Canarias insta al Gobierno central a mediar para evitar la huelga de controladores aéreos en febrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha remitido una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y al secretario general de Transporte aéreo y marítimo, Benito Núñez, para solicitar que medien para evitar la huelga de controladores aéreos convocada del 1 al 29 de febrero.

Fernández, que ya lo solicitó al Ministerio de Transporte el pasado 20 de noviembre, expuso que la privatización de un servicio «tan crucial tiene consecuencias muy significativas» para Canarias porque afecta a la conectividad, así como al transporte de mercancías y al turismo, según ha informado la Consejería de Transportes en nota de prensa.

«La privatización de estos servicios merma la seguridad y la eficiencia del tránsito aéreo entre islas y entre el resto de territorios, un servicio esencial por nuestra condición de islas que perjudica el derecho de conectividad de los canarios y canarias y a la competitividad del archipiélago al priorizar los intereses comerciales», apuntilló.

Fernández también ha instado a paralizar la intención de privatizar el resto de servicios de los aeropuertos canarios, así como a revertir la privatización en los aeropuertos donde se ha llevado a cabo, restaurando la situación anterior.

Añadió que se trata de un conflicto que está teniendo un «impacto negativo en el servicio público y es necesario buscar una solución que garantice la eficiencia y seguridad» en el control del tráfico aéreo, a lo que agregó que estas huelgas «afectan directamente a los residentes en Canarias; al turismo, el primer motor económico de las islas, que atrae a millones de turistas cada año», además de a los trabajadores de las empresas privadas que están en un escenario «de inestabilidad» laboral que les lleva a «realizar, de manera legítima, su derecho a la huelga».

Finalmente consideró que antes de proceder a la privatización de las torres de control se debería de haber tenido en cuenta los aspectos sociales y económicos de la medida, evaluando el impacto global que tendría en Canarias.