Aguado pedirá al Gobierno de Madrid un plan de rescate de 1.000 millones para familias y empresas

Propone que el abono de transporte cueste 30 euros desde los 26 a los 30 años y aumentar el personal en residencias

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pedirá en el próximo Consejo de Gobierno poner en marcha un plan de rescate para familias y empresas, que esté dotado con al menos 1.000 millones de euros.

«Hablamos de ayudas a familias y empresas que lo están pasando mal y que si no hacemos nada van a terminar por caer en riesgo de exclusión o empresas cerrar», ha trasladado en una entrevista en TVE , recogida por Europa Press.

Según ha expuesto el dirigente, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, conocen su voluntad de «apostar por este tipo de ayudas» y porque la Comunidad de Madrid «se vuelque con las familias y con las empresas».

«Llevamos ya tiempo hablando sobre ello pero quiero que en este Consejo de Gobierno se haga con detalle, presentemos formalmente este plan de rescate ciudadano y que hablemos de medidas importantes, que son necesarias», ha declarado.

En concreto, ha planteado que de los 26 a los 30 años el abono transporte cueste treinta euros, aprobar una línea de ayuda a las empresas para que puedan sufragar sus costes fijos (alquiler de local, nóminas, luz o agua) reforzar las residencias de mayores, que necesitan reformarse o mejorar en la prestación de determinados servicios, o una tarjeta monedero para las familias que lo están pasando peor.

Para el vicepresidente, cada día que pasa sin poner en marcha un plan de rescate de estas características, se está dejando a las familias y a las empresas «atrás».

Según han explicado posteriormente desde el Gobierno madrileño, este plan se incluiría en los Presupuestos de la Comunidad para 2021 y ayudaría 40.000 pymes y autonómos. Permitirán crear 12.000 empleos directos y, además, se asegurarán 14.000 empleos en los 198 Centros Especiales de Empleo, brindando formación de calidad a cerca de 30.000 trabajadores y personas en situación de desempleo.

En el ámbito social, más de 90.000 familias se verían beneficiadas por estas ayudas, «evitando que aumente la desigualdad y que muchas de ellas se queden atrás como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus».