Las industrias obtienen la autorización ambiental en el último minuto

Con el aliento contenido hasta el último instante. Así han vivido en Cantabria, tanto las empresas implicadas como la propia Consejería de Medio Ambiente, la finalización del último plazo dado por la Unión Europea para que las industrias españolas pudieran obtener la Autorización Ambiental Integrada. De no haberlo conseguido, el precio a pagar habría sido tan elevado que cuesta imaginarlo: el cierre o el traslado a otro país con menores exigencias.
El sprint final ha rendido sus frutos y las empresas cántabras han logrado prácticamente un pleno. 64 de las 65 industrias afectadas cuentan desde el 1 de mayo con la Autorización Ambiental Integrada que les va a permitir proseguir con su actividad y sólo una, la factoría torrelaveguense de termos Vila Electroquímica, se ha quedado fuera de la carrera, aunque de manera deliberada y por razones de estrategia empresarial.
El proceso, no obstante, no puede darse por concluido. Comienza ahora un nuevo plazo de 18 meses para que las industrias lleven a cabo los cambios en los procesos productivos a los que se han comprometido para ajustar sus vertidos a los parámetros que les exige la autorización, los que se pueden conseguir con las técnicas más modernas. Una adaptación masiva que, por su magnitud tecnológica y económica, va a suponer una pequeña revolución industrial y un salto medioambiental muy significativo para la región.

Un proceso tutelado

Las prisas de última hora se hubieran podido evitar si todos los implicados se hubieran puesto manos a la obra desde el primer momento, pero han apurado al máximo el generoso plazo con el que han contado para la aplicación de esta directiva comunitaria (IPPC). Seis años han tenido empresas y Administración para ponerse al día y, como suele ocurrir con los plazos tan dilatados, hasta los últimos meses muchas industrias no han tomado conciencia de lo que se avecinaba, afrontando el complejo expediente que requiere la autorización ambiental.
El proceso ha sido tutelado por la Consejería de Medio Ambiente, cuyos funcionarios han llevado prácticamente en mano los requerimientos y avisos y han hecho cuanto han podido para evitar que algunas de las empresas pudiesen quedar fuera de juego y se viesen obligadas a cerrar. Este riesgo fue muy elevado para al menos ocho de las 64 industrias obligadas por la IPPC, que fueron repescadas en el último instante. La Consejería también se vio obligada a cambiar el criterio inicial, según el cual las inversiones para la aplicación de las mejores técnicas disponibles debían estar realizadas antes de otorgar la autorización ambiental integrada. Una interpretación posibilista de la ley ha permitido cambiar el orden y ofrecer un plazo de año y medio a partir de ahora para hacer los cambios tecnológicos, aunque la fecha límite del 30 de abril para la emisión de las resoluciones administrativas la fijó la UE para poner fin a un proceso que amenazaba con alargarse indefinidamente.

Una revolución industrial

Los próximos 18 meses van a significar una transformación de profundo calado para las industrias de Cantabria; tanto que se puede calificar de revolución silenciosa. Si en los años ochenta fue la necesidad de reconvertir sectores industriales que se habían quedado obsoletos, lo que motivó la renovación, esta vez, y en sintonía con la nueva sensibilidad social, es el medio ambiente el que va a impulsar la modernización tecnológica de las empresas más importantes de la región.
De la magnitud de los cambios que se van a introducir da idea el volumen de inversión que acometerán las industrias afectadas que, según la estimación de la propia Consejería, se sitúa en torno a los 150 millones de euros. Un gasto que va a suponer también un revulsivo para las firmas que trabajan en el sector medioambiental, que van a ver multiplicadas sus oportunidades de negocio, y para los fabricantes de bienes de equipo.
Lo abultado de la cifra indica, por otra parte, lo alejadas que están muchas de las industrias de Cantabria de la modernización, si por ella entendemos la aplicación de las mejores técnicas disponibles. Esto es especialmente cierto en al menos 15 de las industrias afectadas que, a pesar de haber obtenido la Autorización Ambiental, tienen unos parámetros de vertidos y emisiones muy alejados de los que deberán cumplir a finales de 2009 y se enfrentan a un reto caro y complicado.
Muchas de las empresas afectadas por esta nueva reconversión, para la que no se va a crear una línea específica de subvenciones, ya han solicitado flexibilidad a la Consejería de Medio Ambiente a la hora de aplicar el plazo de 18 meses. El consejero, Francisco Martín, se ha mostrado dispuesto a analizar cada caso, pero ha insistido en que ese periodo de tiempo es más que suficiente para culminar un proceso en el que la propia Consejería se juega su credibilidad.