Agricultura establece un periodo de parada voluntaria para el jurel que tendrá una compensación económica

Se beneficiarán hasta 86 buques dependientes del jurel del Cantábrico y Noroeste

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha firmado este viernes la resolución por la que se establece un periodo de parada voluntaria en la pesquería del jurel para la flota de cerco y para determinados buques de artes menores dependientes del esta especie y que tendrá una compensación económica.

El Departamento que lidera Luis Planas ha precisado que la resolución, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que estas paradas tendrán un periodo mínimo de un mes y máximo de tres meses.

Según la resolución, la limitación voluntaria de la actividad se podrá compensar con una ayuda económica por paralización temporal en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y de su normativa de desarrollo en España, que percibirán tanto las empresas armadoras de los buques como los tripulantes.

Agricultura ha señalado que con esta medida, el Gobierno cumple su compromiso de apoyo a la flota pesquera afectada por el cierre de la pesquería del jurel debido a su delicada situación.

La Unión Europea y el Reino Unido acordaron el pasado diciembre una reducción del 78% en la cuota del jurel para 2023 en el Atlántico Noroeste, que únicamente podrá capturarse como pesca accesoria, dada la delicada situación de la especie. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) recomendó un Total Admisible de Capturas (TAC) cero para este año.

Entre las condiciones específicas que se exigirán a los buques, se estipula que deben tener una dependencia de las capturas de jurel, respecto del total de capturas comercializadas, igual o superior al 18% en los últimos tres años, conforme a los datos que obren en la Secretaría General de Pesca.

De esta forma, podrán beneficiarse 86 buques, distribuidos entre las distintas comunidades autónomas de la siguiente forma: 71 en Galicia, ocho en Cantabria, cuatro en el País Vasco y tres en Asturias.

La gestión y pago de las ayudas las realizarán las comunidades autónomas, que deberán realizar las correspondientes convocatorias, previa territorialización de los fondos correspondientes, que se acordará en la Conferencia Sectorial de Pesca.