CCOO lamenta el retraso de la aplicación del teletrabajo en la Administración General del Estado

CCOO ha lamentado este miércoles el retraso de la aplicación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) por la demora en la elaboración del Real Decreto de Teletrabajo, a pesar de haber firmado el acuerdo marco en abril.

CCOO ha denunciado en un comunicado la falta de negociación del texto, que repercutirá en la igualdad, la prevención de riesgos laborales, la dotación de medios informáticos o el derecho a la desconexión del personal. El sindicato ha expuesto esta situación en una reunión mantenida con la Dirección General de Función Pública.

El proyecto del Real Decreto estará en trámite de audiencia e información pública hasta el 4 de enero, por lo que su tramitación y publicación requerirá otros dos meses más, según las estimaciones de CCOO.

Sin embargo, el proceso no culminará ahí, ya que se requerirán otros tres meses para establecer los criterios de los puestos en los que pueda aplicarse el teletrabajo. A eso se sumarían cuatro meses más para la concreción en cada departamento.

«Esto sitúa la aplicación real en octubre de 2022, y no a partir de enero como anunció la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero», alertan desde CCOO.

Ante esta situación, el sindicato observa una «falta de flexibilidad en el proceso de modernización de la AGE» y urge a la Administración a dar respuesta a «las necesidades de prestación de los servicios públicos a la ciudadanía».

En una reunión mantenida este miércoles con la Dirección General de Función Pública, CCOO ha expuesto las consecuencias para los trabajadores por la demora del decreto, como la desigualdad, la ausencia de atención a la prevención de riesgos laborales o la insuficiencia en la dotación de medios informáticos y ciberseguridad.

También han aprovechado el encuentro para expresar su preocupación por los derechos del personal público, como la jornada y horario o la desconexión.

Del mismo modo, CCOO lamenta que las medidas que recoja el decreto «no vayan a ser negociadas» y que «se ignoren los derechos de representación colectiva de la plantilla pública».