Santander hace caja

Veinticinco años después de las primeras elecciones municipales, hay que reconocer que los ayuntamientos han tenido más años de crisis que de tranquilidad económica. El caso de Santander es un paradigma de cómo sobrevivir a la precariedad tratando de que se note lo menos posible. Con muy escasa capacidad de maniobra fiscal, hasta ahora parecía imposible hallar una salida a esta situación de agobiante endeudamiento que dura ya cuatro legislaturas, pero Piñeiro parece haber encontrado el sistema: privatizar y vender cuanto sea posible.
En los últimos seis meses, el Ayuntamiento de Santander ha puesto en el mercado activos que le pueden deparar una liquidez inmediata de más de 50 millones de euros. Con ellos no va a resolver la deuda municipal acumulada pero, al menos, tendrá un margen de maniobra importante para poder preparar algunas inauguraciones en los dos años que quedan de legislatura. De lo contrario, corría el peligro de presentar la hoja del balance totalmente en blanco. Y no es que las cosas estén ahora peor de lo que estaban, sino que ya no dispone del apoyo incondicional del Gobierno autonómico para tapar sus carencias. Basta recordar que en la anterior legislatura le financió el saneamiento de la Bahía, la reforma de los Jardines de Pereda, el Palacio de Exposiciones y parte del Palacio de Deportes, entre otras obras.

Un problema histórico

El problema económico del Ayuntamiento viene de lejos. En realidad, se produjo con la primera corporación democrática, capitaneada por Juan Hormaechea. Ya entonces se desbordó el nivel de endeudamiento, aunque por dos veces el Estado puso el contador de la deuda municipal a cero, con lo que acabó por dar la razón a quien apostó por esta política de gasto incontrolado.
Con este golpe de suerte que Hormaechea agradecería siempre al entonces ministro de Hacienda José Borrell, el Ayuntamiento de Santander evitó el desgaste que le acarreaba haber sido uno de los pocos del país en utilizar el polémico recargo del 10% sobre el IRPF, autorizado por el gobierno socialista para tratar de dar herramientas a los ayuntamientos con vistas a recomponer su precaria situación.
En cualquier caso, a Hormaechea le dio tiempo a acumular nuevo endeudamiento y, al sucederle, Manuel Huerta heredó los votos, pero también los problemas económicos. Tras un primer mandato muy comedido en los gastos, por el simple hecho de que no había dinero, los pasivos del Ayuntamiento volvieron a dispararse con Huerta. La realidad había demostrado que, por mucho que se acortase la inversión, la carga financiera era muy difícil de rebajar, dado que los salarios del personal y los gastos ordinarios consumían gran parte de los ingresos municipales y lo que quedaba se iba en los carísimos intereses de la deuda (por entonces, los tipos eran superiores al 15%).

Obras a crédito

Cuando ahorrar da la impresión de no merecer la pena (ni se hacían obras, ni se lograba reducir la deuda), cualquier político saca la conclusión de que le resulta mucho más rentable gastar. Pero para eso había que encontrar bancos dispuestos a ofrecer la financiación y, además, obtener la autorización de Hacienda, que empezó a poner topes legales al endeudamiento de los municipios, topes que Santander desbordaba ampliamente. La constructora Dragados le ofreció a Huerta una solución: la empresa hacía las obras y las financiaba. El Ayuntamiento ya las abonaría en un futuro, obviamente con el recargo de un interés.
El sistema permitió anticipar actuaciones como los túneles de Tetuán y de la calle Burgos o la rehabilitación del Palacio de La Magdalena, pero nadie calculó los costes, ni por aproximación. Huerta valoró inicialmente el precio del túnel de la calle Burgos en unos 200 millones de pesetas, cuando en realidad fueron más de mil, sin contar los intereses. En La Magdalena dijo que se iban a emplear mil millones de pesetas, pero la obra acabó costando 5.500.

A Piñeiro le tocó pagar

Huerta inauguró los dos túneles y la rehabilitación del Palacio, pero quien recibió las facturas fue Piñeiro, cuando le sucedió en la alcaldía, en 1995. Si a eso se añade que, a consecuencia de los sucesivos retrasos se había perdido la subvención del Consejo Superior de Deportes para construir el tantas veces prometido Palacio de Deportes y que más de 5.000 millones de pesetas en derechos de cobro –sobre todo licencias de edificación– resultaban incobrables porque habían prescrito, la situación económica del Ayuntamiento pasó a ser crítica.
El retraso en el desarrollo urbanístico y una larga paralización de licencias como consecuencia de la reforma del planeamiento dejaron a Gonzalo Piñeiro sin este recurso que otros ayuntamientos costeros emplearon a fondo. Ni siquiera se podían vender aprovechamientos urbanísticos, porque ya los había convertido en dinero el propio Huerta.
El Gobierno tapaba los huecos

Piñeiro ha tenido que convivir con estas condiciones en los tres mandatos que lleva en el cargo pero, al menos, en los dos primeros encontró la colaboración inestimable del Gobierno regional para tapar los agujeros municipales.
Esa ayuda externa mantuvo la sensación de normalidad en las inversiones, pero un flujo de dinero tan extraordinario era difícil que se mantuviese con un Gobierno de distinto signo, y en esta legislatura todo se ha complicado para el Ayuntamiento de Santander, que no ha dudado en optar por la confrontación y presentarse como víctima. Una política que no le ha dado mal resultado pero que, en ningún caso, puede darle los que obtuvo anteriormente.
El recurso del Gobierno regional a la financiación estructurada dio ideas al Ayuntamiento para buscar sus propias salidas financieras y la más evidente era privatizar el abastecimiento de agua, el único servicio municipal atractivo para las empresas por ser francamente rentable (las basuras ya están privatizadas y el transporte público es muy deficitario y no encontraría interesados). Con el argumento de que hacer inversiones en la red le resulta muy caro al municipio –y sin mencionar en ningún momento los más de 3 millones de euros que tiene cada año de superávit el SEMAS–, la comisión nombrada por el alcalde llegó a la conclusión a la que debía llegar: hay que dejarlo en manos de una empresa privada.

El agua, un buen negocio para el Ayuntamiento

Con la concesión del suministro de agua, el Ayuntamiento va a obtener un canon inicial de al menos 30 millones de euros (es la cifra mínima que exige el concurso) y un canon anual de 0,18 euros por metro cúbico de agua facturado en los tres primeros años y de 0,09 en los restantes. Curiosamente, a pesar de que el informe de privatización la justificaba por el mal estado de la red, el canon inicial no se empleará para repararla, sino que estará a libre disposición de la Corporación para otros usos, una evidencia de que lo que busca el Ayuntamiento es dinero.
Las reparaciones no parecen ser tan urgentes como indica el documento que recomienda la privatización, dado que se harán a medida que lo permitan los cánones anuales que pague el adjudicatario y que serán de unos cuatro millones de euros en los tres primeros ejercicios y de dos en los siguientes.
Los 30 millones que van a entrar en caja el día en que se privatice el agua darán al Ayuntamiento una liquidez desconocida. Pero no van a ser los únicos. Hay otras jugosas ventas en juego. Piñeiro va a aprovechar las dos concesiones de parkings que ahora han vencido, en la Plaza del Ayuntamiento y en la de Alfonso XIII para vender parte de su capacidad. La coartada es inmejorable: ofrecer plazas en propiedad a los vecinos de la zona que necesitan un aparcamiento.
Con la enajenación de 150 de las 550 plazas que tiene el parking de la plaza del Ayuntamiento obtendrá cerca de seis millones de euros. En Farolas, está por decidir el número de las que se pondrán en venta pero, con toda seguridad, será mayor.
El afán recaudatorio ha llevado a apurar los plazos de las concesiones más de lo permitido. Al sacar a concurso el parking del Ayuntamiento, se ofreció al adjudicatario su explotación por 50 años, algo que la ley impide. Como máximo, autoriza 45, pero sólo cuando el concesionario corre con los gastos de la construcción. Cuando está ya construido, como en este caso, sólo se permiten 15 años.
Además, el Ayuntamiento ha optado por vender propiedades que había acumulado en distintos puntos de la ciudad sin una utilidad clara. Por ejemplo, los sótanos que Huerta adquirió bajo el edificio comercial de Feygón, en El Sardinero, absolutamente inútiles para el Ayuntamiento y para prácticamente cualquier otro que no sea uno de los propietarios de los comercios que tienen encima, puesto que no cuentan con otra entrada, como comprobó con sorpresa un técnico municipal que acudió para conocer los locales adquiridos.
También ha vendido varios garajes en Mendicouague, varias viviendas y dos grandes parcelas de carácter industrial, una en Nueva Montaña, por la que obtuvo 4,10 millones de euros, y otra en el nudo comercial de El Alisal, que le ha aportado otros 4,12 millones.
Todo ello deparará una cifra cercana a los 50 millones de euros, y aunque lo recaudado hasta ahora se ha empleado en pagar deudas a proveedores, el Ayuntamiento obtendrá una liquidez de la que nunca ha dispuesto y para la que deberá idear proyectos, ya que no hay otros en cartera que el varias veces aplazado Parque de Las Llamas o el funicular del Río de la Pila.