Inmuebles: Los asesores se quejan de las valoraciones que hace Hacienda

Los asesores discrepan de los criterios aplicados por la Hacienda regional en la valoración de inmuebles desde el pasado mes de enero en que entró en vigor la elevación del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por el Gobierno de Martínez Sieso para compensar el descenso en la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones. Sostienen que algunas revisiones que se han hecho sobre los valores declarados en las compraventas son “desorbitadas” y están provocando “un enorme malestar entre los contribuyentes, así como a sus asesores”.
En una entrevista con el consejero de Hacienda, Angel Agudo, recogieron la opinión popular de que el objetivo no declarado de esta política que proviene de su antecesor es incrementar la recaudación por este concepto para paliar la caída de ingresos que ha producido la desaparición en la práctica del Impuesto de Sucesiones.
En su opinión, las motivaciones de los técnicos de Hacienda para revisar el valor declarado “son de escasísimo rigor y se basan únicamente en las tablas que ha determinado la Administración Tributaria, con parámetros genéricos, sin que exista una comprobación individualizada del inmueble”.
Los recursos presentados contra estas revisiones del valor declarado no han tenido éxito en casi ningún caso, y los asesores creen que se produce un situación de indefensión del contribuyente si no tiene la oportunidad de contradecir estos parámetros estandarizados con las circunstancias específicas que afecten a su inmueble, a pesar de que ya hay sentencias del Tribunal Supremo que exige tenerlo en cuenta.

Unificación de la Consejería

La Delegación cántabra de la Asociación también se quejó ante el nuevo consejero de la dispersión de las dependencias tributarias regionales y se mostró partidaria de la unificación de la Consejería en un solo edificio o, cuando menos, de todas las oficinas que tiene repartidas por Santander la Dirección General de Hacienda.
En el encuentro que mantuvieron cuatro miembros de la Asociación de Asesores, entre los que se encontraba el delegado en Cantabria, Rodolfo Rodríguez Campos, con responsables de la Consejería sugirieron la apertura de una oficina tributaria virtual para el abono de los tributos cedidos por el Estado que gestiona el Gobierno cántabro, lo que evitaría desplazamientos y permitiría hacer las gestiones a cualquier hora del día desde cualquier terminal de ordenador doméstico o profesional. Sólo serían necesarios una conexión de Internet y un certificado expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Errores sin sanción

En otra reunión semejante con el delegado especial de Hacienda en Cantabria, José Antonio Marco, destinada a afianzar un clima de colaboración entre ambas partes, los asesores pidieron que aquellos errores formales o erratas que se aprecien en los impresos de autoliquidación no den lugar a sanciones de Hacienda, cuando se compruebe que no son producto de mala fe. Explican que la inmensa mayoría de las autoliquidaciones de los impuestos se realizan en los últimos días del plazo, cuando los clientes aportan toda la documentación, y eso incrementa la posibilidad de cometer errores involuntarios que, en su opinión, sólo deberían ser merecedores de intereses de demora, pero no de sanciones “porque el profesional también tiene el derecho a equivocarse honradamente”.
Otra propuesta de los asesores fue que las actuaciones de inspección que se realizan en la Delegación de Hacienda no se produzcan en despachos compartidos, como ocurre actualmente con las revisiones que realizan los subinspectores. Sostienen que eso produce situaciones muy incómodas, ante la necesidad de los contribuyentes de exponer circunstancias personales y confidenciales en presencia de terceras personas que nada tienen que ver con el caso, lo que, además de añadir un elemento de tensión innecesario, daña gravemente el derecho a la intimidad.