Inventario

Cambios de opinión

La memoria es la enemiga de un político y la aliada de un periodista. Pero a veces los periodistas no sólo nos hacemos los sordos, sino también los desmemoriados. Después de los fastos de 1992, el Partido Popular hizo una enorme campaña contra las Expos y los Juegos Olímpicos, identificando estos acontecimientos con el derroche, la corrupción y la crisis económica que vivió el país poco después. Pero sólo tuvieron que pasar dos años para que tres grandes ciudades gobernadas por el Partido Popular, Madrid, Sevilla y Valencia presentaran candidaturas para ser sede olímpica, y unos años más tarde ha sido el PSOE el que ha pedido –y conseguido– que Zaragoza sea sede de otra Exposición Universal. Como se ve, ya nadie recuerda lo que por entonces decía, ni siquiera los periódicos que hicieron una durísima campaña contra los resultados económicos de aquellos eventos. Exagerada, por cierto, si se tiene en cuenta que las pérdidas acumuladas por Terra Mítica, por ejemplo, son superiores a las que tuvo la Expo.
Con las televisiones autonómicas pasa lo mismo. De cuanto se oyó en el pasado, lo mejor es no acordarse. Todos aquellos que pensaban –y con razón– que son una sangría inagotable de dinero público con el único fin de conseguir influencias políticas, actúan ahora como si hubiesen defendido exactamente lo contrario y con sorprendente unanimidad. En el 2005 van a añadirse a la lista de televisiones autonómicas las de Aragón, Baleares, Extremadura, Asturias y Murcia, gobernadas unas por el PSOE y otras por el Partido Popular. Una de las cada vez más raras excepciones a esta vorágine televisiva es la de Cantabria, cuya vicepresidenta ha declarado que, por ahora, contar con una televisión autonómica no es una prioridad política. Veremos hasta cuándo.
Para los demás, tener su propia televisión es, al parecer, una demanda ciudadana de primer orden, aunque nadie le haya preguntado a los ciudadanos si realmente la quieren o la necesitan. Seguramente, porque dirían que no. Las televisiones locales y los centros territoriales de RTVE han cubierto esas necesidades holgadamente, de forma que la situación actual poco tiene que ver con la que se vivía hace quince años cuando surgieron las primeras emisoras autonómicas y ni siquiera había cadenas privadas. Hoy la oferta es amplísima y, en el futuro, con las emisiones digitales, lo será mucho más. Suponer que, además de eso, es necesaria una televisión autonómica pública o una radio pública es tan incongruente como restaurar los periódicos del Estado en forma de periódicos públicos regionales. Nadie podría justificarlo y sería rápidamente tachado como una intromisión injustificable de los gobiernos autonómicos en la libertad de empresa, además de una maniobra contra la libertad de expresión. No cabe entender, pues, tanta complacencia con las televisiones autonómicas que, además, son auténticas máquinas de perder dinero.
Menos entendible aún es que las mismas autoridades que defienden la apertura de sus emisoras de televisión autonómicas para dar a los ciudadanos una información más próxima (¿a sus intereses?), cuando convocan concursos para otorgar nuevas licencias de radio se las conceden a emisoras nacionales que únicamente utilizan esas frecuencias como mero poste repetidor de sus programaciones para todo el país. ¿A qué jugamos?

Demasiado correctos

El mundo tenía unos tabús, se liberó de muchos de ellos… y ahora tiene otros. Por lo general, los que hemos creado tienen menos que ver con la religión que con lo “políticamente correcto” y aunque pueden resultar relajantes para la convivencia, a veces conducen al ridículo. Uno de ellos es la obligada conmemoración de casi todo, que deja las agendas de los políticos como un colador, con más festejos que horas de despacho.
Así hemos llegado a una situación asfixiante. El político tiene que concentrarse a la puerta de su centro de trabajo para dar ejemplo cada vez que se convocan unos minutos de condolencia –aunque el resto de los mortales pase por su lado sin saber a qué se debe tal testimonio, como ocurrió con el recuerdo a las víctimas del maremoto asiático–. Además, ha de estar en primera fila en los actos del día de la comunidad autónoma, del día de las instituciones regionales, de la fiesta de la ciudad, de la virgen regional, de la fiesta de la mujer trabajadora, del Primero de Mayo –si es de izquierdas–, del comienzo del año judicial, de Santo Tomás de Aquino –para mostrar su apoyo a la Universidad–…
Cualquier dirigente político está obligado en estos tiempos a acudir, también, a la llamada de todo tipo de organizaciones benefactoras y no por ayudar, sino por la obligación social de estar en la foto. La presencia puede que no añada nada al acto, pero la ausencia puede ser crítica para su carrera.
Por supuesto, ha de ir a las fiestas del gremio que representa su departamento y a las de los funcionarios. Si hay un maratón, tiene que correr (incluso en albarcas) y si hay una campaña de vacunaciones, aunque sea infantil, ha de poner el brazo.
Así hemos logrado tener una raza de dirigentes ubicuos, capaces de aparecer en todas las fotografías (hubo alguno del anterior gobierno regional que alcanzó cotas históricas) y en los lugares más distantes dentro de la misma jornada.
Pero, de verdad ¿todo esto le importa al ciudadano? Seguramente, no, pero en muchos casos, la presión social lo convierte en inevitable. Si en algún tiempo se dijo que había que poner un pobre en la mesa, ahora hay que poner un dirigente político para que el acto no sea considerado un fiasco total. Y todo eso se ha convertido en una obligación cada vez más incómoda porque, quien antes estaba satisfecho con la presencia en su acto de un consejero, ahora quiere tener medio gobierno.
Hace pocas semanas se vio hasta qué punto resulta conflictiva esta práctica. El PSOE perdió en Madrid una votación decisiva para la reforma del Consejo del Poder Judicial por el hecho de que varios de sus parlamentarios estaban en conmemoraciones de sus comunidades de origen y de una fecha de relevancia feminista.
Empieza a resultar necesario que alguien corte por lo sano con tantas demostraciones de cuerpo presente, porque lo políticamente correcto ha desbordado todos los límites.

Nada controlado

El caso Enron va a servir para sacar algunas conclusiones y una de ellas es que, en una gran empresa, nadie sabe nada de lo que pasa y, si lo sabe, debe negarlo. Todos los que han declarado han asegurado desconocer por completo cuál era la situación contable real de la compañía. Desde el presidente a los dos últimos consejeros delegados. Algo semejante ha ocurrido con los máximos responsables de WorldCom y HealthSouth, que también se han sentado en el banquillo como consecuencia de las contabilidades fraudulentas de sus respectivas multinacionales. Y algunos de ellos han convencido al jurado de su inocencia o, al menos, han conseguido que no fuera capaz de ponerse de acuerdo en un veredicto condenatorio.
En realidad, hay que reconocer que nada es controlable del todo, lo cual no exime de la responsabilidad y la ley española es muy clara al atribuírsela a todos los administradores de una empresa, aunque es bien sabido que muchos de los que se sientan en un consejo se limitan a estar presentes y a poco más.
El resultado es que, o pagan todos (incluidos los que realmente no eran conscientes de estar cometiendo una tropelía) o no paga nadie y esto sugiere que habría que afinar más a la hora de establecer responsabilidades. Pero, sobre todo, indica la necesidad de idear fórmulas contables más sutiles para el diagnóstico de la empresa, equiparables a los avances de la ingeniería financiera para ocultar la realidad.
El caso de la administración pública puede ser un buen ejemplo de hasta qué punto la burocracia y los controles actuales llegan a resultar totalmente ineficaces. Desde que se decide un gasto hasta que efectivamente se produce el pago al proveedor hay una infinidad de pasos intermedios, de comprobaciones y de firmas. En muchos casos, un gasto minúsculo (una factura de taxi) requiere el visto bueno de tal cantidad de responsables que, el valor del tiempo acumulado en este trámite supera, con mucho, el importe de la factura. Como resulta obvio, uno tras otro se limitan a firmar una ristra de autorizaciones semejantes cada día, sin perder el tiempo en comprobar si efectivamente estaba justificado el gasto. Dan por hecho que alguno de los otros firmantes lo habrá hecho. Como todos piensan lo mismo, nadie es realmente consciente de lo que firma.
Cualquiera podría suponer que se trata de un caso banal, pero estas rutinas acaban por trasladarse a otros gastos de más relieve. La reiteración de los trámites hace que casi nadie preste atención a lo que ha de rubricar una y otra vez, a excepción de los gastos realmente singulares.
El resultado es que, después de tantas asunciones de responsabilidades y de supuestos controles, casi todo está descontrolado. Si hiciésemos un control por sorpresa a los consejeros sobre el gasto consumido a mitad de año en las partidas de su departamento, el resultado sería decepcionante. La mayoría no pasaría de tener una idea más o menos aproximada del dinero que le queda. Y eso es consecuencia de este endiablado proceso que media hasta llegar al desembolso, que no solo no mejora el control, sino que lo empeora.
Esto, que parece imposible en la era de la informática, es absolutamente real y perjudica seriamente la calidad del presupuesto para el ejercicio siguiente, ya que cada consejero ha de plantear en verano sus pretensiones. En ese momento, ni siquiera tiene conciencia real de lo que va a gastar en el ejercicio en curso, única base fiable para el cálculo de las necesidades posteriores, y se limita a reclamar, por defecto, lo mismo que ya tenía y un poco –o un mucho– más. Así se consolidan en el tiempo programas inútiles y gastos innecesarios. Y eso ocurre en la era de la información instantánea y de los dirigentes que creen vivir on line. ¿Qué pasaría en otros tiempos?