Inventario

Rivero paga el precio de un desafío

De siempre ha habido empresarios del Régimen y desafectos: los primeros, los de confianza, van a remolque del que gobierna; son, casualmente, los destinatarios de las empresas o los servicios públicos que se privatizan y se quedan con las obras más lustrosas. Los otros ya pueden buscarse la vida en el sector privado o esperar a que cambie el Régimen.
Luis del Rivero no es del actual ni del pasado y de ahí provienen buena parte de sus problemas. Este ingeniero murciano vinculado a Cantabria, donde estudió Caminos, encontró a su esposa y donde tiene una casa, ha hecho un imperio a partir de cero, pero ha jugado desde fuera del área y eso siempre incomoda a otros. Además, tuvo la osadía de querer comprar el BBVA, desplazando a su presidente, Francisco González, y eso se paga. Si la operación hubiese salido bien, todos los que hoy se lanzan a su cuello le estarían rindiendo pleitesía, porque hay que ganarse los favores de una entidad tan poderosa, pero Del Rivero no calculó bien la hostilidad que iba a desatar en los medios de comunicación conservadores que le son fieles a González y salió trasquilado por la osadía de querer desplazar a uno de los baluartes que quedan del aznarismo. Aznar colocó a personas muy próximas en la presidencia de las privatizadas Telefónica, Repsol, Endesa y, a través de los rescoldos de Argentaria, al del BBVA, lo que le permitía un gran poder fáctico sobre la economía y sobre los medios de comunicación, bien por ser de su propiedad (Telefónica llegó a reunir el primer grupo de comunicación del país) o por su capacidad de gasto como anunciantes.
Del Rivero calculó mal, porque no tuvo en cuenta que todos estos medios se iban a poner en formación de combate para defender a Francisco González, o porque pensó que, siendo él un hombre conservador, no levantaría susceptibilidades entre quienes consideraba afines. Pero la pela es la pela y los medios que ahora, viéndole en una posición de debilidad, vuelven a echársele al cuello, no han dudado, incluso, en ponerle la etiqueta de prosocialista, con tal de rematarle. A él, que antes de montar Sacyr fue secretario general del Partido Popular en Murcia. Le acusan de ganar más obras públicas del Estado de lo que podría corresponderle estadísticamente por volumen, de asistir a las conferencias de Solbes pero no a las de Rajoy, de ser consultado por La Moncloa para recabar su opinión sobre el sector constructor…
Todo vale para destruir a Del Rivero, que nunca fue fácil ni rindió pleitesía a estos medios que le han forzado a ir soltando cada una de las piezas que cazó en estos últimos años hasta convertir Sacyr en una constructora multinacional que controlaba también autopistas (ya ha tenido que vender Itinere), industrias medioambientales y una de las mayores petroleras del mundo (Repsol). Y, por si tenía la capacidad de resucitar, tratan de hundir su estrategia para la venta de Repsol, poniendo en duda la solvencia del comprador (lo cual está justificado) y criticando el precio, como si Del Rivero tuviera que conformarse con 14 euros por acción y rechazar que le paguen 27.
Del Rivero va a pagar un pecado de soberbia, al no haber medido las consecuencias que tenía remover el establishment empresarial en un país donde agitar las aguas todavía tiene un coste y sus enemigos, que son muchos, no le van a dar cuartel hasta verle completamente derrotado. Extraño patriotismo ese que no les impide mostrar su satisfacción ante el hecho de que la multinacional española con más rápida proyección internacional esté perdiendo las joyas que había reunido en el extranjero. Es la misma lógica que les llevó a defender con uñas y dientes la venta de Endesa a E.On y, en cambio, a considerar un delito de lesa patria la de Repsol a Lukoil. La diferencia no está en que los adquirentes sean rusos y no alemanes, no seamos ingenuos, sino en el hecho de que ni el comprador ni el vendedor son amigos.

La apuesta que otros no se atrevieron a hacer

Como en la guerra, en la economía no se admite ningún signo de debilidad, sobre todo si el que lo muestra es un banco. Pobre de él, porque al día siguiente lo menos grave que le puede pasar es que su cotización se hunda. Botín asumió una decisión arriesgada, la de proceder a la mayor ampliación de capital que haya conocido nunca España, pidiéndole a los accionistas más de un billón de las antiguas pesetas. De siempre es sabido que los accionistas siempre están dispuestos a recibir acciones liberadas pero mucho menos a rascarse los bolsillos y, en este caso, la situación era especialmente complicada, porque la acción estaba cayendo en picado, como en la mayoría de los bancos, hasta el punto de que llegó a temerse que el valor de mercado fuese inferior, incluso, al precio de salida de la ampliación.
Con las aguas tan revueltas y la desconfianza campando por sus respetos, ninguno de los grandes bancos se había atrevido a hacer ampliaciones, a pesar de que todos ellos necesitaban fortalecer los recursos propios. Temían mostrar un síntoma de debilidad y, lo que resultaría mucho peor, no encontrar respaldo entre los accionistas. Ya se sabe que cuando ni siquiera los de casa confían en uno, los de fuera salen huyendo.
El único que se atrevió a hacer la ampliación, el Royal Bank of Scotland, antiguo aliado del Santander, se dio una bofetada sonora. Sólo acudió el 0,1% de sus accionistas y la emisión tuvo que ser asumida por el Estado británico.
Después de este precedente, el Santander estaba entre la espada y la pared. Y como en España el Estado no tiene previsto convertirse en copropietario de los bancos, al contrario de lo que está ocurriendo en EE. UU, Bélgica, Holanda o Gran Bretaña, Botín asumía unos riesgos bastante mayores de los que sus accionistas han podido suponer, con la diferencia de que él no es un ejecutivo, con cláusula dorada de indemnización, sino que se juega su dinero en la evolución del Banco.
El presidente del Santander ha salido airoso, probablemente porque los accionistas creen en él, y no solo cubrió la macroampliación, sino que a última hora hubo más demanda de derechos de los que se pusieron a la venta. Para Cantabria es una doble buena noticia. Por una parte, el Santander vuelve a ser el octavo del mundo por capitalización, a pesar de las inyecciones de dinero estatal que han recibido sus rivales y su valor en Bolsa supera el de los dos primeros bancos italianos (Unicredito e Intesa San Paolo). También es mayor que la de los dos bancos suizos (UBS y Credit Suisse) o la de tres gigantes europeos unidos: Société Generale, Barclays y Deutsche Bank. La segunda buena noticia para la región es que la ampliación deja un regalo fiscal de 72 millones de euros en Cantabria que siempre hubiesen venido muy bien y ahora son algo así como haber conseguido el gordo de la lotería de Navidad, sin haber echado.

Entre la crisis y el escándalo

El psiquiatra de origen cántabro Luis Rojas Marcos ha recomendado a los empresarios que hablen con su perro o con las plantas del despacho con tal de darse ánimos. Quizá porque ni el perro ni la planta van a contradecirle, mientras que si hablan con cualquier congénere, puede que se depriman más. Y tampoco le hablarán de crisis, esa conversación tan recurrente que atrapa a todas las demás en su vorágine y las conduce al sumidero negro del desánimo absoluto.
La crisis hace que todo se tambalee, incluso aquello que no tiene nada que ver con ella. Ahora que no se construye, se destapan escándalos urbanísticos y alcaldes y altos funcionarios municipales que han campado a sus anchas durante años sin hacer más caso de la ley que para buscar la forma de esquivarla, se encuentran con la eventualidad inesperada de poder entrar en la cárcel, algo que parecía reservado a los ediles mediterráneos. El propio alcalde de Santander ha pasado un sofoco más que notable por haber despreciado una sentencia que le obligaba a acabar con el botellón en la Plaza de Cañadío y el Gobierno regional empieza a tentarse la ropa ante la eventualidad de que alguien presente una querella por no aplicar la ley ambiental con Sniace.
Todo lo que se podía complicar, se ha complicado, y todo lo que se toleraba ha pasado a ser intolerable. Ha pasado en Estados Unidos, donde la lucha contra el terrorismo llegó a justificar cualquier restricción de las libertades y cualquier intromisión en la vida privada, y pasa en nuestro país, donde la vivienda tenía carta blanca para casi todo y todos los gestores municipales o regionales sólo pensaban en cómo eludir la fastidiosa legislación administrativa, que les ataba de pies y manos.
Es evidente que hay que buscar normas más ágiles, pero, a la vista de lo que está ocurriendo, es evidente que la solución no es desembarazarse de todos los controles administrativos. La única alternativa es cumplir la ley, que para eso se hizo y, si no vale, reformarla pero, mientras tanto, no hay más cera que la que arde. Ya veremos con qué pulcritud se tramitan ahora los expedientes.