Steel Beton recorta su plantilla y agota el plazo para ir a Morero

Ni macroplanta de prefabricados de hormigón en Morero ni nuevas inversiones ni mantenimiento del empleo. Ninguno de los compromisos asumidos por el propietario de Steel Beton, José Luis Merino, en la polémica compra de la empresa a Caja Cantabria se han cumplido tres años después de cerrada aquella operación.
Fracasado el intento de recalificación de los terrenos que ocupa la fábrica en El Astillero, que servirían para financiar el traslado de las instalaciones al vecino polígono de Morero, las incertidumbres se acentúan sobre el futuro que aguarda a un proyecto que no llegó a aprovechar las vacas gordas del sector inmobiliario.
La tardanza también ha hecho que esté a punto de agotarse el plazo de tres años para construir las naves que la promotora pública del Parque Empresarial de Morero fijó a todos los compradores de parcelas para evitar que especulasen con ese suelo.
Aunque Steel Beton adquirió su parcela en 2004, la paralización durante cerca de un año del otorgamiento de licencias –mientras el Ayuntamiento de Astillero ajustaba la edificabilidad del polígono a lo exigido por una sentencia del TSJC–, trasladó hasta 2008 el final del plazo para levantar las naves, si bien siempre cabe la posibilidad de una prórroga.
Steel Beton adquirió 24.500 metros cuadrados de un suelo muy codiciado –agotados como están los terrenos industriales en el área de la Bahía–, en los que la firma de prefabricados sólo ha realizado trabajos superficiales para acondicionar la parcela.
La posibilidad de que se construya a corto plazo esa gran instalación industrial se desvanece aún más si se tiene en cuenta las sensibles reducciones de plantilla que ha acometido la compañía.
Los sindicatos acusan al propietario de utilizar el traslado forzoso a las fábricas situadas fuera de la región para obligar a los trabajadores a avenirse a un despido pactado. Con este método, son ya más de una treintena los que han causado baja en los últimos meses, sin mediar la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE), aunque el recurso al despido libre no se puede aplicar a más de diez trabajadores en las empresas que cuentan con menos de cien empleados, como es el caso de Steel Beton. Para poder hacerlo es necesario que sea autorizado por la Dirección General de Trabajo a través de un ERE.
La realidad es que la empresa de prefabricados ha recortado ostensiblemente la plantilla de todas sus factorías. La planta de Astillero ha pasado de 74 trabajadores a 52; en las instalaciones de Getafe (Madrid) y Gallarta (Vizcaya) han quedado menos de la mitad, pasando de 14 a 7 y de 15 a 6 operarios, respectivamente. La drástica reducción de empleo en las factorías situadas fuera de la región hace menos explicables los traslados forzosos impuestos a los trabajadores cántabros, que sólo podrían entenderse como una mera presión para que aceptasen el despido.
Los sindicatos acusan a Merino de haber puesto en marcha un tortuoso camino de desinversión con la decisión de prescindir también de todos los comerciales, antes, incluso, de que el sector de la construcción lanzara sus primeras señales de alarma. El resultado es que en los seis últimos meses, la facturación de Steel Beton ha caído en un 60%, sin que esto pueda ser achacable en su totalidad a la ralentización del mercado de los prefabricados de hormigón. De hecho, Cantabria es la única región donde la producción de hormigón preparado, lejos de disminuir, mantuvo una tendencia al alza en los primeros meses del año en comparación con las cifras de 2007.
Desde la óptica de la gestión empresarial, los pasos dados por Steel Beton podrían ser interpretados como un repliegue a la espera de que lleguen tiempos mejores para el mercado al que se dirige, pero la trayectoria de la empresa en esta última etapa ha vuelto a reactivar las sombras que rodearon en su día el traspaso de la firma a su accionista minoritario. Una venta que contó con fuertes resistencias de la Consejería de Economía y que motivó una petición del comité de empresa de Caja Cantabria para que investigase una operación que, según el representante de CC OO producía un daño patrimonial.

Un precio discutido

La venta en 2005 de Steel Beton por Caja Cantabria, que tenía el 89% de las acciones a través de su empresa Sistemas Financieros, se presentó como una operación ventajosa para la entidad, que con los siete millones de euros en que se cerró la operación, habría obtenido una plusvalía de 1,4 millones. La operación se enmarcaba en la decisión de la Caja de desprenderse de inversiones industriales, de las que formaba parte Steel Beton desde 1995. Entonces, la Caja cántabra se vio forzada por el Banco de España a quedarse con todo el grupo Ibercorp, del que era acreedor, y que se encontraba sumido en un escándalo de alcance nacional.
Lo cierto es que cuando la Caja puso en venta la fábrica hubo menos interesados de los que se presumía y la fábrica de Astillero quedó finalmente en manos de quien era su gestor y accionista minoritario, José Luis Merino, que había fundado Steel Beton en 1971. Merino hizo valer su derecho de retracto sobre el acuerdo alcanzado por la Caja con Francisco Sebrango, propietario del Hotel Chiqui, cuya oferta ascendía a siete millones de euros, un precio que fue puesto en cuestión por varios peritajes externos que en algunos casos llegaron a tasar la empresa en el doble de lo pagado por ella.
Uno de estos peritajes fue encargado por el Comité de Empresa de la entidad bancaria, que en su escrito a la Consejería de Economía estimaba en 12,2 millones de euros el valor de la empresa. A esto habría que añadir las plusvalías potenciales que encerraban los 17.000 m2 ocupados por las instalaciones de Steel Beton en un punto estratégico de Astillero, con cuya recalificación contaba el nuevo propietario de la firma para financiar el traslado a Morero. El valor de ese suelo, reconvertido de industrial a urbano residencial fue estimado en 2005 entre seis y nueve millones de euros lo que llevó a los concejales socialistas de la localidad astillerense a hablar de ‘pelotazo urbanístico’.
La recalificación se hizo en julio de ese año por el gobierno municipal del PP, pero con un planteamiento tan desmesurado en el aprovechamiento concedido al solar de la fábrica (se podrían construir en ella alrededor de 200 viviendas) que la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) denegó un año después la propuesta del ayuntamiento dirigido entonces por Ignacio Diego, máximo responsable del PP cántabro y que anteriormente tuvo una estrecha relación con la empresa de forjados, dado que fue presidente de su matriz, Sistemas Financieros.
La Comisión Regional de Urbanismo entendió que el Ayuntamiento otorgaba una edificabilidad muy superior a la media del entorno urbano más próximo y que la reordenación que se pretendía con la modificación de las normas subsidiarias del Astillero, debería realizarse teniendo en cuenta ese entorno y no sólo el aprovechamiento urbanístico de los terrenos de Steel Beton. El último capítulo, por el momento, de ese fallido intento de recalificación lo ha escrito recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que el pasado mes de agosto daba la razón a la CROTU en el recurso presentado por la propia empresa.
Aunque la recalificación se llevase a efecto con los criterios que apuntó la Comisión de Urbanismo al desestimar ese primer intento, el vuelco del mercado inmobiliario ha desinflado las expectativas que generó ese suelo, por lo que cada vez parece menos probable el traslado inmediato a Morero, a pesar de que se agota el plazo de edificación en el polígono.