Editorial
Quizá sea irreversible, pero a veces nosotros mismos colaboramos de forma inconsciente a esa tendencia miniaturista y tiene razón el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos cuando advierte que, o propiciamos que las medianas y pequeñas empresas de la región puedan acceder a las contrataciones públicas o dejaremos la escasa tarta a repartir en las exclusivas manos de las grandes compañías nacionales. A veces, porque solo ellas tienen acreditaciones para concurrir y, en otras ocasiones, por la mera capacidad financiera. El resultado siempre conduce al mismo destino: las empresas locales pierden terreno día a día en estas contrataciones y esa circunstancia que les condena a hacerse más pequeñas les cierra cada vez más puertas.
El macrocontrato de Valdecilla no entregó la sanidad pública a la iniciativa privada, como se ha querido ver, pero es un buen ejemplo de una tendencia preocupante en la que nadie parece reparar: el medio centenar de empresas locales que antes eran contratistas de la Administración se quedaron como simples suministradoras de una empresa privada, la concesionaria, y por tanto pueden perder oportunidades de acudir a futuros concursos públicos. Para la Administración resulta muy práctico entenderse con un solo contratista pero, para las empresas que bajan un escalón, el futuro es cada vez más incierto.
Si fuera un solo caso no resultaría relevante, pero los concursos públicos son el último clavo al que agarrarse para muchos empresarios, porque ese mismo proceso de concentración de proveedores se da, y con muchísima más virulencia, en las grandes compañías privadas. La mayoría de las multinacionales que operan en la región han traslado sus centrales de compras a Madrid, Barcelona o el extranjero, desde donde gestionan para muchas fábricas a la vez y pueden conseguir mejores precios por volumen, con lo que resulta una entelequia la posibilidad de que elijan a un proveedor cántabro, como antes hacían sus factorías en la región. Eso está llevando a que algunos empresarios locales hayan reaccionado vendiendo su compañía antes de afrontar un futuro agónico y a que otros, que no han tenido tanta suerte, solo esperen que la inercia del negocio alcance al menos hasta su jubilación. Luego, simplemente, el cerrojazo.
Nada de esto se puede cambiar, porque las multinacionales son soberanas para decidir dónde compran y a quien, pero sí se pueden cambiar las estrategias de las Administraciones públicas que, no lo olvidemos, mueven alrededor del 40% de los recursos de la región. Si colaboran en esa misma política, concentrando los gastos en las grandes constructoras, operadoras de telefonía y tecnológicas en general, habrán conseguido rematar al moribundo. El panorama empresarial de la región será un absoluto páramo y de poco va a servir apoyar a algunos meritorios emprendedores a ver si tienen suerte o subvencionar acciones puntuales, porque las empresas no se mantienen con ayudas esporádicas sino con ingresos recurrentes. Cuando no hay actividad, todo lo demás es inútil.
Por mucho que se insista desde la calle, el sector público no tiene la capacidad de cambiar el modelo económico de una región, pero al menos debe colaborar para no conducirnos a uno aún más indeseable: el de convertirnos en meros subcontratistas de las grandes compañías nacionales e internacionales, sin capacidad para crecer, para generar valor añadido ni para innovar. Hay que buscar fuera nuevas fuentes de actividad, como se está haciendo con la futura fábrica de Tesla –y ojalá haya suerte– pero no se puede descuidar lo de dentro.
