Inventario

Divinas palabras

No está claro si lo importante era la crisis en sí o que el Gobierno la reconociese. Para quien escuchase a la oposición y leyese los periódicos a lo largo de toda la primavera, desde luego, era lo segundo. En cambio, el Gobierno creía que trasladar a la opinión pública la certeza de la recesión solo iba a contribuir a agravarla, porque el consumidor toma decisiones completamente distintas si valora la situación global a cuando se basa en su propia situación personal, ya que lo probable es que muchos de ellos, sobre todos los asalariados, sigan teniendo los mismos ingresos. Y si la máquina del consumo se detiene, ya sabemos lo que pasa.
Los partidarios de que se reconociese la crisis cuanto antes –todos los menos proclives al Gobierno– tenían unos argumentos completamente distintos e igual de justificables: se estaba perdiendo un tiempo precioso por la tozudez en negar el problema.
Unos y otros creen que hay que tomar medidas. El Gobierno ya lo ha hecho en dos o tres tandas sin que, la verdad, hayan servido de mucho. Los críticos exigen otras más contundentes pero apenas han esbozado alguna de ellas, con lo que nos quedamos sin saber cuáles podían ser y qué efecto podrían llegar a tener. De lo poco que ha salido de sus bocas, podemos reflejar las dos medidas exigidas por el periódico Expansión, una de las referencias conservadoras: reanudar el programa nuclear para liberarnos, al menos en parte, del yugo de los productores del petróleo y contener los salarios. Si tenemos en cuenta que la segunda es una receta eterna y que la OCDE acaba de publicar que España y Portugal son los únicos países desarrollados donde los salarios reales medios vienen cayendo desde 2004 a consecuencia de la incorporación masiva de trabajadores inmigrantes, veremos que no hay mucho margen en este terreno.
Es más sugestiva la propuesta de reanudar el programa nuclear, que empieza a debatirse incluso en las filas del PSOE. Pero hay que tener en cuenta dos cosas: la primera es que el parón nuclear no es un invento de España ni de los activistas del ecologismo, sino que fue decidido ya hace más de tres décadas por las mayoría de los países occidentales, incluidos los Estados Unidos, en muchos de los cuales gobernaban los conservadores. Por tanto, reanudar o no la construcción de centrales no es una cuestión de cerrazón nacional, sino que provoca las mismas dudas en los demás países desarrollados, con muy pocas excepciones.
Pero lo que resulta insólito es que se crea que para atajar la crisis sirve un decreto autorizando la construcción de centrales nucleares. En primer lugar, porque quien lo dice se ve forzado a reconocer, a su pesar, que buena parte del problema es importado y producto de la disparatada subida del petróleo y, en segundo lugar, porque desde el día en que se autorice la construcción de nuevas centrales hasta que una de ellas produzca kilovatios pueden pasar, en el mejor de los casos, entre doce y quince años y eso si alguien consigue encontrar un emplazamiento poco conflictivo, que no resultará fácil. Como es obvio, con esos kilovatios no vamos a resolver esta crisis.
El Partido Popular, por boca de Montoro, también ha dejado deslizar alguna idea, como la de acelerar la inversión pública, una política keynesiana que tradicionalmente ha sido patrimonio de la izquierda como receta para los tiempos de crisis y que da de sí lo que da, puesto que si el presupuesto público se gasta en el primer semestre del año podemos estar de manos caídas en el segundo y si bien es posible privatizar los proyectos, tampoco hay suficiente liquidez en el mercado privado que garantice su ejecución. La tercera alternativa es recurrir al déficit, pero si esta es la opción, que se diga.
Lo peor de las crisis es que resulta más fácil identificarlas que encontrar soluciones. Si algún país tuviese ideas mejores las hubiese puesto en práctica, pero el resto se encuentran en circunstancias parecidas, si se exceptúa el factor diferencial inmobiliario, que ha hecho que el frenazo haya sido más brusco en España.
Alguien debió pensar que con ponerle nombre al problema (que Zapatero pronunciase la palabra crisis) ya estaba medio resuelto. Seguimos pensando como hace un siglo, que hay divinas palabras capaces de salvar las situaciones más comprometidas. Cuando la Mari-Gayla de Valle Inclán pillada in fraganti era vuelta al pueblo desnuda a bordo de un carro para pagar con su humillación pública la afrenta que había hecho al sacristán, su marido, éste, doblemente afrentado por la escena, encontró la forma de detener en seco a la multitud a la puerta de la iglesia cuando empezó a hablar en latín. Pero eran otros tiempos. Una jerga ininteligible parecida la emplea Solbes ahora, sin salirse del castellano, y ya vemos que no sirve para nada.

Víctimas por partida doble

No puede haber nadie que pague el chantaje de ETA de buen grado y, por tanto, el intento de demonizar públicamente a algunos empresarios que han cedido a la coacción resulta, cuando menos injusto. Es curioso, además, que un juez se tome ahora tal afán inquisitorial cuando a todos nos consta que durante décadas muchos otros empresarios se han visto obligados a pagar el tal impuesto revolucionario y los jueces hicieron la vista gorda. Hubo casos tan sangrantes –reconocidos por un antiguo ministro de UCD– como el de secuestrados que, con la aceptación del Gobierno, siguieron pagando a la banda después de ser liberados, tras conseguir que ETA aceptase el pago del rescate “a plazos”.
Rasgarse ahora la vestiduras por algo que hemos padecido y hemos visto –en realidad no lo hemos querido ver– durante años no deja de resultar histriónico, como muchas de las cosas que están ocurriendo con la lucha antiterrorista, porque si algo es evidente es que el problema, con ser muy grave, está más controlado que en los cuarenta años precedentes.
Por eso, resulta desalentador que un juez estrella con demasiado afán de protagonismo consiga que los empresarios que se han limitado a pagar por miedo aparezcan en la portada de los periódicos como si fuesen colaboradores convencidos de la banda. Pues no, el revoltillo es injusto, porque aunque pagar a los chantajistas sea delito, hay un trecho muy largo entre quien exige el dinero pistola en mano y quien cede a esa presión. Y tanto sea el consejero delegado de Sidenor o las propietarias de una taberna, tienen el derecho a la comprensión. Los otros, los que se niegan a pagar después de haber sido amenazados, esos ya son héroes.

La política, solo para los funcionarios

La decisión de endurecer las incompatibilidades para que quienes ostenten un alto cargo en el Gobierno de Cantabria no puedan ejercer después en ninguna actividad que pudiera estar relacionada con las materias sobre las que decidían es políticamente muy correcta, evita posibles tentaciones y puede que resulte popular entre el electorado, si es que al electorado le importa o se ha enterado, de lo cual caben muchas dudas. Lo que es seguro es que va a crear aún más problemas para que personas ajenas al mundo de la política acepten un cargo, porque es obvio que serían propuestos para algo que tiene que ver con su carrera profesional, a la que, en ese caso, luego tendrían muchas dificultades para volver. Es decir que, o se suben al coche oficial y no se vuelven a bajar de él en la vida, como se decía de Martín Villa, que sobrevivió a todo tipo de ministros y regímenes, o cuando dejen el cargo se quedarán en la calle en todos los sentidos.
La política en España está pensada por y para los funcionarios, porque son funcionarios los que redactan los textos de la mayoría de las leyes y porque son los únicos que pueden lanzarse a ella con red, es decir, con la seguridad de que se podrán reincorporar a su antiguo puesto, conservando la misma categoría y, en muchos casos, con mayor nivel. Ni han de dejar una empresa o un bufete abandonados, que sabe Dios cómo estarán a su vuelta ni, si son asalariados, se van a encontrar con que su plaza está ocupada y la empresa no sabe muy bien donde colocarles a su retorno, al margen de que su cualificación profesional se puede haber resentido sensiblemente en ese tiempo.
Además, estos inconvenientes de pasar a la política tienen como compensación un salario que casi nunca es mayor que su remuneración profesional o los rendimientos que obtenían como empresarios. En estas condiciones solo cabe pensar que quienes acepten un cargo son unos osados que no piensan en su futuro más allá de cuatro años o tienen una gran necesidad de relevancia pública. Claro, que también pueden ser unos auténticos misioneros laicos, convencidos de que deben algo a la comunidad.
Podríamos hacer un repaso de cuantos ostentaron cargos en el Gobierno de Cantabria y procedían de la actividad privada para comprender que pocas veces les compensó económicamente la experiencia y, en muchos casos, interrumpió su carrera profesional. En cambio, los muchísimos que procedían de la función pública, pudieron seguir ejerciendo con toda normalidad, mejoraron su estatus y, para alguno de ellos, representó una proyección hacia otros terrenos. Eso justifica que buena parte de los altos funcionarios hayan probado antes o después la política, a sabiendas de que los costes para ellos son muy limitados.
También en la política nacional hay cada vez más ministros y altos cargos que tienen esta extracción funcionarial, como la tiene buena parte de la nueva Ejecutiva del PP, lo que nos garantiza que, gobierne el partido que gobierne, siempre nos gobernarán los funcionarios. Y si seguimos poniendo cortapisas al resto de los mortales, serán los únicos que puedan hacerlo. Eso sí, todos estaremos muy satisfechos de haber acabado con cualquier suspicacia.