Sin Plan, no hay obras
El Ayuntamiento de Santander comenzó a revisar el Plan de Urbanismo en plena vorágine urbanística, cuando todas las viviendas que se construían parecían pocas, y decidió convertir en suelo urbano todo el que quedaba en el municipio, con muy pocas excepciones. Para justificar con un matiz social esta política de ocupación total, añadió un porcentaje obligatorio de VPO en las promociones.
El Gobierno regional no puede decidir cómo debe ser el urbanismo de los ayuntamientos pero, a través de la Comisión Regional de Urbanismo debe dar el visto bueno al que proponen los municipios y reconducir sus propuestas o rechazarlas, cuando cree que no se ajustan a la Ley del Suelo o a otras directrices urbanísticas. Muy pocos planes salen indemnes y en el caso del propuesto por el Ayuntamiento de Santander hay una diferencia sustancial. La Comisión Regional de Urbanismo parece dispuesta a aceptarlo casi todo menos que los terrenos ubicados frente al Parque Tecnológico de Cantabria sean destinados a edificación intensiva para poder construir en ellos unas 6.000 viviendas, aproximadamente las mismas que se han hecho en la ladera de Cueto y Monte, junto a la Autovía del Sardinero.
En su revisión del planeamiento, Santander prácticamente no ha dejado ningún espacio industrial y, dado que agota el suelo disponible, ni siquiera habría otra posibilidad posterior de conseguirlo. Ya sea por ese motivo, por la situación estratégica de los terrenos rústicos que se encuentran frente al Parque Tecnológico o por la presión de un grupo de empresarios que quieren hacer allí otro polígono industrial, la Comisión Regional de Urbanismo parece poco dispuesta a dar el visto bueno a la reforma del Plan Urbano de Santander mientras mantenga la calificación de edificación intensiva para estos terrenos, sin dejar una reserva de suelo industrial, y el Ayuntamiento hasta ahora no ha estado dispuesto a darle otra.
Pugna soterrada
El resultado de esta diferencia de opinión se ha traducido en una pugna soterrada que dura muchos meses. El Gobierno no accede a las pretensiones de Iñigo de la Serna, con lo cual mantiene bloqueada la revisión del Plan y el Ayuntamiento, a su vez, le impide al Gobierno que pueda derribar su antigua sede de Puertochico para construir el Edificio Moneo, o que pueda acometer la urbanización de la finca de La Remonta, con lo cual no puede cumplir dos de sus promesas electorales más importantes.
Ninguna de las partes ha cedido hasta ahora, pero la situación no puede esperar más, porque los perjudicados se acumulan y entre ellos, la iniciativa del Banco Santander para construir un Centro de Proceso de Datos, un proyecto vital para la región en cualquier época, pero mucho más en estos tiempos de crisis.
Actualmente, no hay suelo disponible en Santander con calificación urbanística que permita acoger un proyecto que requiere unos 100.000 metros cuadrados y, aunque se pudiera conseguir a través de un PSIR, no parece lógico iniciar una tramitación semejante y asumir un riesgo de grave confrontación política cuando ya está ultimada la revisión del Plan de Urbanismo.
La construcción del CPD del Santander dará trabajo a 500 personas durante dos años, lo que por sí solo no va a resolver los graves problemas que tiene el sector de la construcción, pero sí será una importante ayuda. Como también lo será el Edificio Moneo y La Remonta, que mientras se construyan requerirán alrededor de 4.000 empleos directos más, si se atiende al ratio inversión/empleo que utiliza la patronal Seopan.
El nuevo Hotel Sardinero
También hay un importante volumen de obra privada paralizada a la espera del Plan General. Una de las más significativas es el Hotel Sardinero, en el que el grupo Armando Alvarez tiene previsto invertir veinte millones de euros, que también resultarán sustanciales para mantener la actividad del sector de la construcción.
El Hotel ya ha advertido a sus numerosos clientes habituales (hay un buen número que tiene reservada cada año la misma habitación) que no abrirá este verano porque para ese momento debería estar ya derribado el edificio actual, pero mientras no se apruebe el Plan ni se puede hacer el derribo ni, por supuesto, la reconstrucción. Así que la empresa propietaria se encuentra en una situación complicada, ante la eventualidad de perder el verano, la única estación realmente rentable, para nada y, lo que sería peor, la pérdida del verano de reapertura. Dado que las obras no pueden hacerse en menos de dos años, resulta imprescindible empezar antes de julio para poder reabrir el mismo mes de 2011. Perder tres veranos, en lugar de los dos previstos y, sobre todo, el tener que inaugurar en otoño o invierno, fuera de temporada, resultaría un hándicap muy fuerte para un hotel que, en ese caso, ya no tendría ninguna expectativa de poder recuperar su clientela de toda la vida.
La empresa propietaria consiguió, después de muchas negociaciones, que el Ayuntamiento aceptase el derribo del edificio (sólo se admitía la rehabilitación) para reconstruirlo según el diseño original, lo que además permitía hacer un subterráneo con dos plantas de parking y una técnica. En realidad, también gana volumen de construcción, pero eso apenas se notará, porque se consigue con el cierre del patio posterior, abierto ahora hacia la calle Panamá.
El hotel tendrá algo más de cien habitaciones, aproximadamente las mismas que ahora, dado que el espacio ganado con el nuevo ala es equivalente al que ocuparán los salones previstos en la primera planta, con los que se resolverá una de las principales carencias del actual edificio, que tiene muchas más muestras de agotamiento tras un siglo de vida, aunque haya sido sometido a varias reformas.
Las entidades financieras, también están afectadas
Existen proyectos inmobiliarios que esperan la aprobación del Plan General. Son, obviamente, menos de los que cabía esperar hace un año, pero también los hay. Además de la enorme finca de un millón de metros cuadrados situada frente al Parque Tecnológico que promoverá Real de Piasca y en la que también esperan obtener parcelas industriales varios centenares de empresarios de Santander que necesitan suelo, se encuentran a la espera del Plan para construir la promotora Landscape, que verá recalificados unos terrenos situados al oeste del Parque, y Alcalá 120, ahora controlada por Caixa Cataluña, que mantiene la intención de edificar en Cueto.
Si la lista de afectados directos por el retraso del Plan es larga, la de los indirectos es aún mayor y en ella se encuentran los bancos y cajas que han financiado a promotoras para la compra de suelo rústico y que, como consecuencia de la nueva legislación, se encuentran obligados a hacer dotaciones para asegurar los riesgos de ese suelo, puesto que ya sólo pueden valorarlo en función de su calificación actual y no por sus expectativas urbanísticas.
Próximo acuerdo
Demasiados afectados, demasiado dinero comprometido y muchos empleos en el aire como para seguir manteniendo estancada la reforma del planeamiento santanderino. Tantos que ha llegado el momento de ponerse de acuerdo y el catalizador ha sido el proyecto del Banco Santander, que ha encontrado dos padrinos muy predispuestos a darle curso cuanto antes: el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el presidente regional, Miguel Angel Revilla. El interés común de ambos por no perder esta inversión histórica y por apuntarse el tanto ha obligado al Ayuntamiento y al PRC, que controla el área urbanística del Gobierno regional, a llegar a un acuerdo para desatascar la situación de los terrenos situados frente al Parque Tecnológico y, con ello, la de todo el Plan.
Los resultados de esta negociación se plasmarán en unas pocas semanas y darán relativa satisfacción a todas las partes que han intervenido en este largo y soterrado conflicto: Al Banco Santander, porque tendrá el suelo que necesita; al Ayuntamiento, porque se respetará buena parte del carácter residencial que quería dar a la finca; a los industriales agrupados en la asociación AFOEM, porque dispondrán de buena parte del suelo industrial que pedían; al Gobierno regional, porque por fin habrá impuesto su tesis de que, al menos una parte de los terrenos debían dedicarse a constituir una reserva estratégica de suelo industrial, necesidad que ha quedado perfectamente plasmada con el proyecto del Banco Santander; y a los propietarios de la finca, entre los cuales el mayoritario es Real de Piasca, porque es el mal menor. No podrán hacer las 6.000 viviendas previstas, sino la tercera parte, pero diversificarán sus riesgos, al vender parte del suelo para la formación de un polígono industrial en las proximidades de Bezana, además de la enorme parcela que ocupará el Santander y por el hecho evidente de que la presencia del Banco tendrá un tirón muy importante sobre la venta de las viviendas que se hagan en la zona, donde también es posible que a los propietarios se les permita construir un centro comercial, lo que compensará su inversión.
Con todos estos efectos inducidos, la revisión del Plan General de Santander será, sin ninguna duda, la medida anticrisis más efectiva en estos momentos.
