COAG denunciará a los importadores de tomate marroquí por fraude fiscal de 72 millones

Desde la campaña 2019-2020, en torno a 14 millones de euros anuales

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) emprenderá acciones legales contra los empresas que importan tomate marroquí a territorio comunitario por exceder el límite de toneladas exento de impuestos permitido por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos y, por tanto, incurrir en fraude fiscal.

Las investigaciones de COAG cifran en 230.000 toneladas excedidas desde el año 2019, lo que supone en términos monetarios no haber pagado al fisco unos 72 millones de euros, 14 millones anuales.

«Las cuentas son lo más benevolentes posibles con Marruecos, ya que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la UE sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos, lo que haría aumentar las cifras estimadas», ha subrayado el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.

El límite anual de toneladas de tomates exentas de tasas que las empresas pueden importar se sitúa en las 285.000, que deben pagarse a un precio mínimo de 0,46 euros cada cada kilo.

Además, COAG reclama la suspensión inmediata de este acuerdo de libre comercio que fue declarado ilegal en octubre de 2024 por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró ilícito el acuerdo por no contemplar el consentimiento del Sáhara Occidental e incluir Marruecos a los productos de esta región dentro del convenio.

Sin embargo, la sentencia permite la extensión de este acuerdo por doce meses desde su publicación, el 5 de octubre de 2024, por lo que todavía mantiene su vigencia.

«Los agricultores y agricultoras europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo», ha declarado Góngora.

Góngora exige a la UE que «no cierre los ojos» ante esta sentencia y acabe con el acuerdo de libre comercio provocando que los productores «pierdan rentabilidad».

Por otra parte, pide al Gobierno español que se posicione con los agricultores nacionales y presione ante la instituciones europeas la anulación del acuerdo para «eliminar los graves efectos que tiene sobre nuestras producciones».