Agricultura publica la orden que extiende las ayudas agrarias por la Dana a más damnificados

AVA-Asaja denuncia que el Gobierno deja fuera a agricultores por «un mero trámite burocrático»

VALENCIA, 27

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que establece el procedimiento de comunicación que deben seguir los ayuntamientos de Valencia cuyos agricultores o ganaderos hayan sufrido daños por la dana, pero que no estaban incluidos en el listado inicial de municipios afectados del real decreto-ley del 11 de noviembre.

El pasado lunes día 23, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley (9/2024) por el que se amplía el ámbito de aplicación de las medidas agrarias para los afectados por la dana con el fin de incluir a los agricultores y ganaderos valencianos de municipios colindantes con daños en sus explotaciones, ha explicado en un comunicado.

Esta aprobación llegó tras comprobar la existencia de parcelas e infraestructuras gravemente afectadas por la dana en la provincia de Valencia que no estaban incluidas en el ámbito territorial de los municipios inicialmente relacionados en el Real decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre.

La orden publicada este viernes, que desarrolla este real decreto, dispone que los titulares de las explotaciones afectadas deben comunicar a sus respectivos ayuntamientos la existencia de daños, ya sean de producción o de potencial productivo.

El ayuntamiento remitirá a su vez el miércoles de cada semana, y hasta el 5 de febrero de 2025, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación esta información agregada mediante un formulario puesto a su disposición. Una vez comunicada la información, se procederá a la verificación de los daños y de los requisitos y, en su caso, a conceder las ayudas previstas en los citados artículos.

Este viernes, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, han mantenido una reunión con una treintena de alcaldes de la provincia de para explicar la extensión de las medidas, el procedimiento de comunicación de daños y resolver dudas y cuestiones planteadas por los municipios.

Los titulares de las parcelas e instalaciones contempladas en la extensión podrán acceder a las ayudas directas por pérdida de renta, que tiene un presupuesto total de 200 millones de euros. También podrán beneficiarse de las medidas de recuperación del potencial productivo para la reparación de caminos rurales, infraestructuras de regadío y parcelas agrícolas y ganaderas, para las que existe una dotación de 170 millones de euros.

Igualmente, los agricultores y ganaderos con daños en estos municipios colindantes podrán optar a las ayudas para la reposición de la maquinaria agrícola dañada por la dana por un total de 10 millones de euros y beneficiarse de la financiación bonificada a través de la línea ICO-MAPA-SAECA, dotada con 60 millones de euros.

CRÍTICAS DE AVA-ASAJA

Tras publicarse la orden, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado que «centenares de damnificados van a quedarse fuera de la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta por no cumplir un mero trámite burocrático», como no estar inscritos a fecha 28 de octubre en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).

Según ha indicado la organización agraria en un comunicado, si bien hasta este viernes el Gobierno había indicado que tendrían acceso a las ayudas los agricultores afectados que estuvieran en los sistemas de información o bases de datos del Ministerio de Agricultura, «la inclusión de este nuevo requisito burocrático provocará la exclusión de aquellos productores o viveros que no se han inscrito en este registro en particular».

Es el caso, por ejemplo, de Victor Manuel Alabau que sufrió graves destrozos en campos, viveros, vehículos, tractores y viviendas en los términos de Turís, Torrent y Paiporta: «Pese a que mi actividad agraria es legal, tributo en Hacienda o la Administración realiza las oportunas inspecciones, ahora para el tema de las ayudas no puedo entrar por un papel que no tenía antes de la dana y que ahora he cumplimentado».

En la orden publicada en el BOE el Gobierno «sigue sin incluir en las medidas agrarias a los municipios afectados de la provincia de Castellón, mientras que en los nuevos municipios de la provincia de Valencia obliga a los agricultores a comunicar a los ayuntamientos, mediante un trámite burocrático, los daños sufridos en sus explotaciones», ha lamentado la asociación.

Por otra parte, AVA-Asaja también ha advertido de que las ayudas directas de 5.000 euros para autónomos «no irán a los bolsillos de aquellos agricultores que no estuvieran el 28 de octubre en el censo de empresarios profesionales y retenedores (modelo 036 o 037)».

La asociación ya alertó de que el Gobierno «excluía de estas ayudas directas para autónomos a más del 80% de los agricultores afectados, porque la normativa estatal no contempla a los productores a tiempo parcial y a los jubilados no autónomos, que representan a la mayoría del sector agrario valenciano».

Asimismo, denunció que el Gobierno dejaba fuera de las medidas de apoyo a los casos en los que no constan ingresos de campañas precedentes, por tener una finca con plantones que no han entrado todavía en producción, por tratarse de una primera instalación de joven agricultor o una explotación recién heredada o recuperada tras un contrato de arrendamiento.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha subrayado que «al principio el Gobierno anunciaba ayudas para todos los afectados pero al final ha afinado el lápiz y ya no está siendo así». «La promesa se la lleva el viento con la nueva letra pequeña, de manera que un buen número de agricultores pasarán la mano por la pared, aunque sí pagan impuestos y votan a políticos. Por tanto, es bueno que tomen nota y sepan quiénes les ningunean y perjudican a conciencia», ha agregado.

Aguado ha reiterado la necesidad de «retirar trabas burocráticas para facilitar las ayudas necesarias a todos los agricultores y ganaderos damnificados por la Dana, así como una mayor coordinación entre las administraciones y una mayor agilidad a la hora de solucionar con carácter de urgencia todos los trabajos que hay pendientes para recuperar la normalidad tras la Dana y garantizar los riegos en los campos que tienen cosechas pendientes de recolección».

Además, cree que «ha quedado en evidencia que urge la construcción de infraestructuras hidráulicas basadas en el consenso y criterios técnicos de los expertos en la materia, tanto para minimizar el impacto de futuras riadas como para almacenar más agua ante futuras sequías».