(AM) Gobierno promete a sus socios de izquierda un decreto para prorrogar un año más la tasa a las energéticas

El Gobierno de PSOE y Sumar se ha comprometido con sus socios parlamentarios de izquierda a aprobar un decreto ley para prorrogar un año más el gravamen a las empresas energéticas, que caduca el próximo 31 de diciembre.

Es el acuerdo de la reunión que Podemos exigió al Gobierno para dar su apoyo a la reforma fiscal y a la que ni PNV ni Junts han asistido, por lo que, de momento, no están garantizados los votos para convalidar ese futuro decreto ley.

La idea original de los morados era redactar una proposición de ley, pero finalmente se ha decidido apostar por un decreto que prorrogue la tasa con su diseño actual de prestación patrimonial de carácter no tributario, que fue a lo que el Gobierno se comprometió con ERC y Bildu y BNG.

Eso sí, la vía del decreto ley no permite aprobar impuestos, que era una condición sine qua non del PNV para aceptarlo, ya que la figura actual impide que las haciendas forales de Euskadi y Navarra puedan gestionar lo recaudado.

Aunque fuentes presentes en la reunión han destacado el buen ambiente del encuentro, ahora falta que se sumen al pacto PNV y Junts para que cuadren los números. Se prevé convocar a estas formaciones la semana que viene, coincidiendo con la llegada al Pleno del Congreso de las enmiendas del Senado a la ley del impuesto mínimo global que introduce parte de la reforma fiscal auspiciada por el Ejecutivo.

EL GOBIERNO VE POSIBLE EL IMPUESTO, PERO LAS POSICIONES ESTÁN LEJOS

Después de la reunión, fuentes gubernamentales han explicado que ven posible sacar adelante un impuesto energético que permita a las empresas de este sector contribuir en mayor medida y que, al mismo tiempo, se contemplen deducciones e incentivos para fomentar la descarbonización y la inversión en electrificación.

No obstante, estas mismas fuentes asumen que se trata de un objetivo complejo porque la realidad es que actualmente las posiciones «están muy alejadas».

Con este panorama, el Ejecutivo quiere generar un clima de discreción y diálogo para hacer más factible que los grupos parlamentarios renuncien a posiciones maximalistas, acerquen posturas y se alcance un acuerdo que sea positivo para el conjunto de la ciudadanía.