Ciudadanos pregunta al Gobierno si tomará medidas para limita las subidas de precio de las telecomunicaciones

El grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Gobierno si tomará medidas para paliar un «posible incremento disparado de costes» de las facturas de móvil, fijo e Internet en caso de que se activen cláusulas que liguen los precios al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Vodafone y Avatel han anunciado la llegada de estas cláusulas a sus nuevos contratos de telefonía, como forma de paliar la caída de rentabilidad del sector, girado al low cost .

De hecho, los precios de los servicios de telefonía han caído un 1,3% en lo que va de año, según el Instituto Nacional de Estadística, si bien cada vez son más las voces del sector que no descartan una subida de precios en los próximos meses de mantenerse la situación.

La iniciativa parlamentaria, registrada por los diputados María Muñoz y Guillermo Díaz, también interroga al Gobierno sobre si se tomarán medidas para hacer ver al consumidor que las subidas de precios no están relacionadas con la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

En el último de sus puntos, los diputados también solicitan saber si el Ejecutivo se ha reunido con las empresas del sector para facilitarle su adaptación a los nuevos requerimientos y evitar que impongan penalizaciones económicas a los clientes.

La nueva ley de telecomunicaciones incluye algunas nuevas obligaciones para los operadores como la limitación de la duración de contratos a 24 meses y la ampliación de los derechos de portabilidad y la conservación del saldo de un móvil prepago al cambiar de operador.

REFORMA ACCESIBILIDAD TELECOMUNICACIONES

La aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la que la ley era una de las reformas comprometidas con Bruselas, han traído consigo una reforma del modelo de accesibilidad a las telecomunicaciones para colectivos vulnerables.

Así, el Plan de Recuperación incorpora un bono para sufragar parte del Internet de las personas en riesgo de exclusión que deben poner en marcha las comunidades autónomas, un proceso que se espera que se culmine este año.

Estos bonos supondrán una subvención de 240 euros al año a las familias que lo soliciten con una dotación a nivel nacional de 20 millones de euros para 2022.

Además, el nuevo texto legislativo trae consigo la reforma del servicio universal de telecomunicaciones que está actualmente en desarrollo normativo y que, entre otros puntos, termina con las cabinas y obliga al operador a ofrecer unas prestaciones que permitan utilizar un navegador o buscar empleo.