por las peculiaridades de la producción de grandes piezas forjadas y el ciclo bajista que ahora sufre su mercado.
El rescate ha venido de la mano del Gobierno de Cantabria, al que la nueva Sidenor acudió en busca de ayuda. Sodercan se negó a conceder una subvención al uso, ante el temor de que fuese utilizado por el grupo simplemente para mejorar su posición de liquidez y no en beneficio concreto de la planta de Reinosa, y realizó una contraoferta arriesgada: convertirse en inversor de la factoría campurriana, adquiriendo una parte del capital, de forma que siempre sería propietario de un activo.
En el diseño de la operación había una derivada muy importante: si se segregaba la fabricación de piezas (en Reinosa también hay laminación) la nueva sociedad tendría sede en Cantabria, de forma que el Gobierno regional rescataría la inversión en unos pocos años a través de la fiscalidad (el IVA es un impuesto compartido por el Estado y las autonomías al 50%) en detrimento del País Vasco, que es ahora la sede única de Sidenor.
La propuesta no sentó bien en el Gobierno Vasco que, al fin y al cabo, fue quien respaldó a los ejecutivos de Gerdau para que pudiesen hacerse con el grupo de aceros, pero tuvo que aceptarla.
El Gobierno cántabro pagará 15 millones por esta participación que puede darle entre un 30% y un 45% del capital de la nueva empresa, en función de lo que establezca su tasación definitiva. Es una cantidad muy importante y un riesgo notable, pero tanto los consejeros del PRC como los del PSOE han respaldado desde el principio la inversión, convencidos de que el cierre de Sidenor supondría un catástrofe económica para Campoo.
A cambio de este esfuerzo, y para no tener sorpresas desagradables, el Gobierno ha exigido a Sidenor la estabilidad de la plantilla (también de la que depende de laminación, que seguirá dentro del grupo original, y para la que se garantiza una carga de trabajo mínima) y un plan de inversiones, de forma que el dinero no se vaya a otras fábricas del grupo. Con estas garantías, el pacto ha sido rubricado por el 94% de los trabajadores.
La operación se cerrará en las próximas semanas, pero deja abierta una posibilidad aparentemente desconcertante, la de que Sodercan pueda llegar a hacerse con el 100% de la nueva sociedad. Una cláusula que tiene su justificación. La empresa pública es consciente de que entra en el capital en un punto bajo del ciclo económico que afecta a estas grandes piezas, pero no quiere quedarse al margen de una posible mejoría, y ya hay indicios de un incremento de la demanda, sobre todo en los ejes para centrales de generación eléctrica.

Nuevo respiro para Sniace

En Sniace, la situación vuelve a ser complicada, pero al menos la fábrica está abierta en su sección de celulosa, algo por lo que casi nadie hubiese apostado hace dos años. A pesar de que las ventas son buenas, varios problemas han retrasado los planes de la empresa para poner en marcha el resto de las fabricaciones, lo que le ha generado nuevas pérdidas. Eso obligado a la compañía a solicitar a los accionistas un nuevo esfuerzo, en forma de ampliación de capita, y a solicitar un aplazamiento fraccionado de los 43,5 millones de euros de deuda privilegiada que figuraba en el concurso de acreedores. De esta cuantía, 10,6 millones son propiedad del Gobierno cántabro, que ya ha aceptado, al igual que lo han hecho otros afectados, un aplazamiento de cinco años, de forma que cobrará entre 2018 y 2023. Si todos los acreedores son benevolentes, Sniace se encontrará con un escenario mucho más favorable, ya que este año sólo tendrá que hacer frente al pago de 3,7 millones, frente a los 27 que hubiese tenido que abonar sin el aplazamiento.
El Gobierno da por buena esta cesión porque, según ha manifestado el consejero de Industria, Francisco Martín, “nadie pensaba que Sniace pudiera abrir y está abierta, vendiendo celulosa de calidad en el extranjero y con más de 300 puestos de trabajo”.