Inventario

El informe silenciado

Es curiosa la escasa repercusión que ha tenido en España el Informe Volcker, el famoso documento que expone a la luz pública las verguenzas de más de 2.000 compañías de todo el mundo que no dudaron en sobornar a Sadam Hussein para hacerse con alguna parte del cupo petrolero que el país estaba autorizado a vender dentro del escueto sistema de Petróleo por Alimentos.
En Suiza, a las veinticuatro horas de publicarse el informe, las autoridades habían realizado cuatro detenciones y bloquearon las cuentas de varias empresas del país presuntamente implicadas. En otros países, el caso está ya en los tribunales. En España, que se sepa, apenas ha llegado a los periódicos, y ni siquiera a todos, porque el hecho de aparecer supuestamente implicado un relevante diputado popular ha actuado como un magnífico silenciador.
Pero el problema no está en las 45 empresas españolas que utilizaron los sobornos al viejo régimen iraquí para hacerse con su petróleo, porque la mayoría son meras intermediarias de favores que, obviamente, debían actuar por cuenta de otras petroleras mucho más relevantes, las que todos conocemos. El escándalo está en que una de cada dos compañías occidentales que negociaron con Irak entre 1996 y el derrocamiento de Sadam en 2003 utilizó este método, lo cual quiere decir que este sistema de aprovisionamiento era perfectamente conocido por todos los países occidentales que arremetían en público contra el oligarca iraquí y admitían en privado semejante grado de corrupción, cuando no lo alimentaban.
Es curioso que la CIA haya sido puesta en entredicho por fabular con respecto a las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam y nadie haya pedido explicaciones sobre cómo la mayor maquinaria de inteligencia del mundo no había podido detectar que miles de empresas occidentales compraban petróleo a Sadam bajo cuerda y los motivos por los que nunca trató de atajar el problema, algo aparentemente fácil.
Y es que una cosa es la teoría política que se vende a la opinión pública y otra muy distinta la de los negocios, como lo demuestra la exquisita relación de Occidente con China, uno de los países donde más se violan los derechos humanos.
Este estado de hipocresía colectivo también convive con cierta naturalidad con las campañas en favor de las políticas de responsabilidad social de las empresas, una oleada de buenas intenciones que nos llega de EE UU y que llena los consejos de administración de independientes que, como decía Valle Inclán, suelen resultar entes dependientes de los dientes y dispuestos a alinearse mecánicamente con quien les ha nombrado.

El pozo oscuro de los petrodólares

Cuando el petróleo sube, no todos salimos mal parados. Hay quien paga (la mayoría), pero también hay quien recibe (los países petroleros) y esos están ingresando ingentes cantidades de dinero. No hace falta pensar mucho para deducir que pronto tendrán graves dificultades para colocar su ingente liquidez pero es curioso que nadie o casi nadie repare en ello. Cuando en los años 70 el petróleo se disparó, los jeques y los petrodólares pasaron al imaginario popular como la fuente mítica de la munificencia. Ahora, los jeques están desaparecidos y los petrodólares no sabemos por dónde andan. Aparentemente, se esfuman cuando llegan a los bolsillos de los exportadores de crudo, pero lo cierto es que vuelven. En sus países no hay posibilidades reales de invertir semejante caudal económico.
Quienes en los años 70 anunciaban con alharacas sus adquisiciones de las empresas europeas y de los edificios norteamericanos más emblemáticos ahora permanecen apocadamente callados. ¿Cómo consiguen disimular sus ingentes inversiones en los mercados occidentales?¿Qué es lo que están comprando?
Los jeques salieron un poco escaldados de sus tiempos presuntuosos y es probable que no quieran repetir la experiencia. No hay más que fijarse en la oficina de inversiones kuwaití KIO para darse cuenta de hasta qué punto el dinero que llega en tromba se va con la misma facilidad. Aprendida la lección, la historia les va a dar la oportunidad de volver a probar. Pero no todos habrán tomado nota. Nigeria, el quinto productor de crudo del mundo, parece tener otro auténtico pozo negro por donde se sumerge el dinero con la misma velocidad que emerge el petróleo. Solo así puede entenderse que sus nativos sigan llegando en patera a Europa en busca de una mínima oportunidad para vivir dignamente. Venezuela fue capaz de crecer el pasado año un descomunal 17% –por supuesto, gracias al crudo– pero semejantes tasas son imposibles de gestionar. Por lo general, sólo producen una inflación desbocada y pocas ganas de trabajar.
El petróleo puede ser una maldición a largo plazo, aunque nadie quiera perderse el festín inmediato que produce. Pero hay que reconocer que, en esta ocasión, hay un auténtico filón por descubrir, el de los petrodólares que no aparecen. Y la tranquilidad y estoicismo con que muchos gobiernos occidentales soportan la subida del crudo quizá indiquen que algunos de ellos estén recibiendo unos retornos muy importantes a través de sus colocaciones internacionales de deuda pública. Siempre es más llevadero que quien nos quita el dinero tenga al menos la consideración de prestárnoslo más tarde.

De derribo en derribo

A la vista de las sentencias que cosechamos en Cantabria, los políticos debieran estar obligados a contratar un seguro decenal, como los promotores, para hacerse responsables de las consecuencias que acarrean sus decisiones mucho después de abandonar el poder. Sin que aún sepamos qué hacer con las más de 600 viviendas que deben ser derribadas por manifiesta ilegalidad o con la reciente sentencia contra las construcciones masivas en Nueva Montaña, nos hemos encontrado con la catástrofe de la depuradora de la Vuelta Ostrera, en Suances. El Tribunal Supremo ha decidido que vulnera la Ley de Costas y que ni siquiera la intercesión en última instancia de un Consejo de Ministros para tratar de legalizarla santificó el despropósito. Así que debe derribarse.
La situación es disparatada y no sólo por el hecho de tener que demoler una estación gigantesca, construida sobre las marismas de Cortiguera, que ha costado 4.000 millones de pesetas al erario público. Si la depuradora desaparece, todo el entramado de colectores que en ella concluyen sirve de muy poco. Por supuesto, se tardarán años en decidir un nuevo emplazamiento, conseguir los terrenos, construir otra planta y reorientar los colectores, por lo que el saneamiento de la cuenca del Besaya va a esperar otra generación.
¿Qué deméritos hemos hecho para pasarnos el día tejiendo y destejiendo como Penélope? Al parecer, todos. Cantabria provocó, en tiempos de Hormaechea, la primera sentencia de los tribunales comunitarios contra el Reino de España por la construcción de la carretera que atraviesa las marismas de Santoña, con una sanción multimillonaria que hubo de sufragar el Estado y unas inversiones muy cuantiosas a cambio de no demolerla. Ahora estamos en manos de Arca. Si pide la ejecución de sentencia, pone la región a sus pies. Esperemos que la asociación ecologista sea consciente de que resulta mucho más rentable para el medio natural dejar las cosas como están que esperar otras dos décadas para sanear una de las cuencas más contaminadas del país.
Es cierto que el pasteleo con las sentencias incentiva el poco respeto de la ley. Mientras no se produzca alguna demolición, habrá quienes sigan jugando en el filo de la navaja. Y por mucho que todos ellos traten de desviar la atención, el problema no son los ecologistas, sino las chapuzas. Quienes dictan las sentencias no son integristas medioambientales, son jueces que probablemente ni siquiera pisan el campo. Se limitan a aplicar la ley, eso sí, a instancias de los ecologistas. Y cualquier escolar hubiese podido sacar las conclusiones que el anterior consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil y el ministro del ramo por entonces, Jaume Matas, no quisieron sacar. Si la ley de Costas dice que no puede utilizarse la ribera de mar para una instalación de este tipo, resulta temerario implantarla donde se ha puesto. La Consejería y el Ministerio se defendieron con el argumento de que no había alternativas, pero resultaba una excusa inverosímil cuando en el anteproyecto habían incluido otras cuatro opciones, de las cuales la única que invadía el espacio marítimo-terrestre era, precisamente, la que escogieron.
La denuncia de Arca paralizó dos años la construcción y Gil tuvo que recurrir al Gobierno de José María Aznar para poder reanudarla. Pero el capote de Madrid ha tenido el efecto contrario. Cuando por fin se ha concluido la estación, el Supremo decide que la regularización a través del Consejo de Ministros fue ilegal, con lo cual ahora estamos peor que si no se hubiesen iniciado las obras.
La historia es aún más disparatada, porque a pesar de los retrasos, la estación se ha concluido dos años antes que los colectores, de forma que hasta hoy no ha podido hacer trabajo alguno, porque no estaba enlazada con nada. Algo así como lo ocurrido con la planta de reciclado de basuras que la Consejería impulsó en Candina, antes de que se hiciese recogida selectiva en Cantabria, por lo que no hubo más remedio que importar basuras de otras regiones para darle alguna utilidad. Cosas de Gil.