Bruselas quiere que las infraestructuras energéticas transfronterizas sean más sostenibles

BRUSELAS, 15

La Comisión Europea ha propuesto este martes una revisión de la normativa comunitaria sobre redes transeuropeas de energía para modernizar las infraestructuras energéticas del bloque de forma que sean más sostenibles y contribuyan a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La propuesta legislativa que ha planteado Bruselas actualiza el reglamento RTE-E, vigente desde 2013 y que, según ha informado en un comunicado, «seguirá garantizando que los proyectos nuevos respondan a los objetivos de integración del mercado, competitividad y seguridad de suministro».

«Nuestros ambiciosos objetivos climáticos exigen una mayor atención a la sostenibilidad y las nuevas tecnologías limpias. Por eso nuestra propuesta da prioridad a las redes eléctricas, la energía marina y los gases renovables, mientras que las infraestructuras de petróleo y gas natural dejarán de ser subvencionables», ha explicado la comisaria de Energía, Kadri Simson.

En particular, la actualización del reglamento, que todavía debe ser negociada y acordada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, establece la obligación de que todos los proyectos cumplan criterios «ineludibles» de sostenibilidad. Además, actualiza las categorías de infraestructuras que pueden recibir subvenciones, poniendo fin a las ayudas para infraestructuras de petróleo y gas fósil.

Del mismo modo, busca dar un nuevo impulso a las redes eléctricas marinas a través de disposiciones que facilitan la planificación y ejecución de infraestructuras en tierra y mar «más integradas» gracias a creación de una ventanilla única para los proyectos en alta mar.

El Ejecutivo comunitario también pretende dar «un nuevo énfasis» a los proyectos relacionados con el hidrógeno, incluido el transporte y algunos tipos de electrolizadores, y establece normas pensadas para promover la adopción de redes eléctricas inteligentes e inversiones en ellas para integrar gases limpios en las redes actuales.

Por otro lado, la actualización de la normativa incluye un marco de gobernanza revisado para mejorar el proceso de planificación de infraestructuras y garantizar que se ajuste los objetivos climáticos de la UE.

Por último, recoge también medidas para simplificar los procedimientos administrativos y acelerar así la ejecución de proyectos, acortar los procedimientos de autorización de aquellos de interés común, evitar retrasos que faciliten la transición energética y reforzar la transparencia y la participación en las consultas públicas.