Mare, el fin de las subvenciones

En los quince años de existencia de la Empresa de Residuos de Cantabria, hoy Mare, se ha creado una cultura de creciente dependencia de las subvenciones públicas, puesto que la empresa nunca ha podido aplicar unas tarifas equivalentes a los costes e, incluso, es dudosa su capacidad para aplicar tasas y precios públicos, dado que no es una institución administrativa, por mucho que el sector público sea el propietario del 100% de las acciones.
Desde su acceso al cargo, el actual consejero de Medio Ambiente ha intentado reconducir el camino de Mare, que se encontró anegada por las pérdidas y por un volumen de gastos desmesurado. Ahora ha optado por dar un paso más y cambiar la filosofía de la empresa, que pasará a ser una sociedad de gestión, exactamente aquello para lo que fue creada. Sin activos propios relevantes, actuará como lo haría cualquier un contratista privado contratado por el Gobierno para gestionar los residuos de la región. De esta forma, Mare deja de tener como clientes a los ayuntamientos, a los que debía cobrar por la gestión de sus basuras, y su único cliente pasará a ser el propio Gobierno. Por tanto, será éste el que cobre después a los municipios las tasas correspondientes.
De esta forma, la empresa pública ya no tendrá que vivir cada año de las subvenciones aportadas por los Presupuestos Regionales de Cantabria para cubrir las pérdidas que provoca el no poder cobrar a los ayuntamientos los costes reales del servicio de basuras y depuración de aguas y la alta morosidad.
Mare mueve al año las 200.000 toneladas de residuos urbanos que generan los cántabros. En el caso de los grandes municipios, que tienen su propia red de recogida, su labor se limita a las gestión de estas basuras en los vertederos, incluidos los procesos de selección. Pero hay más de 60 ayuntamientos pequeños para los que Mare también realiza las recogidas en las calles, puesto que no tienen dimensión suficiente para justificar un servicio municipal propio.

Lo que cuestan, realmente, las basuras

El proceso no se diferenciaría de cualquier otro negocio si los precios se correspondiesen con los costes, pero en este terreno siempre se ha mantenido una subvención encubierta. Los ayuntamientos, tradicionalmente, sólo han pagado aproximadamente la mitad de lo que realmente cuesta la gestión de las basuras que, en la práctica, supone unos 100 euros por tonelada en las recogidas y unos 50 en selección y vertido. Esto supone alrededor de 25 pesetas por kilo de basura, de forma que la bolsa que cualquier familia arroja cada día al contenedor tiene un coste de gestión superior a las cien pesetas.
Para los ayuntamientos, el precio debiera ser indiferente, dado que ellos han de repercutírselo a los vecinos, pero ninguno encuentra el momento adecuado para subir sustancialmente estas tasas y acercarlas a los costes reales, ya que es obvio que eso resulta muy impopular. Esta política, no obstante, tendrá que cambiar, dado que la Unión Europea exige que para el 2010 estén equiparados los precios con los costes, al entender que sólo en el caso de que el ciudadano sea perfectamente consciente de lo que cuesta gestionar sus residuos adoptará una actitud más comprometida para reducirlos.
El resultado es que, cada año, el Gobierno debe aportar a Mare una subvención que ronda los 25 millones de euros para equilibrar sus cuentas, un dinero que los ciudadanos no pagan por el servicio de basuras pero que sí pagan vía impuestos.

El Gobierno recupera la gestión del cobro

Con el nuevo sistema, el Ejecutivo pasará a sufragar el coste completo del servicio de Mare, pero será él quien se encargue de cobrar luego a los ayuntamientos. Este sistema ya se empleó en los primeros años de la Empresa de Residuos, pero fue abandonado a mediados de los años 90, al suponer el Gobierno de entonces que una empresa gestionaría mejor los cobros a los ayuntamientos morosos. La realidad ha sido muy distinta, ya que no resulta sencillo ejecutar las deudas a organismos públicos y menos sencillo aún el tratar de utilizar con ellos medidas de fuerza como suspender el servicio de recogida de basuras al municipio que no pague, ya que eso causa un grave perjuicio a los vecinos, que no son responsables del problema, ya que ellos sí que abonan las tasas de basuras.
El Gobierno, en cambio, tiene ahora un argumento de cobro muy eficaz. Si algún ayuntamiento deja de pagar, podrá descontarle la cuantía de las partidas económicas que le tramita cada año en subvenciones. Esa compensación ya intentó hacerla el último gabinete de Hormaechea, para resolver este mismo problema, pero entonces no había un soporte jurídico que lo permitiese y nunca pudo llevarse a efecto.
Mare es hoy un importante entramado de gestión medioambiental, del que dependen vertederos, depuradoras, redes de recogida de residuos urbanos y puntos limpios. Su instalación más importante sigue siendo la de Meruelo, pero ya no se le puede seguir aplicando el concepto tradicional de vertedero. Allí se ha creado todo un complejo industrial en torno a las basuras, que incluye una planta de clasificación y recuperación, otra de compostaje –donde los residuos orgánicos se convierten en abonos– y una incineradora que busca minimizar y obtener energía de aquellos residuos que no son recuperables por otras vías. Además, en el complejo sigue existiendo el vertedero convencional, al que van a parar los restantes residuos, una planta de tratamiento de lixiviados, un horno específico para los residuos hospitalarios y una estación que recupera el gas metano que producen las basuras enterradas y lo transforma en energía eléctrica.
Alrededor de 110 personas trabajan en este complejo al que llegan cada día unos 70 camiones, lo que produce una actividad permanente y especialmente llamativa durante la noche.
Todo este proceso de recuperación de residuos produce algunas economías, por la venta de electricidad, papel, metales y compost, pero, sobre todo, permite duplicar el horizonte de uso del vertedero, al que sólo llegan ya la mitad de los residuos urbanos que genera la población de Cantabria anualmente.

Reducción de los lodos y producción de energía

El vertedero recibe, también, 70.000 toneladas al año de residuos asimilables a urbanos, especialmente podas y lodos de depuradoras que, por el momento, no se han podido reducir, pero, como ya ha ocurrido con los urbanos, hay una perspectiva inminente de conseguirlo. Cuando a comienzos de año comience a funcionar la planta de secado de lodos de depuradora que se construye en Reocín, la cifra se reducirá sustancialmente, ya que una vez deshidratadas, las 30.000 toneladas de fangos se quedarán en el 23%.
La planta de Reocín va a producir 12 Mw de electricidad, utilizando gas natural como energía. La quema del gas mueve un generador y el calor residual se utiliza para el secado de los lodos. Este doble aprovechamiento eleva la eficiencia energética de cada termia de gas consumida con respecto a las centrales convencionales.
Con los 12 Mw de esta planta eléctrica, los 10 que genera la incineradora construida por Urbaser en Meruelo y los 3 de la planta de metano en la que participa Ascan, Mare ha creado un notable grupo eléctrico, ya que los 25 Mw que produce y vende a la red eléctrica podrían abastecer de energía a una ciudad de tamaño medio.