CaixaBank, BBVA y Santander, los bancos más afectados por el nuevo gravamen a la banca

Santander y Unicaja avanzan que recurrirán el nuevo diseño del impuesto al sector, como ya hicieran con el anterior gravamen

CaixaBank, BBVA y Santander son los bancos más afectados por el nuevo diseño del gravamen a la banca, que pasa de aplicar un tipo del 4,8% a un tipo progresivo hasta alcanzar el 7% para las entidades cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros, según los cálculos elaborados por Europa Press tomando cifras de las franquicias de estos bancos en España.

El Congreso ha aprobado este jueves finalmente una reforma fiscal que incluye un nuevo diseño del gravamen temporal a la banca: pasa de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.

Además, el gravamen, que tendrá una duración inicial de tres años, tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante. Se incluye también una deducción «extraordinaria» para cuando las entidades reduzcan su rentabilidad por activos por debajo del 0,7%.

De esta forma, CaixaBank, BBVA y Santander tendrán un tipo del 7% al registrar ingresos por encima de los 5.000 millones de euros, mientras que Sabadell estaría gravada por el tipo del 6% y Bankinter y Unicaja, estarían en el rango del 4,8%.

En cuanto a posibles acciones legales, y después de que las patronales AEB y CECA hayan reiterado su intención de emprender medidas en este sentido, Santander y Unicaja han señalado que recurrirán el nuevo diseño, como ya hicieron con el anterior impuesto que se aprobó para gravar los ingresos de 2022 y 2023 ante la subida de tipos de interés. El resto de entidades no se han pronunciado aún al respecto.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press afirman que si antes lo consideraban «inconstitucional» por ser un impuesto «encubierto», ahora es el Gobierno y sus socios de investidura los que «lo reconocen al aprobarlo como impuesto» y no como prestación patrimonial.

Así, consideran que esta figura que se acaba de aprobar sigue sin cumplir los principios de la Ley General Tributaria para los impuestos y, en especial, el de capacidad económica, que se recoge en el artículo 31 de la Constitución.

DEFENSA DEL SECTOR

A través de un comunicado, AEB y CECA han rechazado «frontalmente» la decisión de incorporar un nuevo impuesto al sector bancario por sus «graves efectos» para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa y afirman que el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas.

«Este impuesto no tiene parangón en los países de la UE, por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés», han apostillado.

También han criticado que la medida supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas e igualmente afirman que se produce un «señalamiento» de un sector cuyo objetivo «es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social».