Kioto aprieta pero no ahoga

Lejos de interpretaciones alarmistas, la aplicación del Protocolo de Kioto no ha sido un lastre para las empresas cántabras afectadas por los cupos de emisión de gases con efecto invernadero, y tampoco parece que vaya a serlo el segundo Plan Nacional de Asignaciones recientemente aprobado por el Gobierno central. En el periodo 2008-2012, y a pesar de la reducción global del 15% sobre las emisiones autorizadas en la fase anterior, las empresas cántabras afectadas no sólo seguirán contando con derechos suficientes sino que, a la mayoría, les sobrarán.
Otra cosa es el escenario que se dibuja para el periodo post-Kioto, donde los recortes serán mucho más drásticos para poder cumplir el compromiso del Gobierno español de lograr, ya en 2010, que las emisiones industriales sean un 15% inferiores a las que se realizaron en 1990. Un objetivo que parece inalcanzable si tenemos en cuenta que actualmente se sobrepasa en un 53% la cifra de ese año de referencia.

Menos derechos, pero suficientes

Las consecuencias que la aplicación del Plan Kioto iba a tener sobre las veinte empresas cántabras afectadas en la primera etapa (2005-2007) siempre ha sido analizado desde una óptica negativa. Sin embargo, la realidad ha desmentido estos temores.
La primera verificación oficial, realizada en febrero de este año, puso de manifiesto que les han sobrado derechos de emisión e, incluso, tres de ellas han obtenido unos inesperados ingresos al haber vendido los derechos no utilizados a un precio cercano a los 30 euros por tonelada de CO2, una cifra que triplica la valoración actual. Precisamente ha sido la constatación de que, en contra de lo esperado, sobraban derechos de emisión, lo que ha hecho descender el precio de la tonelada de CO2 en la bolsa creada para la compraventa de estos derechos.
Del informe presentado por dieciséis fábricas cántabras afectadas (las cuatro restantes deben presentarlo en el 2007), se desprende que en el año 2005 emitieron 2.710.320 toneladas de CO2, una cifra inferior a lo permitido, que superaba en algo los tres millones de toneladas. La extrapolación de estos datos a los años 2006 y 2007 permite inferir que al finalizar esta primera etapa las empresas cántabras habrán emitido un millón menos de toneladas de CO2 de las que tenían autorizadas.
Aunque más restrictivo, la aplicación del Segundo Plan va a suponer de nuevo un superávit global para los derechos de emisión asignados a las empresas cántabras. Esta vez, y utilizando como referencia las emisiones verificadas en el año 2005, los derechos sobrantes se pueden estimar en cerca de 200.000 toneladas al año, aunque para empresas como la cogeneradora Solal, las plantas de áridos de Dolomitas del Norte o Cerámica Virgen de la Peña, la asignación de derechos puede estar por debajo de sus necesidades.

Excedente en cogeneración

El excedente de derechos que se ha dado en Cantabria, y que se ha corregido en este Segundo Plan, ha sido producto de la generosa asignación que se hizo en su día a favor de las plantas de cogeneración. Lo cierto es que esas plantas no han llegado a funcionar al cien por cien de su capacidad, y como la asignación se hizo en función de la potencia instalada, las empresas han contado con un amplio margen de maniobra para la venta de los derechos sobrantes.
En el nuevo Plan, la cogeneración, junto a la industria cerámica, son los dos sectores que mayores recortes sufren en la asignación de derechos de emisión, con reducciones del 9,2% y del 9,9% respectivamente. En cambio, las industrias que salen más beneficiadas en el nuevo reparto son las acerías, que ganan un 8,5%, y las cementeras que verán aumentados sus derechos en un 4,3%.

Novedades en la verificación

La segunda etapa de Kioto va a aportar también algunas novedades en el campo de la verificación de las emisiones declaradas por las empresas. Mientras que en la primera hubo que echar mano de las consultoras acreditadas para la verificación de los sistemas de gestión medioambiental, en este Segundo Plan sólo podrán actuar firmas específicamente acreditas para el control de las emisiones de CO2. En Cantabria, que ha designado a ENAC como organismo de acreditación de verificadores, por el momento son dos las entidades que cumplen este requisito: AENOR y Lloyd’s. Una tercera, DNV, lleva muy adelantados los trámites para su acreditación, lo que le permitiría participar también en la verificación de los informes de emisiones que se deberán presentar en febrero.
También podrán actuar los certificadores acreditados en otras comunidades autónomas y por organismos que no sean AENOR. En el caso de la Generalitat de Cataluña, es la propia Consejería de Medio Ambiente la que asumirá esta función.
Una vez presentados los informes certificados de las empresas, la Administración procederá a su validación después de recalcular los datos a partir de la documentación sobre los consumos de combustibles y de materias primas que realizan estas industrias en sus procesos de fabricación.

¿Un fondo público de carbono?

A partir de las cantidades globales fijadas en este Segundo Plan, la asignación concreta de derechos de emisión se hará empresa por empresa y atendiendo a las toneladas que habrán solicitado cada una de ellas antes del 30 de diciembre.
En esta segunda fase serán veintiuna las industrias cántabras afectadas por esta limitación para emitir gases de efecto invernadero. A las ya conocidas se ha sumado la empresa de Gajano Columbian Carbón Spain, fabricante de negro de humo. La inclusión de este tipo de instalaciones no es compartida en la propia Consejería de Medio Ambiente por entender que no se debe penalizar a empresas como Columbian que lo que hacen es mejorar sus emisiones quemando el peligroso monóxido de carbono que se genera en su proceso de fabricación, aunque eso produzca CO2. Esta práctica de quemar el CO, un gas más venenoso que el CO2, también la lleva a cabo Ferroatlántica, pero esta fábrica no está afectada por la regulación de derechos de emisión.
Para asignar los derechos para el periodo 2008-2012, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá en cuenta criterios como las emisiones totales de la instalación en el anterior periodo o su capacidad de producción. No parece pues que vaya a valorarse, como querían algunas empresas de Cantabria, el esfuerzo hecho en dotarse de las mejores técnicas disponibles para minimizar la emisión de gases contaminantes. Lo cierto es, que las empresas que ya hayan hecho los deberes en este apartado tendrán problemas ya que no van a disponer de mucho recorrido tecnológico para adecuarse a los previsibles recortes que asoman tras el horizonte del 2012.
Quizá pensando en esa circunstancia, el Gobierno cántabro ha anunciado por boca de su Consejero de Economía, Angel Agudo, su disposición a crear un fondo público de derechos de carbono al que podrían recurrir las empresas que lo necesitasen para asegurar su productividad. Esta idea ya ha sido barajada por otras comunidades, aunque nunca se ha llevado a cabo ante la evidencia de que, hasta ahora, han sobrado derechos de emisión.
Esta situación cambiará previsiblemente a partir de 2012, por lo que podría justificarse una iniciativa pública como la anunciada por Agudo, aunque se corre el riesgo, al divulgarlo con tanta antelación, de enviar un mensaje equivocado a las empresas que todavía no han hecho los suficientes esfuerzos para aplicar tecnologías menos contaminantes.
En cualquier caso, las empresas cántabras ya han dado el paso más significativo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero: la utilización de gas natural. De aquí en adelante el cambio más importante sería la aplicación de energías alternativas en los procesos industriales, pero eso es algo que todavía no se vislumbra, al menos en la escala que sería preciso para arrumbar definitivamente los combustibles fósiles, principales culpables del cambio climático que el protocolo de Kioto intenta conjurar.