La gran industria impulsa un ‘pool’ para comprar la electricidad

¿Es posible que alguien acuda al mercado con la intención de gastarse 800 millones de euros y ninguna compañía corra a ofrecerle un contrato? En el sector eléctrico, sí, y eso les está pasando a los grandes consumidores de kilovatios que han de salir forzosamente del marco tarifario y han decidido unir sus fuerzas para negociar el precio. Pero España es una isla energética y los posibles suministradores son los mismos que ya les están vendiendo la electricidad. En el mercado libre, sin tarifas prefijadas por el Gobierno, a las eléctricas les basta con no hacerse la guerra entre ellas para cobrar más.
Solvay fue una de las primeras industrias del país en coger el toro por los cuernos y el director de la planta de Cantabria, José Luis Zárate, uno de los más decididos a la hora de buscar alternativas para conseguir un precio de la electricidad equiparable al que pagan algunos de sus competidores internacionales. La fábrica de Barreda consume al año 160 gigavatios-hora, lo que supone unos cinco millones de euros. A la iniciativa de crear un pool de compradores se han sumado, por el momento, 28 empresas de todo el país, que consumen 23.000 megavatios-hora y suman cien centros de consumo, de los cuales un buen puñado de ellos están en Cantabria: Además de la planta que tiene Solvay en Barreda, la fábrica reinosana de Sidenor, Ferroatlántica, Cementos Alfa, GSW, Praxair o Air Liquide.
Para todos ellos, el precio de la energía eléctrica es decisivo, sobre todo para Ferroatlántica, que consume al año 550 millones de kwh –más que todos los vecinos y comercios de Santander juntos– y para la cual la factura de cada mes representa un tercio de los costes totales.
Estos grandes consumidores han creado una central de compras denominada Fortia, para tener la fuerza suficiente como para doblegar a las grandes eléctricas nacionales, algo que no han podido conseguir individualmente quienes se lanzaron hace unos años a negociar contratos, a raíz de la liberalización eléctrica, cuando creyeron que esa vía les permitiría obtener precios más baratos que quienes permaneciesen bajo el régimen tarifario, una suposición que resultó errónea.

Inevitable subida

Solvay no puede esperar a tener en marcha en 2012 el ciclo combinado que va a construir en asociación con Viesgo y Ferroatlántica tampoco está por la labor de quedarse parada, ahora que forzosamente cada consumidor tendrá que negociar los precios con el proveedor que más le convenga. En teoría, esta liberalización debiera contribuir a bajarlos, pero las industrias están convencidas de que ocurrirá todo lo contrario. Juan Carlos Sánchez Recio, director de la fábrica de Ferroatlántica ubicada en Boo, está seguro de que subirán mucho más y el director de Solvay cree que, ni en el mejor de los casos, se conseguirá mantener el precio actual, por lo que el pool sólo se plantea minimizar los daños. Ni siquiera el hecho de concentrar el 15% del consumo nacional, y un porcentaje bastante superior en Cantabria, permite aspirar a más en un mercado tan oligopolista como el eléctrico.
No obstante, incluso bajo el régimen de tarifa, las industrias han sufrido en los últimos tiempos fuertes subidas en el precio de la energía, bastante más que los particulares, a los que el Gobierno sólo les ha trasladado una pequeña parte de las alzas del petróleo, del gas natural y del carbón, para evitar que se disparase la inflación o para contener el descontento popular que originan las subidas.
En el pool de los grandes consumidores han entrado aquellos que utilizan procesos industriales electrolíticos, que son intensivos en electricidad, como las químicas Solvay y Ercros; los cementeros; los productores de gases, que tienen altos costes en los procesos de comprensión; las ferroaleaciones, que funden en hornos eléctricos, como Ferroatlántica o las siderúrgicas, incluida Sidenor.
Fuera han quedado El Corte Inglés y Renfe, que por sus consumos justificarían la inclusión, pero que no pueden aceptar la cláusula de interrumpibilidad, la gran baza de las industrias para negociar las tarifas. A cambio de obtener menores precios, los industriales aceptan ser desconectados de la red en casos extremos, cuando la demanda de electricidad en el país supera la capacidad de generación de las centrales. Para las eléctricas es muy importante tener clientela con esa flexibilidad y las industrias saben que esa interrupción en el servicio ocurrirá en muy pocas ocasiones.

La nuclear ‘virtual’ francesa

La iniciativa de los industriales españoles no es muy distinta a la que han adoptado los siete grandes consumidores franceses, que han acabado por adquirir una central nuclear virtual. La empresa eléctrica pública EDF tiene previsto construir una nueva nuclear, pero serán estos clientes los que la financien. A cambio, en el futuro, sólo abonarán por la energía los costes variables más un pequeño margen, el beneficio de EDF. Para calcular el abaratamiento de tarifas que podría producir una solución semejante en España hay que tener en cuenta que una nuclear media, de 1.000 megavatios de potencia, tiene en estos momentos una rentabilidad neta diaria de casi 600.000 euros.
Pero levantar una nuclear nueva no es nada fácil en ningún país y menos en España, donde hay una moratoria desde hace veinte años. Por eso, las industrias españolas ven más factible la importación de energía eléctrica procedente de los saltos de Noruega o de las centrales nucleares de Rumanía o Francia. Pero tampoco eso resulta fácil, porque en Europa no hay un auténtico mercado eléctrico y la francesa EDF ha hecho todo cuanto ha estado en su mano para evitar que se desarrollen los acuerdos de interconexión entre Francia y España que, en todo caso, ofrecían unas posibilidades de transporte demasiado modestas como para cubrir las necesidades de la gran industria española.
Incluso para operar como mero distribuidor eléctrico en el interior del país el pool de los compradores tendrá que salvar muchos escollos. Por ejemplo, el de Red Eléctrica, donde el sector público tiene mucho que decir, que ha pedido un aval de 250 millones de euros por asegurar el transporte, basándose en la legislación española, que exige garantías financieras por las posibles desviaciones entre el flujo eléctrico solicitado y el que realmente se utilice. Aunque la garantía se limita a cubrir una eventual desviación del 10%, la enorme dimensión del consumo de Fortia hace que la fianza se dispare a cantidades multimillonarias.
Las industrias pretenden que el Gobierno reduzca esta garantía, basándose en la estabilidad que tienen sus consumos, pero si el Ejecutivo accede, ese precedente podría servir para que otros distribuidores solicitasen la misma exención de avales, por lo que el Ministerio de Industria ha optado por mantenerse al margen. Los industriales, ante la amenaza cada vez más inminente del cambio de régimen, sólo ven dos salidas, o un aplazamiento de la liberalización eléctrica o ser recibidos por el propio Rodríguez Zapatero para plantearle abiertamente si España quiere seguir manteniendo la gran industria. Una inquietud que en Cantabria, donde se concentran varios de los grandes consumidores, tiene tintes aún más dramáticos.