Asociaciones feministas reclaman invertir en cuidados y reducir jornada ante la brecha de género en pensiones

Organizaciones feministas agrupadas en la Plataforma Impacto de Género Ya han presentado en el Congreso un conjunto de medidas dirigidas a acabar con la brecha de género entre las personas pensionistas, incluyendo una apuesta por la reducción de la jornada y la inversión en empleos de calidad en el sector de la educación infantil y la atención a la dependencia.

Esta brecha de género, destacan, duplica la de los salarios –que es del 28%– ya que para igualar la pensión media contributiva que cobran cinco millones de mujeres habría que subirla un 53%, desde los 792,92 euros al mes, hasta alcanzar los 1.212,06 euros al mes que cobran de media 4,7 millones de hombres.

Además, remarcan que el 65% de las 452.000 pensiones no contributivas corresponden a las mujeres, con importes medios aún inferiores, pues se quedan en 382 euros al mes por jubilación y 423,75 euros por invalidez.

LA EQUIPARACIÓN, “OBJETIVO TRANSVERSAL”

Para esta plataforma, en la próxima reforma de pensiones es necesario desarrollar medidas para equiparar salarios y tiempos cotizados a lo largo de toda la vida laboral de mujeres y hombres, que los servicios públicos y las jornadas repartan los cuidados a la infancia y a las personas dependientes y complementar a corto plazo las pensiones más bajas, que mayoritariamente son de mujeres.

Así, señalan que las mujeres cuentan con “la posición inferior en el sistema de pensiones”, por lo que reclaman que la equiparación “tiene que ser un objetivo transversal a todas las medidas actuales o futuras que se adopten”. “Ser mujer no puede ser justificación para tener menos y peores empleos, cotizar menos y sufrir más el fraude en las cotizaciones por horas extra, falsas autónomas y falsos tiempos parciales o infracotización”, reza el manifiesto, que suscriben 144 organizaciones.

130 MILLONES DE HORAS NO PAGADAS

Según apuntan en el manifiesto, en España se dedican a cuidados familiares no pagados 130 millones de horas al día, equivalentes al 15% del PIB, desarrollados principalmente por mujeres (4,04 horas al día frente a 1,50 horas al día de los hombres), para lo cual reclaman invertir 40.800 millones de euros para sustituir estos trabajos por “empleos decentes” en educación, particularmente en la etapa de 0 a 3 años y dependencia.

Respecto a la reducción de jornada, piden una apuesta generalizada, ya que se acogen a esta modalidad el 23% de mujeres por tan solo el 7% de los hombres. Además, destacan que, tal y como se configura, es un factor determinante en la brecha de pensiones, al aplicarse un cómputo por horas y no por días, criterio anulado por discriminatorio por parte del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Constitucional.

En este sentido, piden acabar con el coeficiente de parcialidad y permitir a los trabajadores a tiempo parcial obtener la pensión de jubilación en su porcentaje máximo, el 100% de la base reguladora de la cotización.

AUMENTAR COMPLEMENTOS A MÍNIMOS Y REVISAR EL DE MATERNIDAD

Otras de las medidas propuestas pasan por transformar la pensión de viudedad, revisar sus compatibilidades y primar los requisitos de necesidad social frente a los de matrimonio, con el fin de seguir protegiendo a las mujeres pero no incentivar dependencias. Asimismo, abogan por aumentar los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas pues, aseguran “están rescatando de la pobreza a mujeres”, y aun así suponen 683,5 euros al mes las de viudedad sin familiares y de 392 euros al mes, con complementos, para las no contributivas.

Además, llaman a revisar el complemento por maternidad, pues aseguran que “no ha aumentado la natalidad”, y, si bien ha mejorado la pensión al 12,7% de las mujeres, no ha beneficiado “a las más necesitadas, sino las que han tenido dos o más hijos”. Dado que está invalidada por la Justicia Europea, piden que se sustituya “por una norma de acción positiva hacia las mujeres”.

Por último, piden incluir en la agenda de la política de pensiones el conocimiento de las condiciones de trabajo, las lesiones y enfermedades profesionales en sectores feminizados y “una igualdad real” en la Seguridad Social a las empleadas del hogar y las trabajadoras agrarias.