Llegan las empresas de ahorro energético

De las crisis energéticas se ha salido siempre con restricciones en el consumo y una incitación al ahorro por parte de las administraciones públicas. Ahora, los avances tecnológicos permiten que pasemos del mero apagado de luces a un uso más racional de la energía que consume una industria o un hogar.
Con esta filosofía ha llegado a España un modelo de gestión que promete revolucionar el sector, las empresas de servicios energéticos (ESEs). Son ya ocho las inscritas en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que tienen su sede en Cantabria, entre ingenierías e instaladores eléctricos, aunque aún es pronto para saber cuántas de ellas tendrán finalmente cabida en un mercado en el que todavía no han enseñado sus cartas las grandes operadoras de electricidad y gas.

Ahorrar en la factura de energía

El modelo de negocio de estas nuevas empresas se basa en la posibilidad de generar ahorros significativos a sus clientes en la compra de la energía o al optimizar sus instalaciones.
De hecho, su retribución depende de esos márgenes, por lo que el ahorro deberá ser lo bastante relevante como para cubrir el mantenimiento de las instalaciones y las inversiones destinadas a lograr la optimización energética que se persigue.
La oferta llave en mano libera al cliente de cualquier preocupación en la gestión de sus contratos de energía y se remunera con los ahorros conseguidos. Según un estudio realizado por la Comunidad de Madrid, en los grandes centros públicos se pueden alcanzar ahorros de entre el 25 y el 40% de los consumos, aunque previamente han de hacerse inversiones para mejorar la calidad de los equipos y sistemas.
Las compañías de servicios energéticos, aunque resulten novedosas en España, tienen un largo recorrido fuera de nuestras fronteras. El desarrollo de este tipo de negocio se gestó en las turbulencias de la crisis del petróleo de los años setenta. La fórmula se ideó en Estados Unidos para paliar el incremento de los costes energéticos que sufrieron las empresas del país en esa época y encontró su auge en la década de los noventa, con el desarrollo de nuevas tecnologías de eficiencia energética en los sistemas de iluminación y climatización y en la arquitectura bioclimática.
En 2008, las gestoras energéticas estadounidenses generaron una actividad de unos 6.000 millones de dólares y dieron empleo a unas 60.000 personas. Otros países, como Alemania o Canadá, poseen una amplia experiencia en este tipo de servicios, que llegan ahora a España impulsados por los objetivos de ahorro energético por la Unión Europea, que pretende lograr una reducción del 20% en los consumos energéticos para el 2020.

Un plan piloto para los ayuntamientos

En línea con esos objetivos, el anterior Gobierno de Cantabria había diseñado, en colaboración con Anese (la asociación que engloba a estas empresas de servicios), un plan de ahorro para los ayuntamientos, a través de la implantación de un nuevo modelo de gestión energética de los edificios públicos.
La estimación inicial preveía un ahorro de 15 millones de euros anuales en la factura de luz y calefacción de los ayuntamientos, un gasto que se lleva cada año el 6% del presupuesto que manejan estas entidades. Además, su aplicación podría suponer la creación de quinientos nuevos empleos en las empresas involucradas en su ejecución.
En el acuerdo al que había llegado Anese con la Dirección General de Administración Local se contemplaba la puesta en marcha de un experiencia piloto en el Ayuntamiento de Reocín, que había generado mucha expectación entre las corporaciones locales, bastantes de las cuales estaban dispuestas a externalizar estos servicios para reducir costes.
El resultado de las pasadas elecciones ha paralizado la ejecución del plan, aunque la intención de Anese y de otras asociaciones implicadas como Asiecan (que agrupa a los instaladores eléctricos) es animar a la nueva Administración a retomar el proyecto.
Uno de los empeños de estas asociaciones ha sido conseguir que los requisitos exigidos en los pliegos de licitación sean acordes con el tamaño medio de las empresas cántabras. Se trata de evitar lo que ha ocurrido con las adjudicaciones del Gobierno de la nación para la gestión energética de edificios y complejos oficiales, a la que solo han tenido acceso las grandes empresas.
Aunque en Cantabria se fomente la adjudicación a compañías locales, en el sector existe la sensación de que, de las ocho que se han registrado hasta ahora en la región, muy pocas o ninguna podrá sobrevivir cuando eclosione este nuevo mercado y los grandes grupos empresariales se interesen por él.
A los grandes grupos de electricidad y gas puede que la irrupción de estas empresas de servicios les libere de tareas como la emisión de facturas o la lectura de contadores y les permita concentrarse en la venta de energía que es, en definitiva, su negocio. Pero el volumen que puede alcanzar este mercado –en Alemania solo en el sector público, las empresas de servicios energéticos poseen un volumen de negocio superior a los 2.000 millones de euros–, puede acabar atrayendo a los grandes grupos.
Cuando eso ocurra, aquellos que ya estén operando y hayan conseguido el reconocimiento del cliente tendrán un valor muy alto. Más aún en un modelo de negocio que se presta a la cooperación entre empresas, ya que abarca desde las ingenierías y la instalación de equipos a los trabajos de mantenimiento y la realización de auditorías.

Del diagnóstico a la financiación

El primer paso para poner en marcha un contrato de rendimiento energético (CRE) es hacer un diagnóstico sobre las posibilidades de mejora que ofrece esa instalación en concreto. Este modelo de ahorro energético no está pensado para el pequeño comercio o para viviendas aisladas, sino para rangos de consumo lo suficientemente elevados como para permitir la aplicación de medidas de corrección. A partir de ese primer diagnóstico se lleva a cabo una auditoría muy rigurosa, en la que se evalúan desde los equipos y sistemas instalados al uso que de ellos se hace, para evitar prácticas ineficientes. Será esa auditoría la que determine los márgenes reales de ahorro y, por tanto, el alcance del acuerdo contractual.
El siguiente paso consiste en el diseño de las medidas correctoras que se van a aplicar (cambio de equipos o de componentes, introducción de nuevos sistemas de gestión, etc) y su ejecución. A la hora de realizar las inversiones que se precisan para mejorar la instalación caben dos modelos: el de ahorro compartido, donde es la empresa de servicios la que lleva a cabo la inversión, y el de ahorro garantizado, si es el cliente el que realiza esos cambios con sus propios recursos.
El IDAE tiene una línea de financiación a la que pueden acogerse los proyectos que garanticen al cliente un ahorro de, al menos, el 10% de su consumo actual.
El proceso culmina con el establecimiento de un protocolo de medida y verificación.
La duración de los contratos suele oscilar entre ocho y diez años. “Con ello, el cliente” –señala el vicepresidente de ANESE Cantabria, Eduardo Llaguno– “puede dejar resuelta una cuestión como la energética, que cada vez toma más importancia dentro de la explotación de una industria y sobre la que gravitan muchas incertidumbres, como si va a subir la factura de la luz o si estoy gastando más de lo que debo”.

Los instaladores venderán energía

Mientras llega el despegue de este modelo, se empiezan a tomar posiciones. Un ejemplo es el paso dado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones (Fenie) con la creación de una comercializadora de energía (Fenie Energía) que quiere aprovechar la cercanía de los instaladores al cliente y su implantación en todo el territorio nacional para ofrecer también suministro eléctrico y asesoramiento en gestión energética.
Fenie Energía cuenta con 1.827 empresas instaladoras españolas como accionistas, de las que 53 son de Cantabria.
El número de contratos de suministro de electricidad que ha conseguido por el momento es modesto, unos 300, pero es un proceso que acaba de empezar y que aún debe luchar con el escaso conocimiento de la nueva marca frente a la potente imagen que tienen las compañías eléctricas tradicionales. La lucha es desigual, pero la proximidad entre instalador y cliente a la hora de asesorarle y responder por cualquier incidencia con la factura de la luz es una baza que puede acabar rindiendo frutos.
En Cantabria, la oferta de esta nueva comercializadora de electricidad ha empezado más tarde que en otras autonomías pero el objetivo que se ha marcado Asiecan es llegar a final de año con una media de diez contratos por cada asociado a Fenie Energía, lo que supondría unos 500 clientes de suministro eléctrico y de asesoramiento energético, la mayoría de ellos pymes. “Nuestro objetivo –señala José Tresgallo, el presidente de Asiecan– no es llegar a ser una de las grandes comercializadoras del país. Lograr el diez por ciento del mercado sería un éxito, pero ya hemos conseguido algo tan importante como que los pequeños se pongan de acuerdo”.